La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha enviado en las últimas horas al Parlamento Vasco dos informes con datos sobre la concertación de servicios sanitarios en Euskadi y sobre el volumen de facultativos que compatibilizan su puesto en Osakidetza con actividades privadas. Son 222,5 millones las partidas previstas para servicios externos y 529 los médicos que también tienen otras actividades, según ha adelantado 'El Correo'.
Los datos sobre externalización de servicios fueron solicitados por Rebeka Ubera, portavoz sanitaria de EH Bildu. Claramente, es Gipuzkoa el territorio con más nivel de privatización, 122,8 millones anuales. Dos grandes causas son que hay una comarca entera sin centro hospitalario de referencia, Tolosaldea, lo que obliga a mantener un acuerdo con la empresa Gomosa, titular de la clínica de La Asunción de Tolosa. Son mas de 24 millones y el la partida más grande de los 222,5. Además, tampoco hay un hospital psiquiátrico en toda la provincia, lo que eleva a 28 millones ese capítulo.
El presupuesto para Bizkaia es de 80,3 millones y el de Álava de 19,4 millones. Se externalizan, en el conjunto de la red, diálisis, resonancias y, sobre todo, ambulancias. En total, suman 80,9 millones de euros los contratos de “transporte sanitario”. En 2019, el año de referencia antes de la pandemia, la partida en servicios privados era de 185,9 millones. En 2021 era de 221,8 y no hay datos del gran año crítico por la llegada del coronavirus, 2020. Los números no se alejan del dato aportado ya por el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien habló de un 5% del presupuesto total derivado a concertación. Sagardui maneja una partida total de unos 4.400 millones.
En cuanto a la exclusividad de los facultativos, un debate que el Gobierno vasco no quiere abordar porque en un contexto de escasez de personal entiende que obligaría a competir por la privada por los mismos profesionales, Osakidetza indica que “no existe diferencia retributiva entre facultativos que trabajen exclusivamente en Osakidetza y quienes compatibilizan con actividad privada”. “Desarrollan el mismo trabajo, en las mismas condiciones laborales y de jornada. La compatibilidad no implica por sí misma una menor disponibilidad de personal ni una menor dedicación”, subraya Sagardui a la Cámara, en este caso tras una iniciativa de Elkarrekin Podemos--IU.
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