“Están ustedes enrocados en la mentira”. El portavoz del grupo socialista, Patxi Lazcoz, ha lanzado esta dura acusación al Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Vitoria y desde el resto de las formaciones le han llovido a los populares más críticas en la misma línea. Las contradictorias versiones del alcalde Javier Maroto para justificar la necesidad por parte del Ayuntamiento de alquiler el local de San Antonio, a razón de 12.500 euros sin IVA al mes durante 20 años, han provocado la indignación de los concejales.
Durante la celebración de las diferentes sesiones de la Comisión de Investigación sobre el polémico y costoso arrendamiento, el edil popular ha justificado en varias ocasiones que era objetivo estratégico para el Ayuntamiento disponer de ese inmueble y no de otro. La razón esgrimida por Maroto en sus intervenciones es que sólo allí y dadas las características del local, podían trasladarse tres servicios municipales a la vez. El alcalde se refería al padrón, a la oficina de turismo y a la oficina de atención ciudadana. Se pretendía alojar esos tres recursos diferentes en un mismo espacio y el inmueble de San Antonio, era, al parecer, el idóneo. Además, el Gobierno, entonces comandado por el actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, se sentía apremiado porque, según han sostenido los populares en sus intervenciones, vencía el contrario del inmueble de la calle General Loma en el que estaba ubicada la oficina de turismo. Era urgente su traslado a otro emplazamiento.
Estos argumentos han sido desmontados por los grupos de la oposición. El PSE ha recuperado unas grabaciones de las actas de las comisiones posteriores a la fecha de la firma de dicho contrato de alquiler. En dichas grabaciones, que han reproducido ante los miembros y periodistas presentes en la penúltima sesión de la investigación, se puede escuchar al alcalde Javier Maroto, tan solo doce días después de estampar su firma en el contrato de arrendamiento, afirmar que no tiene intención de trasladar la oficina de turismo al local arrendado de San Antonio. Explica que ese uso es incompatible con el destino principal que se le quiere dar al inmueble. Estas palabras pronunciadas en febrero del 2007 contradicen la versión ofrecida por el alcalde en su intervención en la comisión de Investigación en noviembre del 2013, cuando afirmó que la oficina de turismo, junto a los otros dos servicios, pasarían a San Antonio.
“Una gran mentira para eludir responsabilidades”
Por otra parte, EH-Bildu ha aportado en la misma sesión documentación que desmiente el vencimiento del contrato de la oficina de General Loma, donde estaban ubicada la oficina de turismo, apuntado por los populares. En dichos papeles queda demostrado que el contrato se podía prorrogar y por lo tanto no urgía el traslado.
Tras presentar estas evidencias los socialistas han acusado el PP de “urdir una gran mentira para eludir cualquier responsabilidad”.
EH Bildu pedía la dimisión de ambos cargos, el entonces concejal de Hacienda y actual alcalde, Javier Maroto, y el exalcalde y actual portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. “Si no van a dimitir ahora, ¿cuándo van a hacerlo?”, se preguntaba Antxon Belakortu, de la coalición soberanista.
Desde las filas nacionalistas, Blanca Guinea, exigía depuración de responsabilidades. “Ustedes tiene responsabilidad directa y lejos de aclarar lo sucedido han creado más confusión con sus declaraciones contradictorias”, reprochaba Guinea.
Estas revelaciones y otras sobre el cruce de correos electrónicos mantenido durante la negociación han salido a la luz a una semana de la aprobación del dictamen final de la comisión de investigación. Las conclusiones elaboradas por la presidenta de la comisión, la socialista Maite Berrocal, concluyen que ha quedado acreditado que el contrato firmado por el excalcalde Alfonso Alonso es “contrario al interés de la ciudad y beneficia al propietario del local, el empresario y expresidente del Alavés, Gonzalo Antón”.
Varias causas desencadenaron la petición de la investigación. Por una parte el precio fijado para el alquiler del inmueble, 600.000 euros anuales, seguido de una cláusula de blindaje por 20 años inédita hasta el momento y la regulación de las revisiones del IPC. Todo ello convertían el acuerdo de arrendamiento alcanzado en una sangría para las arcas municipales. La evolución de las negociaciones también levantó las sospechas de la oposición que finalmente solicitó la apertura de la investigación.