La Diputación de Bizkaia despide también a Xabier Sánchez Robles, otro de los condenados por corrupción en el 'caso De Miguel'

Después de las salidas de Alfredo de Miguel de la sociedad pública Hazi y de Koldo Ochandiano del parque tecnológico de Miñano, ambas entidades dependientes del Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia ha acordado también despedir a otro de los condenados por la corrupción del 'caso De Miguel', Xabier Sánchez Robles, que era funcionario foral hasta ahora. Pesa sobre Sánchez Robles una pena de siete años, un mes y quince días de cárcel -de cumplimiento íntegro y que debería ser efectiva en los próximos días- por haber facilitado 'a dedo' contratos irregulares a las empresas de su amigo De Miguel, que era 'número dos' del PNV de Álava y que controlaba una red mercantil dedicada al cobro de comisiones y al blanqueo de capitales. Las fuentes consultadas aclaran que se trata de una decisión “definitiva”, es decir, no revocable cuando salga de prisión.

“Una vez que la Diputación Foral de Bizkaia ha tenido conocimiento de las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Álava, ha procedido a la tramitación de las consecuencias derivadas de dichas sentencias. En consecuencia, se ha adoptado la siguiente resolución: declarar la pérdida de la condición de funcionario de Don Francisco Javier Sánchez Robles”, han explicado a elDiario.es/Euskadi desde el organismo foral, que en su momento estuvo personado en el juicio de esta causa y que reclamó penas de cárcel por las derivadas en forma de fraude fiscal para la Hacienda vizcaína de algunas de las operaciones opacas, particularmente las relacionadas con el fallido proyecto urbanístico de Zambrana, que es el que más comisiones movió.

Sánchez Robles, cuya esposa, Josune Gorospe, es diputada del PNV en el Congreso y cuya hermana, Isabel, ha ocupado altos cargos institucionales, fue director de Juventud del Gobierno vasco con Juan José Ibarretxe. Cuando fue imputado en el 'caso De Miguel' ya no ocupaba ese cargo. Desde entonces ha trabajado como funcionario de la Diputación. Desde esa oposición, procuró financiación irregular a tres mercantiles de la trama, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga. Fue particularmente intensa la relación con la segunda. De hecho, nada más ser creada se ideó un plan para que todas las cuadrillas o Gobiernos comarcales de Álava destinaran una subvención de 15.000 euros de Juventud a pagar informes a Errexal. Los hechos le han merecido al expolítico una condena por los delitos de prevaricación continuada, malversación continuada, falsedad documental continuada, tráfico de influencias continuado y asociación ilícita.

Durante el juicio, se hizo una aplicación muy restrictiva del quebranto económico generado por las irregularidades en Juventud -en aplicación del 'in dubio pro reo'- y se tasó en 146.230,80 euros, que es la cantidad que tendrá que devolver a las arcas autonómicas Sánchez Robles de manera alícuota con los tres exdirigentes del PNV detrás de la empresa pantalla Kataia Consulting, De Miguel, Ochandiano y, además, Aitor Tellería, y los administradores nominales de Errexal y Ortzi Muga, Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (antes de cambiar su nombre en el registro Josu Montés). Además, se le ha impuesto una multa de 3.600 euros y tres inhabilitaciones. Una de ellas, la “especial”, afecta durante diez años y tres meses a cualquier “empleo o cargo público” en la “Administración local y autonómica”, lo que incluye a las diputaciones, según consta en los autos de ejecución de la condena conocidos la pasada semana.

En el caso de Sánchez Robles, su condena es de las más altas porque tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo tras los recursos han señalado la relevancia de que el exdirector de Juventud tratara de justificar las contrataciones irregulares con la trama de De Miguel con una supuesta documentación oficial del Gobierno vasco que incluía sellos aparentemente oficiales. Como publicó este periódico, esos timbres generaron sospechas de haber sido falsificados y todos los testigos que los analizaron en el juicio así lo consideraron también, incluida la ahora consejera del Gobierno de Iñigo Urkullu Olatz Garamendi. Los sellos no tenían código del registro de entrada ni correspondencia con el libro que recoge las llegadas de documentos a la Administración, presentaban tipografía diferente a la de otros de las mismas fechas del Gobierno vasco e incluso había un documento fechado en un 29 de febrero de un año no bisiesto.