A falta de la publicación de los detalles concretos de las contrataciones de urgencia de nuevas empresas para cubrir la marcha de la principal adjudicataria de las ambulancias de Osakidetza en Bizkaia y Álava, la catalana Grup La Pau, el consejero de Salud, Alberto Martínez, recalca que el Gobierno vasco tirará de la fianza depositada en su momento por la compañía para cubrir las “deudas pendientes” que deja tras de sí después de cuatro años de un servicio jalonado de sanciones, incumplimientos e irregularidades. Martínez, en todo caso, emplaza a los trabajadores a que presenten antes una demanda judicial para poder cobrar los salarios pendientes, principalmente el 75% no cobrado de la paga extraordinaria de verano.
Martínez ha enviado una escueta comunicación al Parlamento Vasco a instancias de la portavoz sanitaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, que alertaba de que la salida de Grup La Pau dejaba “en el aire” algunos puntos a pesar de que se había prometido una marcha “ordenada” de las contratas de transporte sanitario urgente y programado de Bizkaia y de Álava. En ese documento, el consejero invita a la plantilla a acudir a los juzgados de lo social para reclamar la parte pendiente de la extra de julio. El 70% está afectado por este impago. No solamene no se abonó en su día sino que la Inspección de Trabajo ordenó como fecha máxima el 15 de noviembre y se produjo un nuevo incumplimiento, según fuentes sindicales.
Martínez señala que quizás la Justicia “puede exigir” a la Administración, como titular último del servicio, que se haga cargo del “cumplimiento” de las “obligaciones laborales”. No obstante, como también alertaron los sindicatos, ello supondría un pago duplicado con dinero público ya que el Gobierno ya ha ido transfiriendo puntualmente a Grup La Pau el canon para el servicio de ambulancias, lo que incluye también los costes de personal.
Alega el titular de Salud, en todo caso, que la Administración tiene retenidas unas cantidades de la empresa. En su momento, cuando se firmaron las adjudicaciones, constituyó fianzas. En algunos momentos se ha cuantificado esa bolsa en cantidades próximas a los 7-8 millones de euros. Martínez asegura que “para hacer frente a las deudas pendientes se procederá a retener las garantías depositadas por La Pau”. Ese dinero cubriría el equivalente a dos mensualidades de salarios pero la empresa deja también sanciones no abonadas por incumplimientos como el uso de vehículos asignados a la contra de Osakidetza destinados a negocios privados. Esa multa, según trascendió, ronda los 0,8 millones por sí sola.
Se da la circunstancia de que hay un precedente que generó problemas de deudas. SSG-Larrialdiak abandonó el servicio en la Nochevieja de 2019 a 2020. En 2022, alrededor de 80 trabajadores acudieron a los tribunales para reclamar cantidades impagadas. La compañía tenía un seguro radicado en Gibraltar y, con las complicaciones añadidas del Brexit, el proceso acabó resultando laberíntico. Finalmente, cuando el asunto trascendió en el Parlamento y en los medios de comunicación, la aseguradora de la colonia británica transfirió los 286.000 euros precisos para cubrir los impagos.
Salud ha acordado que el servicio de Bizkaia sea prestado a partir de ahora por una nueva marca llamada Bizkanb y que es una UTE conformada por Sanir (del grupo de autobuses Alsa) y Ambulancias Baztan Bidasoa. En Álava la marca será Araba Anbulantziak y detrás de ella está la cooperativa Ambulancias Gipuzkoa, que hasta ahora gestionaba el servicio en ese territorio. Martínez confía en que “a la mayor brevedad” se puedan negociar los nuevos calendarios y turnos de trabajo.
El relevo efectivo será visible el lunes 25 de noviembre. Por el momento, es desconocido el coste del nuevo servicio externalizado, así como la duración de las adjudicaciones extraordinarias. Sí se ha comprometido que cuando se estabilice la situación habrá una nueva licitación ordinaria. Entretanto, Grup La Pau, que no quiere hacer comentarios sobre su final en Euskadi, está al borde de la quiebra por su delicadísima situación económica. El sindicato LSB-USO ha instado el concurso de acreedores en un juzgado de la provincia de Barcelona, de donde es originaria la cooperativa.
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