De denunciar a dudas por irregularidades: los contratos de autobuses escolares se le vuelven en contra al Gobierno vasco

Los colegios públicos de Álava y de Bizkaia estuvieron los siete primeros días lectivos sin autobuses y ha habido que articular unas ayudas extraordinarias para compensar los viajes en coche, en transporte público o caminando. El conflicto entre el Departamento de Educación y las empresas privadas que gestionan las rutas se venía larvando desde julio pero estalló en puertas del arranque del curso cuando el consejero, Jokin Bildarratz, amagó con denunciar ante la Fiscalía que las contratistas habían conformado un cártel para manipular las adjudicaciones como antes había pasado con el servicio de catering de los comedores escolares. Sin embargo, aquella querella nunca se formalizó y la pelota ha vuelto ahora al tejado del Gobierno.

Educación ha contratado a un bufete externo para asesorarse en este contencioso con las empresas de autobuses. La licitación no aparece en el perfil del contratante. Se trata del bufete Cuatrecasas, el despacho del que procede el director de los servicios jurídicos del Departamento, que es un alto cargo, Eneko Goenaga. Técnicamente, este letrado pasó dos años en una tercera compañía (Amenabar) antes de dar el salto a la Administración, lo que evitaría un conflicto de intereses a la luz del régimen de incompatibilidades, pero la Comisión de Ética ya apercibió a otro alto cargo, el socialista Iván Pedreira, por no haber informado de su pasado en una empresa contratada por su Departamento incluso pasado ese tiempo.

'El Correo' ha publicado, además, que el letrado aportado por Cuatrecasas es Joanes Labayen. Abogado del Estado de gran prestigio, es el socio-director del bufete en Euskadi. Pero, además, es consejero en decenas de empresas. Una de ellas es Autobuses URPA, una de las adjudicatarias del servicio de transporte escolar. En concreto, se llevó 15 de las 65 rutas de Gipuzkoa, valoradas en unos 4 millones de euros. Gipuzkoa era el territorio donde la crisis parecía menos enconada. En algunos de los lotes se presentó contra Autobuses Aldalur, con quien mantiene algunos lazos societarios. Es algo que sucedía en el cártel de comedores, donde 'competían' entre sí varias marcas del mismo grupo empresarial o relacionadas. Fuentes de Educación recalcan que no hay causa-efecto e indican que Labayen fue contratado como asesor externo después de que se cerrara el concurso y destierran de plano la imagen de que un asesor haya podido teledirigir contratos a su empresa.

Labayen es el marido de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria. Y Goenaga, su excompañero, es sobrino del portavoz del PNV en la Cámara y presidente en Gipuzkoa, Joseba Egibar. Cuatrecasas, con Goenaga en el equipo, fue el bufete que defendió hasta fechas muy recientes a Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava condenado a doce años de cárcel por corrupción y que ya cumple la pena en Zaballa desde julio.

La oposición ha aprovechado la sesión de control al Gobierno en el Parlamento Vasco para denunciar el “escándalo”. “Se tachó a las empresas por conformar un cártel. Esto es un escándalo mayúsculo. Cuando se privatizan los servicios que cubren derechos, los derechos no están garantizados. Lo único que queda garantizado es el sistema de redes clientelares”, ha señalado Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU. “Tremendo escándalo. Compromiso con la transparencia 'a posteriori'. Cuando se les pilla, como siempre”, ha añadido Carlos Iturgaiz del PP. Y es que el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, ha apelado precisamente a ello, a la “transparencia”. “Que se aclare con la máxima celeridad”, ha apuntado igualmente. Igualmente, EH Bildu ha considerado “muy grave” lo ocurrido si se confirman todos los extremos y ha recordado que los problemas también se han dado en otros ámbitos como los comedores, en palabras de Ikoitz Arrese.

“Yo mismo elegí a Cuatrecasas”

Por otro lado, el consejero Bildarratz -también en el Parlamento y de nuevo a preguntas de la oposición- ha admitido que fue una decisión personal la de fichar por su “prestigio” a Cuatrecasas. “Yo mismo solicito a Cuatrecasas un contraste jurídico. Su participación no tiene nada que ver ni con la licitación ni a URPA ni al resto de empresas”, ha señalado en la Cámara. Nada ha dicho sobre la relación de su jefe de los servicios jurídicos con esa empresa pero sí ha insistido en que esa contratación fue ya posterior a la adjudicación de las líneas. Y ha mostrado como dato de que no recibió URPA ningún trato de favor que de 15 rutas en 12 era la única oferta posible para prestar el servicio. “No hay la más mínima relación entre la adjudicación de rutas y la contratación posterior de un bufete de abogados”. Bildarratz, en todo caso, tendrá que volver al Parlamento, a la comisión de Educación, a ofrecer más explicaciones.