La consejera Olatz Garamendi será la nueva presidenta de la Comisión de Ética de Euskadi

La nueva consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, asumirá en breve la presidencia de la Comisión de Ética de Euskadi, un organismo creado en 2013 y que se encarga de la resolución de las consultas o denuncias contra altos cargos por posibles vulneraciones del código ético. Desde su constitución hasta ahora siempre había estado presidida por Josu Erkoreka, que ahora con la nueva legislatura ha pasado a ocupar el cargo de consejero de Seguridad con rango de vicelehendakari.

Son cinco los miembros de la Comisión de Ética. Según las fuentes consultadas, la granadina y exmagistrada del Tribunal Constitucional Elisa Pérez Vera y el filósofo y experto en ética Txetxu Ausín continuarán como vocales en esta nueva etapa. También seguirá la secretaria de este organismo, Maite Iruretagoiena, del IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública). Quedaría por cubrir la plaza que deja el exviceconsejero de Erkoreka Andrés Zearreta, que también ha pasado al Departamento de Seguridad aunque ahora como responsable de la Academia de Arkaute, que forma a ertzainas, agentes locales y servicios de emergencias.

Se da la circunstancia de que en 2020, año marcado por la pandemia y, en lo político, por la disolución del Parlamento y la consiguiente convocatoria electoral, la Comisión de Ética no ha adoptado ninguna resolución. Hasta entonces había emitido 59 dictámenes, entre cinco y catorce por año. El asunto más repetido estos años ha sido el análisis de las imputaciones judiciales de cargos de diferente rango de la Administración vasca. Este organismo ya tiene una 'jurisprudencia' consolidada: sólo es exigible el cese de un cargo público cuando se dicta un auto de apertura de juicio oral siempre que la investigación no sea por un delito flagrante. En su trayectoria, ha propuesto el cese de Agustín Elizegi al frente de EJIE (sociedad informática autonómica) por haber adjudicado un contrato de 1,5 millones de euros a su antigua empresa y también criticó que el entonces director de Presupuestos y ahora viceconsejero, Hernando Lacalle, no informara de su imputación en un caso relacionado con una subvención a la entidad DenokInn y que luego quedó archivado.

Pendiente la resolución sobre Montai y Ezenarro

En 2020, la directora del Instituto de la Memoria (Gogora), Aintzane Ezenarro, elevó a la Comisión de Ética las informaciones publicadas por este periódico en relación a las reiteradas contrataciones de este organismo con el grupo de empresas de un cargo del PNV de Gipuzkoa, Aitor Elorza. El grupo Montai capitalizó las adjudicaciones para la gestión del proyecto estrella de Gogora, la exposición itinerante Plaza de la Memoria. Lo hizo, además, con decenas de contratos de pequeño tamaño y generalmente directos, sin concurso. Dadas las circunstancias, no se ha resuelto aún su situación.

Ezenarro también iba a comparecer en el Parlamento Vasco para dar explicaciones pero el final adelantado de las elecciones hizo decaer su intervención. Sí fue citada por el Ayuntamiento de Vitoria -Gogora instó a los municipios por los que pasaba la exposición a contratar con Montai- pero excusó su asistencia porque los cargos autonómicos sólo son controlados por la Cámara vasca.