Una lengua de más de medio millón de metros cúbicos de residuos engulló el 6 de febrero a dos trabajadores del vertedero de Zaldibar, gestionado por la empresa Verter Recycling. Han pasado ya once meses desde el derrumbe. Los restos de Alberto Sololuze aparecieron a mediados de agosto; los de Joaquín Beltrán se siguen buscando. elDiario.es/Euskadi repasa las fechas más destacadas.
6 de febrero: A las cuatro de la tarde, tres operarios de la empresa Verter Recycling están trabajando en el vertedero vizcaíno de Zalldibar. Uno de ellos, montado en una grúa, se percata de que el suelo se mueve. Al poco tiempo, una avalancha se lleva árboles y tierra a su paso ladera abajo. Medio millón de metros cúbicos de tierra caen desde el vertedero hacia la carretera y hacia el barrio de Etizaga. Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán quedan sepultados bajo la lengua de escombros.
Poco después del derrumbe llegan los servicios de emergencia, equipados con un helicóptero y drones; personal de rescate de montaña y la unidad canina, así como dotaciones de bomberos.
7 de febrero: La búsqueda se prolonga hasta la una de la madrugada, cuando se encuentra amianto en la zona y se suspende de inmediato.
A las 9:30, un grupo de geólogos estudia el terreno, que sigue “inestable”.
Las labores de rescate se reanudan esa misma tarde, pese a la existencia de amianto y la propia inestabilidad del terreno.
10 de febrero: Cuatro días después de los hechos, el lehendakari preside la mesa de crisis: “No se trata de estar por estar. Se trata de que seamos operativos”, proclama. Asegura no sentirse interpelado “por las campañas que se hagan en Twitter” en torno a su papel al frente de la crisis y garantiza que sigue “desde el primer minuto” la situación.
Asimismo, da a conocer el adelanto electoral -si bien los comicios al final se postergarían hasta julio por la llegada del coronavirus- y, horas después, se reúne de urgencia con los alcaldes de los municipios próximos al vertedero. Mientras personas de toda la comarca toman las calles para protestar por la gestión de la tragedia, el lehendakari anuncia un fondo de emergencia para Zaldibar.
14 de febrero: El Gobierno vasco aconseja, de forma preventiva, a los vecinos del entorno del vertedero -esto es, a los residentes en los pueblos de Zaldibar, Eibar y Ermua- que “no hagan deporte ni ventilen la casa, sobre todo por la noche”. Esto se debe a que los informes de calidad del aire revelan un alto nivel de furanos y dioxinas, surgidos al quemarse el plástico.
Ese mismo día, el Gobierno vasco traslada a la Fiscalía un segundo expediente sancionador a la empresa Verter Recycling, al entender que ha podido cometer algunos delitos. Ha apreciado actuaciones que “directa e indiciariamente, pudieran tener impacto en la producción o impedimento de la detección temprana del incidente del deslizamiento del vertedero”.
Esto tensiona a las tres diputaciones. El Gobierno vasco da a los vertederos públicos un plazo de dos días en el que habrán de remitir un “compromiso fehaciente” para acoger los residuos que hasta ahora iban a parar a Zaldibar. De buenas a primeras, Bizkaia y Gipuzkoa dicen no. El Ayuntamiento de Vitoria, pese al rechazo de la oposición, brinda los datos relativos a la cantidad de residuos que podría recibir el vertedero municipal de Gardelegi, situado en la capital.
Ese mismo día, Urkullu se dirige a las familias de los desaparecidos: “En momento alguno he rehuido de los posibles errores cometidos ante un hecho sobrevenido y en la gestión del mismo pero he conocido y conozco, de primera mano, el compromiso de todas las personas representantes institucionales así como la voluntad, el esfuerzo y la tenacidad con la que se está trabajando sobre el terreno y fuera de él, sin escatimar medios, para lograr -¡ojalá que fuera cuanto antes!- la aparición de Alberto y Joaquín”.
13 de marzo: Urkullu acorta su rueda de prensa en relación con la crisis del coronavirus porque -siempre según lo que señalan fuentes del Gobierno a este periódico- “había adquirido un compromiso con las familias de los desaparecidos del vertedero de Zaldibar para visitar el vertedero y ver la evolución de los trabajos”. Los familiares, sin embargo, se levantan de la reunión porque tienen “constancia fehaciente de la intencional filtración de la cita a los medios de comunicación”.
Como publica este periódico ese mismo día, un informe del Departamento de Medio Ambiente cuantifica en 6,87 millones de euros (sin IVA) el coste de las actuaciones posteriores al desprendimiento del vertedero.
14 de mayo: La Comisión Europea decide investigar las causas del derrumbe del vertedero, pues considera que la información que se le ha facilitado “deja entrever importantes deficiencias en el funcionamiento”. Es el lituano Virginijus Sinkevicius quien decide intervenir por la “gravedad” del caso. Asegura que tanto los órganos competentes en el País Vasco como los nacionales deberían “haber detectado, vigilado y, en ultima instancia, sancionado” a la empresa.
