La crisis de los residuos en siete claves: por qué Gipuzkoa y Navarra llevan semanas enfrentadas por unos lixiviados

De Zubieta a Artajona hay 94 kilómetros por carretera. Durante 2022 y hasta casi el final de 2023 camiones cisternas trasladaron unas 5.400 toneladas de lixiviados líquidos procedentes del denominado Complejo Medioambiental de Gipuzkoa (CMG-I), un recinto público que incluye una incineradora y una planta de tratamiento mecánico-biológico. Tuvieron como destino la planta de tratamiento Ecofert Sansoain, que se dedica a producir abonos y fertilizantes. El Gobierno de Navarra ha clausurado de manera cautelar la empresa en su territorio y le ha impuesto multas por valor de exactamente 100.002 euros porque considera “ilegal” la recepción de este material, ya que estas instalaciones no tienen autorización para recibir residuos líquidos. La Diputación de Gipuzkoa, por el contrario, se ha revuelto contra Navarra por las “falsedades” lanzadas. Su responsable de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, es el presidente del consorcio de residuos del territorio (GHK, por sus siglas en euskera), y defiende totalmente la legalidad en la gestión del CMG-I en general y de la incineradora en particular. Navarra, sin embargo, no ha hecho más que refrendar lo que la Fiscalía ya apuntó en una denuncia en octubre y que, según su criterio, puede constituir un delito de “falsedad documental” puesto que, además del envío, se realizó con un código correspondiente a “lodos” y no a “lixiviados”. Asensio está imputado en un juzgado, aunque en varios meses no ha recibido ni una sola notificación al respecto. Pero sí logró que la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, dijera públicamente que Gipuzkoa es un modelo en la política de gestión de residuos. Éstas son las claves de la polémica entre Zubieta y Artajona con escenario también en Donostia, Vitoria y Pamplona, sedes de los Gobiernos guipuzcoano, vasco y navarro, todos ellos con una composición política muy similar, coaliciones de PNV y PSE-EE los dos primeros y de PSN, Geroa Bai (la marca del PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros) en el tercer caso.

1 - El CMG-I

El Complejo Medioambiental de Gipuzkoa (CMG-I) es una instalación ubicada en Zubieta para el tratamiento y valorización de residuos. Su titular es GHK, un organismo público, pero tiene externalizada su gestión a una adjudicataria llamada Ekondakin, aunque la operadora como tal se llama Ekobal. Detrás de estas marcas están Meridiam Investments (50%), Urbaser (46%), Construcciones Moyua (1%), construcciones Murias (1%), Altuna y Uría (1%) y LKS Ingeniería (1%). Su asesoramiento legal correspondió al bufete Cuatrecasas. En 2011 una nueva coalición llamada entonces Bildu llegó al poder en Gipuzkoa y planteó un modelo de gestión de residuos que, entre otros puntos, incluía una recogida de basuras 'puerta a puerta'. Paralizó la construcción de la incineradora planificada con anterioridad, en una etapa del PNV. La Fiscalía llegó a investigar esta maniobra porque implicó el abono de 8 millones de euros a las constructoras y la continuación del pago de unos 600.000 euros mensuales en intereses. El asunto de las basuras se convirtió en una auténtica guerra política en esa época en la provincia, con ecos incluso en la Unión Europea. Eran tiempos en que había guipuzcoanos que metían en el coche las bolsas de basura con tal de llevarlas a municipios que no tenían los postes del 'puerta a puerta' y sí contenedores. En 2015 regresó Markel Olano a la Diputación, entonces en coalición con el PSE-EE. José Antonio Asensio se convirtió en responsable de Medio Ambiente. 2020 fue un año clave para la puesta en marcha del CMG-I y la Diputación, antes, realizó una importante labor de 'lobby' en defensa de este modelo de gestión de residuos con el argumento de que Gipuzkoa al fin iba a ser “autosuficiente” con su basura y, además, con un sistema “verde”. Estratégicamente, de la comunicación pública desapareció la palabra clave “incineradora” y se convirtió en “complejo medioambiental”. El líder del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, se convirtió en secretario general de los socialistas vascos y su puesto lo ocupó Asensio.

