El Tribunal Constitucional ha emitido ya una primera resolución sobre la ley estatal de Vivienda. Ha resuelto el recurso de Andalucía, gobernada por el PP. Otras comunidades 'populares' también acudieron a la corte garantías, al igual que el Parlament catalán y la parte del PNV del Gobierno vasco. El PSE-EE, que precisamente ha dirigido la cartera de Vivienda con el consejero Iñaki Arriola, ahora vicelehendakari en funciones, se opuso a esta decisión y ha defendido la norma y su aplicación. Los socialistas entienden que, en general, el alto tribunal refrenda sus posiciones.
La sentencia no resuelve el recurso vasco, lógicamente, pero sí valida expresamente seis artículos y disposiciones que también habían sido señalados como invasión competencial por los servicios jurídicos autonómicos, adscritos a la consejera Olatz Garamendi. En concreto, da luz verde a la figura de las zonas tensionadas, es decir, a la declaración de unas áreas como problemáticas para articular políticas de control de precios. Sí anula el artículo 16 sobre vivienda protegida, criticado por Andalucía pero también por Euskadi.
El Gobierno de Iñigo Urkullu, ahora en funciones, anunció en julio de 2023 su intención de acudir al Constitucional contra el criterio del consejero socialista de Vivienda, algo inédito. Dentro de la coalición de PNV y PSE-EE ha sido un claro punto de fricción. El líder socialista, Eneko Andueza, llegó a comparar a Urkullu con Isabel Díaz Ayuso y otros dirigentes de la derecha por este motivo. Los Ejecutivos central y vasco sí negociaron, como permite la normativa del Constitucional y como no se produjo con las comunidades del PP. Existe una comisión bilateral para buscar una interpretación compartida que evitase el pleito, pero no hubo acuerdo.
El Constitucional ha admitido a trámite el recurso vasco y lo resolverá en su momento, pero es evidente que la resolución sobre Andalucía sienta un precedente. Andalucía recurrió, entre otros, los artículos 3, 15.1.e, 16 y 18 y las disposiciones adicional tercera, transitoria primera y final primera. Esos también estaban en la lista vasca y ya están resueltos. Salvo el 16, el resto han sido convalidados. Quedan pendientes de analizar los 10.2, el 15.1.d, el 17 y la disposición final cuarta.
Formalmente, los servicios jurídicos del Gobierno vasco no hace valoraciones. Es el recurso de Andalucía y cuando se resuelva el propio se harán los análisis oportunos, sostiene la parte del PNV. En Vivienda se analizará el fallo en detalle antes de entrar a hacer un pronunciamiento más general pero entienden que los incisos anulados no afectan especialmente a Euskadi, que dispone de una normativa propia sobre viviendas protegidas. Por el contrario, se recalca que “en principio se avalan los aspectos relacionados con las zonas tensionadas”, una de las piezas principales de la normativa estatal.
La resolución, en todo caso, se cuela de lleno en las negociaciones del nuevo Gobierno. El PNV ha formulado duras críticas en la campaña electoral a la ley de vivienda hasta el punto de sostener que es un ataque al autogobierno vasco “sin precedentes” desde la abolición foral, en palabras de la dirigente María Eugenia Arrizabalaga. El PSE-EE, entretanto, la ha defendido y la ha comenzado a aplicar, también en lo tocante a las zonas tensionadas.