18 de mayo: Urkullu no recibe de buen grado la noticia. “Lo hemos comentado desde la Secretaría Exterior del Gobierno vasco, con el Departamento de Medio Ambiente y con el Gobierno español para saber cómo puede proceder un comisario europeo a emitir una opinión en respuesta a partidos políticos o grupos parlamentarios sin previamente tener conocimiento de lo que son las actuaciones, que en principio son objeto de denuncia de las preguntas de los grupos parlamentarios europeos”, comenta a los periodistas el mismo día que da por superada la emergencia sanitaria y convoca elecciones para el 12 de julio.
23 de julio: La jueza de instrucción número 1 de Durango imputa a los responsables un delito de homicidio imprudente a los tres responsables del vertedero, si bien decreta su libertad condicional con medidas cautelares.
6 de agosto: Se cumplen seis meses del derrumbe y la plataforma Zaldibar Argitu convoca dos concentraciones para exigir responsabilidades. “Todavía sigue saliendo polvo tóxico desde el vertedero los días de calor, por lo que pedimos a las instituciones que tomen medidas para garantizar la salud”, declara.
16 de agosto: Los responsables del operativo de búsqueda de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze confirman en una rueda de prensa de urgencia que, más de seis meses después, han sido hallados al fin restos óseos humanos. Se tratará de identificar mediante pruebas de ADN a quién pertenecían.
17 de agosto: Aparecen más restos humanos en la misma zona; están aflorando “de continuo” y se analiza si se corresponden con los de Alberto y Joaquín. El viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, confía en poder tener los primeros resultados en unos días.
1 de octubre: En el arranque de la nueva legislatura, la oposición en el Parlamento Vasco trata de exprimir su capacidad para la presentación de iniciativas en torno al vertedero de Zaldibar y las consecuencias medioambientales que trajo consigo el derrumbe. El Gobierno responde que la única prioridad consiste en localizar el segundo cuerpo. “Hay una urgencia: encontrar a Joquín Beltrán. No hay ponencia en el mundo que acelere eso”, argumenta la portavoz 'jeltzale', María Eugenia Arrizabalaga.
19 de marzo: La empresa gestora del vertedero sabía que había grietas y no les dio importancia. Lo admite en un informe que desvela elDiario.es/Euskadi. “En los vertederos es normal observar este tipo de movimientos”, interpretó Verter Recycling 24 horas antes de la avalancha de residuos que mató a dos trabajadores a pesar de las alertas que ya tenía sobre la mesa
19 de abril: Los trabajos en el vertedero han tenido hasta la fecha un coste de 16,2 millones de euros para la Administración vasca. Es lo que se desprende de los expedientes enviados al Parlamento Vasco por la consejera Arantxa Tapia. El Gobierno, que ha realizado 29 adjudicaciones en 14 meses, actúa de manera “subsidiaria” y cargará los gastos a la empresa gestora de la planta, Verter Recycling.
28 de abril: El Gobierno vasco anuncia que se rastreará una nueva zona del vertedero, pero que, si no aparece allí el cadáver, la búsqueda del trabajado sepultado parará. Es la última 'zona caliente' y fuentes del Ejecutivo precisan que se trata de la última en la que considera que puede aparecer el cuerpo de Joaquín Beltrán.
14 de mayo: Aunque todavía no se ha encontrado el cadáver de Joaquín Beltrán, el Gobierno vasco le comunica a su familia que finalizará la búsqueda. La familia Beltrán llevaba meses demandando que no llegará este momento y que, a pesar de la complejidad técnica de las labores de búsqueda y del coste de la operación -más de 16 millones de euros-, no se diera por finalizada la búsqueda. La principal hipótesis, recogida en un informe, es que los restos de Beltrán han podido haber quedado descompuestos por “procesos físicos y químicos”.
3 de septiembre: Los responsables del vertedero pactan una pena y una indemnización con la Fiscalía y las familias para no entrar en la cárcel. Los tres gestores —José Ignacio Barinaga, dueño de Verter Recycling, empresa gestora de las instalaciones; Arrate Bilbao Barinaga, administrativa de la compañía y sobrina del primero, y Juan Elosegui, ingeniero que ejercía de responsable técnico— acatan la pena por el homicidio imprudente de los dos trabajadores.
21 de octubre: La empresa propietaria del vertedero, Verter Recycling, inicia los trámites legales para su disolución. Tiene pendiente el abono de las facturas de los trabajos de estabilización y contención de la contaminación realizados por el Gobierno vasco tras el derrumbe del vertedero, cuantificados en 28 millones. A esta cantidad se suman los más de 3 millones de euros que la Diputación Foral de Bizkaia asumió para liberar de escombros y acondicionar la AP-8.
elDiario.es/Euskadi
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