Los colectivos sociales Stop Desahucios Gipuzkoa, Alokairu-Benta Berri e Inquilinos de Azora se han concentrado esta mañana frente a la sede del Gobierno vasco en Donostia. Exigen soluciones y medidas ante el riesgo de desahucio que padecen 52 familias residentes en viviendas de protección oficial de Lasarte-Oria. A partir de agosto, su inmobiliaria, PBP Gestión de Arrendamientos y Alquileres S.L., tiene previsto subir las rentas sociales de los inmuebles a precios de mercado.
A los gritos de “la vivienda es un derecho, no un negocio” y “sí se puede” se han reunido alrededor de tres decenas de activistas frente a la delegación del Gobierno vasco reivindicando el derecho a un domicilio adecuado ante la subida de alquileres que pone en peligro a numerosos arrendatarios. Los miembros de la plataforma ciudadana Stop Desahucios Gipuzkoa y los vecinos de Lasarte-Oria han reclamado con angustia el control de los precios de alquiler. También han denunciado la actuación de los fondos buitres Azora o Blackstone por subir los alquileres a precios de mercado. Los arrendatarios de Lasarte-Oria llevan 20 años residiendo a través de unos alquileres sociales que finalizan en agosto, momento donde la empresa inmobiliaria subirá más de un 50% las rentas de las viviendas protegidas.
En el 2015, el Pleno de Lasarte-Oria aprobó una moción que declara al municipio vasco como “Municipio Libre de Desahucios”. Con esto, el ayuntamiento se comprometió a poner todos los medios a su alcance para paralizar los desalojos. Según han asegurado los vecinos, en este caso “el alcalde se comprometió a intermediar con la empresa” para impedir los desahucios. Al contrario, hasta el momento el Gobierno vasco no ha tomado cartas en el asunto y ha indignado a los vecinos, quienes han señalado la “inacción e irresponsabilidad” de la consejería vasca por “no haberse querido reunir con los afectados”.
Entre los perjudicados se encuentran familias como la de José Luis, de 62 años, y su mujer de 67 que ingresan una ayuda mínima del subsidio de desempleo, o la de Estitxu, que con sus ingresos tiene que pagar la renta y mantener a sus dos hijos menores. La pandemia también ha afectado a estos vecinos de Lasarte-Oria, que económicamente se han visto más “vulnerables”. Pese a ello, han reclamado unión y humanidad ante su “complicada” situación. “Es momento de moverse y pedir soluciones, queremos que los alquileres se mantengan a precios accesibles”, han declarado los residentes de las VPO.
Además de las 52 familias de Lasarte-Oria, otras 20 familias de las VPO de Zumaia tienen riesgo de desalojo en noviembre de 2022, así como las 520 familias de Benta-Berri en julio de 2028. Stop Desahucios Gipuzkoa también ha denunciado la “subida escandalosa del 33%” del alquiler que han recibido otras cuatro familias del barrio de Egia, en Donostia.
elDiario.es/Euskadi
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