2 - GuraSOS

GuraSOS es una plataforma contraria a la incineradora. Su nombre es un juego de palabras con el término 'gurasoak' en euskera, 'progenitores', y la petición de socorro. Oficialmente recibe la denominación de “Asociación de madres y padres para la protección de la salud de las y los niños por la contaminación”. Ha promovido movilizaciones pero también ha ejercido una intensa labor en los tribunales, particularmente el contencioso-administrativo. GuraSOS compareció a finales de 2022 en el Parlamento Vasco para explicar su labor. En aquella comisión de Medio Ambiente, PNV y PSE-EE criticaron con dureza a su portavoz, Joseba Belaustegi. La responsable en la materia del PNV, la guipuzcoana María Eugenia Arrizabalaga, habló de “teatralización permanente” para “generar alarma permanente” porque todas las demandas judiciales habían tenido como resultado un “cero patatero”. El PSE-EE no fue menos contundente. “¿Por qué nos tenemos que fiar de ustedes? Han perdido 20 demandas”, se preguntó Alberto Alonso. En este contexto, GuraSOS elevó en junio una 'notitia criminis' a la fiscal especialista en delitos ambientales de Gipuzkoa, Lorena Arocena Alonso. Avisaba de los movimientos irregulares de Zubieta a Artajona. El ministerio fiscal realizó una preinvestigación propia y vio un posible delito, aunque no 'compró' todos los argumentos de los denunciantes originales. Fue la Fiscalía y no GuraSOS quien elevó el caso a un juzgado de Instrucción de Donostia y quien tipificó indiciariamente los hechos, además, como una posible falsedad documental, penada con cárcel. Fue la Fiscalía quien denunció a Asensio pero también lo están la directora técnica de GHK, Nagore Peñalva, el ingeniero Manuel Franco y Andoni Sánchez de Luis, de una empresa externa llamada Sader. Los lixiviados del CMG-I no solamente fueron a Artajona, sino que fueron enviados igualmente a Bilbao, a una planta llamada Sader y en las mismas circunstancias. Esta causa penal se conoció en octubre y Asensio la encajó como otra más de las demandas de GuraSOS y como parte de una estrategia en la que sitúa detrás a EH Bildu. Insistió en que ha ganado “cuarenta” procesos judiciales a esta plataforma y no le dio importancia al procesamiento. Fuentes judiciales recalcan también que desde entonces no ha recibido ninguna notificación del juzgado.

3 - La causa penal

El juzgado de Instrucción 5 de Donostia es el que investiga el trasiego de lixiviados desde Zubieta a Artajona (y a Sader en Bilbao). La magistrada titular de la sala es Silvia Villanueva, pero de modo interino la plaza es de Maider Imaz. En octubre se emitió un auto de apertura de diligencias y, básicamente, se comisionó al Seprona de la Guardia Civil, la unidad de investigación de delitos ambientales, para que ejerciera como Policía judicial. La Guardia Civil está investigando, pero en los tribunales va todo más lento. Cuatro meses después apenas se ha acordado aceptar la personación en el proceso de GuraSOS (previo abono de una fianza) y de Sader, cuyo abogado es Oriol Guardiola. GuraSOS ya ha registrado escritos instando a impulsar la investigación y, como hito destacado, persigue que la 'número dos' de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ratifique en sede judicial lo que ha dicho públicamente el Ejecutivo foral: que el envío de 5.400 toneladas de lixiviados a Artajona fue “ilegal”. La causa tiene como plazo ordinario de finalización octubre de este año, aunque podrían ser posibles prórrogas.

4 - La opinión de Navarra

Si la causa se conoció en octubre, en noviembre EH Bildu formuló una petición de información a Medio Ambiente de Navarra en el Parlamento foral. El consejero José María Aierdi de Geroa Bai (pero no de la parte del PNV de esa coalición) envió un informe en diciembre en el que señalaba que los lixiviados se habían enviado “incorrectamente” desde Zubieta a Artajona y en el que confirmaban unas primeras actuaciones en relación a Ecofert Sansoain. GHK reaccionó obviando que las consideraciones y críticas las había realizado el Gobierno de Navarra y enviando un “desmentido” a los medios de comunicación que las recogieron, entre ellos elDiario.es. Recalcaron que el CMG-I había operado siempre dentro de la legalidad. Aquello se dio el 11 de diciembre. Llegó la Navidad y, justo a la vuelta del período vacacional, en enero, otra formación de la oposición en Navarra, UPN, se sumó a EH Bildu y preguntó en el Parlamento por el asunto. Aierdi y su 'número dos', Ana Bretaña, comparecieron en una comisión de Medio Ambiente. Lo que en diciembre era “incorrecto” en enero había pasado a ser considerado “ilegal”. En un trabajo realizado con apoyo de la Guardia Civil, la Policía Foral, el Guarderío forestal y técnicos de Medio Ambiente, se habían realizado inspecciones en Ecofert Sansoain y en la cercana Desarrollos Ambientales Lacoya, del mismo dueño, y se hizo saber que habían constatado la llegada de lixiviados cuando esta planta no tiene autorización para ello. Se puso en evidencia que, además, habían llegado codificados como “lodos”. En una parte procedían de Zubieta. Aierdi tiene el pleno respaldo de la presidenta socialista y compañera de partido de Asensio, María Chivite. Navarra ha clausurado cautelarmente Ecofert Sansoain, aunque por el momento no ha constatado que esos residuos hayan contaminado acequias o hayan generado un problema de salud pública. A Artajona llegaron también 9.000 toneladas de lixiviados irregulares desde Tudela, procedentes en este caso de una empresa privada.

