La comisión de valoración de casos de violencia policial creada al calor de la ley vasca de 2016 tiene un criterio “favorable” para el reconocimiento como víctimas de Joxean Lasa y Joxi Zabala, secuestrados, torturados y finalmente asesinados hace exactamente 40 años en el que se consideró como crimen fundacional de los GAL. Por una cuestión de tiempos en la presentación de la petición, el segundo de los expedientes está mucho más avanzado. Las familias consideran un “paso” esta decisión, que aún no es firme pero que implicaría una indemnización económica de 135.000 euros. Con todo, esto no supone que adquieran la categoría de víctimas del terrorismo como tal.
Está previsto que a finales de octubre el Gobierno vasco realice nuevos reconocimientos de víctimas de violencia policial. Se trata de casos revisados por una comisión presidida por la abogada Juan Balmaseda y en la que participan otros expertos. Esta normativa, complementaria a la del terrorismo, que ha superado recursos judiciales de la derecha y de sindicatos policiales y que se basa en un primer decreto de la etapa de Patxi López como lehendakari, en la que se fichó como asesora para esta misión a Manuela Carmena, abarca casos de abusos, torturas y también crímenes. Fue la fórmula por la que Mikel Zabalza accedió también el pasado año a un primer reconocimiento institucional desde 1985.
Oficialmente, el Gobierno de Iñigo Urkullu explica que no se pueden comentar expedientes individuales aunque, tras las declaraciones en EiTB de la familia Zabala anunciando esta noticia, explican que hay un criterio “favorable” para que sean considerados víctimas aunque aún no se ha emitido la resolución definitiva. El procedimiento en los casos con resultado de muerte es que el propio viceconsejero de Derechos Humanos, José Antonio Rodríguez Ranz, contacte personalmente con las familias para hacerles entrega de la documentación institucional acreditativa.
Axun Lasa, hermana de una de las víctimas, ha considerado también en EiTB un “respiro” la posible reparación por parte del Gobierno vasco. Ha destacado que sigue a la de Zabalza y que aún quedan otros casos pendientes. Para Pili Zabala, hermana del otro asesinado, es “muy importante” este paso, principalmente por lo que supone para el “honor” de su hermano y para su “presunción de inocencia”. Su pertenencia a ETA ha sido el motivo principal de que, a diferencia de otras víctimas de los GAL, nunca hayan sido amparados por la ley que regula los casos de terrorismo.
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