La asociación “sin ánimo de lucro” DenokInn obtuvo un beneficio económico injustificado de 453.000 euros con un simple cambio de divisas vinculado al fracasado proyecto de coche eléctrico vasco Hiriko, ahora investigado en los tribunales tras haberse tragado unos 18 millones de euros en fondos de la Administración, particularmente del Gobierno de España. También ingresó 105.440 euros de más respecto al contrato que tenía firmado con la matriz del proyecto Hiriko, Afypaida (también una entidad “sin ánimo de lucro”), por sus servicios de intermediación con el MIT de Boston, la prestigiosa institución académica de Estados Unidos que iba a colaborar en una iniciativa que se promocionó como una revolución mundial en el transporte urbano.
Afypaida, impulsada entre otros por dos personas próximas al PNV como el empresario Jesús Echave y el exconcejal Iñigo Antia, confió a DenokInn, dirigida por Luis Miguel Macías, exviceconsejero también por el mismo partido, gran parte del desarrollo del coche eléctrico vasco. Principalmente, se apostó por DenokInn como intermediaria entre los promotores del proyecto en Euskadi y el MIT estadounidense.
Los contratos incorporados al sumario del ‘caso Hiriko’, que se ventila tanto en la jurisdicción mercantil como en la vía penal, revelan que Afypaida y DenokInn pactaron en 1.823.000 euros “la contratación de los servicios del MIT”. Sin embargo, “DenokInn acuerda abonar al MIT 1.849.929 dólares [de Estados Unidos]”. Aplicando el tipo de cambio medio de 2010 y 2011, cuando se produjo esta operación, el equivalente en euros sería de alrededor de 1.370.000 euros. Por una simple operación financiera, DenokInn logró un beneficio de unos 453.000 euros. Asimismo, esta entidad facturó a Afypaida 105.440 euros por encima de lo estipulado en el contrato general firmado, que rondó los 4,5 millones de euros.
Se da la circunstancia de que Afypaida pagó todo este dinero a DenokInn con cargo a las subvenciones que concedió el extinto Ministerio de Ciencia (hoy de Economía y Competitividad) al proyecto Hiriko fruto de un acuerdo político entre el PNV y el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, presentó cinco facturas al Gobierno. La Abogacía del Estado ha fijado en 17,2 millones el dinero estatal invertido en esta iniciativa y reclama ahora su reintegro ante las graves irregularidades descubiertas en el marco del juicio mercantil cuya fecha se fijará en las próximas semanas.
La Fiscalía, apoyada en un informe de la unidad de delitos económicos de la Ertzaintza, cuantificó en 6,4 millones el dinero presuntamente desviado en Hiriko. En total, son 22 facturas financiadas por el Estado las que podrían ser irregulares. La más llamativa es una de 600.000 euros que el empresario Echave utilizó para engrosar su colección de coches deportivos con un caro prototipo de Epsilon-Euskadi.
¿Posible fraude fiscal?
La Abogacía del Estado, representada por Macarena Olona, también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el proyecto Hiriko, impulsado por Afypaida pero que encerraba un complejo entramado societario detrás, haya incurrido en fraude fiscal. En su informe de alegaciones en el proceso concursal, Olona incide, en primer lugar, en “los beneficios fiscales que proporciona la actuación a través de las asociaciones sin ánimo de lucro”.
En segundo lugar, la letrada remarca que el peloteo de facturas entre las distintas sociedades controladas por los promotores de Hiriko supone también una manera de reducir la contribución a Hacienda. “La interposición de sociedades controladas permite obtener ingresos indebidos por devoluciones del IVA y no aportan valor añadido alguno a la relación comercial”, apunta Olona, aunque sin realizar una estimación global de este posible fraude.
DenokInn, implicada en otra causa en Álava
DenokInn está en el centro también de otra investigación judicial abierta el año pasado en Vitoria. Este segundo caso tuvo su origen en la auditoría ordinaria anual de la Diputación de Álava que corre a cargo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que se detuvo en un convenio firmado con DenokInn al final del mandato de Xabier Agirre (PNV) para desarrollar un proyecto de I+D, el denominado ‘plan Deika’.
Al hallar anomalías contables en el convenio con la entidad sin ánimo de lucro de Macías, el órgano autonómico remitió el expediente al Tribunal de Cuentas del Estado, con competencia jurisdiccional. Sin embargo, se apreció que había algo más que irregularidades contables y el asunto acabó en la Fiscalía de Álava por un presunto delito de malversación de caudales e incluso de estafa. Están imputados la que fuera diputada de Promoción Económica, Arantza Zenarruzabeitia, su ‘número dos’ y hoy director de Presupuestos del Gobierno vasco, Hernando Lacalle, y un funcionario. Declararon en el juzgado durante la pasada primavera.
En total, DenokInn percibió en Álava 337.000 euros. El problema de esa contratación es doble. Por un lado, su adjudicación ‘a dedo’ contravino la normativa foral, según un primer informe de la Fiscalía. Sólo era posible saltarse el concurso público y el estudio de ofertas con un visto bueno de Juntas Generales que no sólo no se logró sino que ni siquiera se solicitó. Por otro lado, de los 337.000 euros de dinero público abonados no constan justificaciones para 125.000 de ellos, más de un tercio del pago total. Buena parte de ese dinero público alavés, de hecho, apareció invertido en un proyecto de innovación que DenokInn desarrollaba en Santurtzi (Bizkaia).