5 - 19 08 12, el código de la polémica

Ekondakin y Ecofert Sansoain firmaron el traslado de residuos en un contrato. Allí se aludía a unas 200 toneladas. Cuando GuraSOS avisó del problema sus datos apuntaban a unas 2.000. Finalmente Navarra ha contestado que llegaron a ser 5.400. Un dato muy llamativo es que no cesó el envío de residuos desde Zubieta hasta el 20 de diciembre a pesar de que desde octubre se conocía la denuncia de la Fiscalía y desde el 11 de diciembre las primeras consideraciones al respecto del Gobierno navarro. Además, correos electrónicos a los que ha tenido acceso este periódico muestran que quien pidió parar la operativa no fue GHK. Lo hizo Ecofert Sansoain, ya ahogada por las inspecciones y en puertas de ver cerrado el negocio. Incluso se deja entrever en esas comunicaciones entre los gestores de GHK que desconocían el motivo de esta paralización. Ese contrato apunta también a que lo que se movería serían residuos con código 19 08 12. Estos números son conocidos como LER y forman parte de un listado para toda la Unión Europea. Una simple búsqueda en Google muestra que ese número equivale a “lodos” y no a “lixiviados”. Navarra ha dejado claro que a Artajona podían llegar partidas de 19 08 12 pero nunca lixiviados. Gipuzkoa no ha sido clara con este punto: ¿consideran que son lo mismo lodos que lixiviados? En Sader, la empresa de Bilbao que también ha recibido los mismos residuos del CMG-I, entienden que el 19 08 12 es una codificación orientativa. En otros negocios se han empleado LER diferentes para lixiviados, también en Euskadi.

6 - El Gobierno vasco, el tercero en discordia

En medio del debate se ha cruzado también el Gobierno vasco. Aunque el CMG-I es de la Diputación, el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco es el órgano que autoriza y controla la actividad. Los documentos internos que se han conocido muestran que desde Zubieta se informaba de movimientos a Artajona y Bilbao con código 19 08 12 pero descritos como lixiviados, lo que es incoherente. El asunto ha alcanzado tal dimensión que han hablado de ello tanto la consejera del ramo, Arantxa Tapia, como el lehendakari, Iñigo Urkullu, ambos del PNV. La primera ha defendido la “legalidad” de la operativa en Zubieta. El lehendakari dijo desconocer por qué Navarra había actuado contra Ecofert Sansoain. La Fiscalía, tras su preinvestigación, sí que desechó la tesis de GuraSOS de que el órgano de control ambiental pudiera ser corresponsable de las irregularidades. Eso sí, no descartó que la investigación judicial pudiera suponer cambios en ese sentido. Medio Ambiente del Gobierno vasco, en todo caso, sí apunta en sus informes que, en principio, la generación de lixiviados en el GMG-I debería ser excepcional. ¿Son dos años de movimientos y 5.400 toneladas algo puntual? El PNV en Gipuzkoa mantiene un perfil bajo en esta refriega de Asensio con Navarra. Asensio, eso sí, logró que uno de los titulares de un acto político de su partido con Teresa Ribera fuera que la vicepresidenta pusiera en valor el modelo guipuzcoano de residuos, lo que generó una enorme sorpresa en la comunidad foral dadas las circunstancias.

7 - Otras causas

El de los lixiviados no es el único asunto relacionado con Zubieta en investigación. En el mismo juzgado de Instrucción de Donostia hay abierta una causa en el que se analiza un vertido desde el CMG-I a la regata Arkaitzerreka que causó una gran mortandad de peces en 2020, durante el confinamiento. Al hilo de estos hechos, la Guardia Civil emitió un informe en el que alertaba de que algunas sustancias detectadas, los cloroalcanos, eran altamente tóxicas e incluso cancerígenas. Antes aparecieron amoníaco y metales pesados. La Agencia Vasca del Agua (URA) multó con 45.000 euros a Ekondakin. Este caso causó malestar entre la Guardia Civil y la Ertzaintza, que denunció que el cuerpo estatal está asumiendo competencias que no le corresponden. La Fiscalía y colectivos ecologistas han puesto en valor el trabajo del Seprona frente a la de la unidad especializada en Medio Ambiente de la Policía autonómica por su falta de efectivos. La complejidad de la investigación de la caída del vertedero de Zaldibar, de la que ahora se han cumplido cuatro años, hizo que se produjeran “disfunciones” en otros temas, llegó a plasmar en una memoria la fiscal superior vasca, Carmen Adán. La polémica llegó incluso a las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez. El PNV incluyó en uno de los puntos para apoyar al PSOE la necesidad de que la Ertzaintza se encargara de todos estos casos salvo que pudieran tener un ámbito superior al autonómico, en cuyo caso jueces y fiscales sí podrían trabajar con la Guardia Civil. El hecho de que este asunto tenga Artajona como uno de sus escenarios hace que ese acuerdo político no vaya a tener efectos prácticos.