Un defecto de forma vuelve a poner en riesgo la investigación por el fraude en las oposiciones de la Sanidad vasca

La continuidad de la investigación de las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) vuelve a estar en el aire solamente dos meses después de que se acordara una prórroga de medio año, hasta finales de enero de 2022. Un recurso del letrado Rubén Múgica, del equipo de defensa de los imputados, podría tumbar precisamente esa prórroga por un defecto de forma. Así las cosas, podrían quedar anuladas todas las decisiones adoptadas desde entonces, básicamente nueve imputaciones nuevas que se conocieron en septiembre. Es más, desde que se acordó la prórroga se tardó un mes en hacer a la notificación y en el otro mes que ha pasado no ha habido ningún movimiento más en la causa, según constatan fuentes judiciales.

La nueva polémica judicial de una causa accidentada desde el principio y que ha tenido ya tres instructoras, las juezas Yolanda Varona, Ana Jesús Zulueta y Cristina Rodríguez Ruiz, tiene su origen en una reforma procesal acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez en julio de 2020. Esa nueva normativa dio un plazo máximo de doce meses a todas las investigaciones abiertas en aquel momento. Eso hizo que justo antes de las vacaciones se cerraran numerosos asuntos, desde la 'operación Kitchen' hasta la investigación por homicidio imprudente por el derrumbe del vertedero de Zaldibar. Sin embargo, en el caso de la OPE de Osakidetza ni siquiera se habían revisado los exámenes objeto de discusión, por ejemplo, y quedaban por declarar decenas de personas. La Fiscalía y los dos sindicatos que ejercen la acusación popular, LAB y ESK, solicitaron la prórroga máxima permitida por ley, seis meses. Como ya publicó este periódico, Rodríguez Ruiz accedió a ello pero dejó pasar todo el verano sin notificarlo. Cuando lo hizo, además, emitió un brevísimo auto en el que explicaba que resultaba “imposible” dar por zanjado el asunto aún, que quedaban “múltiples” cosas por hacer y que las comunicaría una resolución “separada”.

Según el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es/Euskadi, el letrado defensor hace hincapié en que la reforma gubernamental estableció que “las prórrogas se adoptarán mediante auto donde se expondrán razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación”. En la apelación se incide en que “el auto no expone razonadamente las causas” sino que se queda en una “mera generalidad”.

Si el recurso prosperase, quedaría anulada la prórroga y, por lo tanto, todas las decisiones adoptadas fuera de plazo. Entre ellas, se incluiría el auto de septiembre en el que se desarrollaban las nuevas imputaciones, declaraciones de testigos y pruebas documentales que explicaban la necesidad de continuar investigando. Precisamente, esa resolución fue más comentada por lo que no incluía que por lo que verdaderamente acordaba, ya que se eximía de toda responsabilidad penal en el caso al exconsejero de Salud, Jon Darpón, y a la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, ambos dimitidos por este asunto. El sindicato LAB ha recurrido esa exención e insiste en que no se pudieron dar irregularidades sin que haya responsabilidad de la cúpula de la Sanidad vasca. Sin embargo, este debate quedaría en nada si se aceptara el recurso previo sobre la prórroga.

¿Qué ocurriría entonces? La investigación estaría finalizada y solamente se podrían valorar los elementos recopilados antes de julio para solicitar la apertura de un juicio. El desaguisado es tal que hay once imputados pero uno de ellos ni siquiera ha comparecido, Iñigo Echevarria, miembro del tribunal de la categoría de Traumatología, en la que hay una denuncia de un colega de que los exámenes eran “fotocopias” entre sí y con relación a la plantilla de corrección. En estos tres años desde que se celebraron los exámenes, además de los cambios de instructora, ha habido largos parones en la causa.

En todo caso, la nueva magistrada, Rodríguez Ruiz, ya ha dejado claro que hay algunas líneas que no seguirá la investigación y una de ellas es que no se revisarán los exámenes que son precisamente el eje de la causa. “En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesariedad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, ha argumentado. Cuando llegaron unos ejemplares de Anestesia, por ejemplo, se pudo ver que su redacción era muy similar en orden, conceptos utilizados y hasta se repetían los mismos errores.

Se da la circunstancia de que no es la primera vez que un defecto de forma ha dado al traste algún avance en esta investigación. A principios de 2020, la entonces instructora Ana Jesús Zulueta procedió a la imputación de José Antonio Elexpuru y Eduvigis Álvarez, miembros de los tribunales de la OPE de Neurocirugía y Neurofisiología, con un auto en el que no se indicaban de manera motivada ni los delitos que indiciariamente habrían cometido ni el detalle de sus actuaciones. Esa decisión fue recurrida con éxito por otro letrado de las defensas, Jesús Urraza.

Un seguro de la Administración cubre los gastos de defensa de los imputados

Por otro lado, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha informado esta semana en el Parlamento Vasco a instancias de la portavoz sanitaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, de que el Gobierno no está pagando directamente la defensa letrada de los imputados en esta causa. Sin embargo, sí lo hace indirectamente. Existe una “póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial, general o de explotación de la Administración de la comunidad autónoma” que “tiene como asegurados a los empleados y dependientes de las Administraciones aseguradas en el ejercicio de sus funciones o actividad por cuenta de las Administraciones”. Esto supone que el seguro “cubre los gastos de defensa jurídica” ya que se interpreta que ser miembro de un tribunal de la OPE es una función propia del cargo de estos doctores.

Según Sagardui, “en este caso, como es habitual, Osakidetza comunicó al seguro la existencia de la incidencia asegurada” para activar el procedimiento. “Cada profesional asegurado y el seguro mantienen su relación sin intervención de Osakidetza”, indica la titular de Salud. De hecho, la contratación ha corrido de su cuenta. El Gobierno “desconoce si ya se ha efectuado algún pago de gastos de defensa, así como si existe o no previsión de coste total de asistencia jurídica”. No obstante, si fueren condenados tendrían que hacerse cargo de esa minuta.