La consejera Amaia Barredo se muestra “muy tranquila” por la investigación judicial que pesa sobre ella

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, se ha pronunciado por vez primera desde que está en el cargo sobre la investigación penal que pesa sobre ella por haber autorizado, cuando era viceconsejera de Medio Ambiente, el proyecto Valogreene Paper de Bergara. En la Cadena Ser, se ha mostrado “muy tranquila”. “Aquí no hay ninguna prevaricación ni ningún delito. No tenía que haber ido en ningún momento al juzgado de lo penal. Seguiré esperando a que esto se resuelva de una vez por todas”, ha señalado.

A Barredo la denunció la Fiscalía, que vio indicios de un delito de prevaricación por haber dado el visto bueno a Valogreene Paper a pesar de que el Ayuntamiento de Bergara, de EH Bildu, había cambiado de criterio al entender que habían cambiado de raíz las características del plan inicial. Al ser consejera, el Estatuto marca que es aforada y que solamente puede ser investigada y juzgada en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Por ello, el juzgado de Vitoria que gestionaba este sumario se inhibió en junio, tras el nombramiento. Sin embargo, desde entonces el expediente está peloteando entre ambas instancias. Esta misma semana se ha notificado que el Superior rechaza por segunda vez la causa y que pide que la magistrada de Vitoria justifique por tercera vez los indicios de delito que justifican algo tan excepcional como tener una consejera imputada.

Barredo ha confirmado la noticia adelantada por este periódico, aunque se ha quejado de haber recibido la notificación más tarde de la publicación de la noticia. Ese auto es de la pasada semana y fue notificado este lunes. Los abogados de la consejera son letrados del Gobierno vasco, como ella misma solicitó por carta a su exjefa, Arantxa Tapia. Barredo ha interpretado este trámite procesal como que el Superior “ha puesto fin a las actuaciones” porque “no se ha motivado suficientemente la acusación”.

Sobre el fondo de la cuestión, la ha rebajado todo lo más a una discrepancia entre administraciones que se tenía que haber ventilado en un contencioso-administrativo y no en la vía penal, que le puede suponer la inhabilitación. Con todo, ha reconocido que hay también cuatro recursos de ese tipo contra la autorización de Valogreene Paper, todos ellos residenciados en el Superior igualmente.