La sala segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por los magistrados Encarnación Roca, Juan Antonio Xiol, Pedro José González-Trevijano, Antonio Narváez y Ricardo Enríquez, ha desestimado la solicitud de suspensión cautelar de los acuerdos adoptados en el Parlamento Vasco por PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU para limitar a un tercio el tiempo de intervención de la única representante de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, y su capacidad de presentar iniciativas. El alto tribunal no entra a valorar el fondo del 'cordón sanitario' aplicado a la ultraderecha desde su estreno en agosto en la Cámara autonómica y, de hecho, atiende el criterio de la Fiscalía, que rechazó la tesis de Vox de que demorar la resolución del conflicto a la sentencia le estaba perjudicando políticamente porque, entretanto, “pueden seguir haciendo valer los intereses de los concretos votantes de la formación política por la que resultaron elegidos sin perjuicio de que su porcentaje de participación en la actividad parlamentaria se vea disminuida por los acuerdos impugnados”.
El 'cordón sanitario', adelantado por este periódico en su día, se hizo extensivo en octubre a una suerte de boicoteo a los debates planteados por Vox en los plenos de la Cámara, aunque esto se ha diluido con el paso del tiempo. De hecho, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y los consejeros del Gobierno responden con normalidad a las interpelaciones y preguntas de Martínez Grisaleña. El partido de Santiago Abascal en Euskadi entiende que se está vulnerando su derecho de participación política porque existe el precedente de UPyD, una formación que contaba también con un solo escaño y que tenía un tiempo de participación similar al de los otros grupos parlamentarios más grandes. De hecho, el asesor de Vox en la actualidad, Niko Gutiérrez, era también el coordinador de Gorka Maneiro en aquella etapa. Antes fue socialista.
El fundamento jurídico al que se agarran PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU -PP+Cs se opone a esta medida, pero no tiene representación en la Mesa del Parlamento Vasco- es que el reglamento de la Cámara fija un cupo mínimo de tres escaños para disponer de los recursos y capacidades de un grupo propio. Por ello, consideran desproporcionado que una sola parlamentaria tenga tanto peso como por ejemplo el PNV, con 31 escaños. La solución que se halló fue reducir a un tercio como norma general la presencia de Vox en los plenos y sus tiempos de intervención. Políticamente, eso sí, se ha explicitado que se buscaba evitar algunas “provocaciones”. Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu, dijo también que el objetivo era que una única parlamentaria no marcara la agenda: “ A la extrema derecha no se le pueden dejar espacios. La hemos combatido siempre y la seguiremos combatiendo”.
Este pronunciamiento inicial no prejuzga el fondo de la cuestión. De hecho, el Constitucional entiende que haber anulado de manera provisional el 'cordón sanitario' sí que había condicionado el resultado final. El auto fue firmado el pasado 19 de abril pero se analizará en la reunión de este martes de la Mesa del Parlamento Vasco. Vox, en su recurso de amparo, califica de “antidemocráticas” las medidas que le han sido aplicadas pero un repaso de su actividad en la Cámara muestra Martínez Grisaleña renuncia voluntariamente con frecuencia a participar en numerosas comisiones. Es el caso de la comparecencia semanal para analizar la evolución epidemiológica de la COVID-19 de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en la que no ha estado presente en numerosas ocasiones.
elDiario.es/Euskadi
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