La asociación GuraSOS, que es la principal artífice de las denuncias por posibles irregularidades en la incineradora donostiarra de Zubieta, entre ellas la que ha llevado a la Fiscalía a iniciar un proceso en el que el diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa figura como investigado, ha mostrado este miércoles su preocupación por que la Ertzaintza vaya a asumir las investigaciones de los delitos medioambientales en detrimento de la Guardia Civil, tal y como se recoge en el acuerdo de investidura suscrito entre el PNV y el PSOE. Joseba Belaustegi, representante de esa asociación, que ha comparecido en las Juntas Generales de Gipuzkoa, ha mostrado su reserva sobre la introducción de este punto en el acuerdo entre ambos partidos, “sin querer entrar en cuestiones políticas”, por las repercusiones que pueda tener este cambio en la persecución de los delitos medioambientales.
En dicho punto del pacto de investidura, suscrito el pasado 10 de noviembre por el PNV y el PSOE, se establece que “corresponde a la Ertzaintza la investigación de delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente acontecidos en Euskadi, sin perjuicio de lo que, en relación con los hechos e ilícitos penales o administrativos que tengan una dimensión supra o extracomunitaria, corresponda a los Cuerpos de Seguridad del Estado”. También se señala que “cualquier información o hecho de naturaleza administrativa y/o penal relacionado con el medio ambiente, circunscrito al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Vasca, del que tengan conocimiento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se comunicará a la Ertzaintza, quien asumirá la titularidad de la investigación”.
En su intervención en la Comisión de Sostenibilidad de las Juntas Generales de Gipuzkoa a petición de Elkarrekin Gipuzkoa, el representante de GuraSOS ha recordado denuncias que no han prosperado por las investigaciones de la Ertzaintza y se ha aliado con las quejas de otras organizaciones ecologistas que se quejan de que Policía autonómica vasca no cuenta con efectivos suficientes para investigar los delitos medioambientales. De hecho, en la propia memoria de la Fiscalía vasca que encabezada Carmen Adán, se señala la falta de colaboración generalizada del área de Medio Ambiente del Gobierno vasco para la investigación de causas penales relacionadas con delitos ambientales como vertidos o irregularidades en la gestión de residuos.
Precisamente en este mismo sentido, el grupo parlamentario Elkarrekin Podemos-IU ha registrado una pregunta por escrito en el Parlamento Vasco al considerar que “supone un problema en la protección del medio ambiente” el hecho de que se haga cargo la Ertzaintza de estas investigaciones, ya que la unidad ambiental “según los datos de que disponemos, lo constituyen un equipo de 10-12 personas. Un equipo insuficiente que tanto el Ararteko incluso la Fiscalía han denunciado constantemente, y que nuestra formación ha solicitado su aumento anualmente en los presupuestos vascos”. En este sentido pregunta sobre la plantilla actual y sobre si hay presupuestos para aumentarla. “Retirar al Seprona, sin aumentar la plantilla de la unidad ambiental de la Ertzaintza, supone una menor capacidad para investigar delitos ambientales, por lo que muchos terminan siendo archivados, tal y como alertó la Fiscalía”, señala.
Joseba Belaustegi ha enmarcado este punto en el acuerdo de investidura dentro del camino emprendido por el PNV y el PSE-EE, socios de Gobierno en Gipuzkoa, para conseguir la “impunidad judicial” y ha ironizado respecto a que este punto del acuerdo de investidura coincida con la “imputación” del diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, el socialista José Ignacio Asensio, por posibles irregularidades en la incineradora.
El representante de GuraSOS, que ha comparecido para explicar las razones que han llevado a la plataforma a denunciar las irregularidades de la incineradora ha sido muy crítico con la actuación de Asensio al frente de GHK, el Consorcio de Gestión de Residuos de Gipuzkoa, y se ha defendido de las acusaciones que les ha lanzado el propio Asensio, u otros miembros del PSE-EE de estar movidos por intereses de EH Bildu. De hecho, la propia representante socialista en las Juntas Generales les ha vuelto a acusar este miércoles de “querer conseguir en los tribunales lo que no han conseguido en las urnas”, ha señalado en relación a que la incineradora no se construyera.
Ha recordado que la función de su plataforma es cuidar porque se cumplan todas las medidas necesarias para garantizar la salud y ha insistido en que si se denuncian actuaciones irregulares los partidos que controlan la incineradora deben comprobarlas y no intentar descalificar a quien las denuncia en relación a que realizan denuncias “falsas”. En este sentido, ha criticado que la gestión de la incineradora se hace desde la total opacidad. Y como muestra ha asegurado que la planta lleva 8 días sin valorizar residuos. “No sabemos por qué, puede ser una parada programada, pero ustedes, los representantes en las Juntas no lo saben, Se los estoy diciendo yo. Es el mundo al revés”, ha señalado. En este sentido, ha insistido en la necesidad de que se lleve a cabo una auditoría externa para garantizar el buen funcionamiento de la planta.
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