En puertas de que el 1 de agosto entre en vigor una de las contratas más relevantes de Osakidetza, la de ambulancias (144 millones en tres años), se han producido dos denuncias paralelas contra la que será adjudicataria del servicio en Bizkaia y en Álava, la empresa catalana Grup La Pau, que hasta ahora había realizado el servicio alavés y un tercio del vizcaíno (en Gipuzkoa, por el contrario, el servicio lo prestará la compañía Ambulancias de Gipuzkoa). Por un lado, el sindicato ESK ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía contra el director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria del Departamento de Salud, Frumencio Molinero, y contra el presidente de la empresa de ambulancias La Pau, Vicenç Chicharro. Entienden que ha habido irregularidades en la actual contrata y que se ha tolerado una nueva adjudicación a pesar de ello. Por otro lado, la Confederación Nacional de Socorro y Transporte Sanitario (Sanitrans), que representa a la competencia, a Ambulancias Rodrigo, ha alertado en el Parlamento Vasco de que La Pau no dispone de los vehículos nuevos requeridos para ofrecer el servicio desde el 1 de agosto en adelante, como fijaba el contrato con la Sanidad pública vasca.
En lo tocante a la denuncia de ESK, sindicato minoritario dentro de Osakidetza pero activo en los tribunales como ocurrió en el caso de las denuncias por filtraciones en las oposiciones médicas de 2018, basa su denuncia en que han alertado “en reiteradas ocasiones” y también por escrito a Molinero, alto cargo del equipo de Gotzone Sagardui, acerca de las “continuas irregularidades que comete la empresa” La Pau. Están relacionadas, supuestamente, con “el incumplimiento de los pliegos, incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales e incumplimientos en materia de relaciones laborales y derechos fundamentales de la plantilla, acarreando estos últimos fuertes sanciones económicas”. En concreto, indican que La Pau acumula multas por valor de 100.000 euros de la inspección de Trabajo por diversas denuncias, según asegura Patxi Nicolau, portavoz de la sección sindical de ESK en Osakidetza
“No sólo no nos contestó, sino que se ha vuelto a adjudicar el servicio en el mes de abril por tres años más de servicio sanitario en Álava, ampliando la parte de Bizkaia que aún no controlaban, por un monto total de 140 millones de euros”, denuncia Nicolau. ESK estima que se ha podido cometer un delito de prevaricación -consistente en actuaciones administrativas injustas a sabiendas de que lo son pero no que no comporta pena de prisión- y otro de “uso indebido de dinero público”. En este caso sí podría tener castigo de cárcel. “Instamos a la Fiscalía a que inicie el correspondiente expediente investigador”, pide ESK.
El sindicato asegura que son múltiples las irregularidades que han denunciado y que deberían haber supuesto en su momento la rescisión del contrato y, desde luego, haber inhabilitado a la empresa catalana de ambulancias para volver a resultar la adjudicataria del servicio. Entre dichas irregularidades citan incumplimientos en el uso de vehículos comprometidos en el contrato “que no se han usado”, circular con vehículos con la ITV caducada, modificación de las bases de cotización de los trabajadores, mal almacenamiento de los medicamentos , falta de material, no establecer un registro de horarios o no contar con una evaluación de riesgos de materiales biológicos. Fuentes del Departamento vasco de Salud no han querido valorar la cuestión porque “no han recibido ninguna denuncia oficial”. No pueden valorar algo que no saben de qué se trata, argumentan.
En cuanto a la segunda denuncia, ha sido enviada por Sanitrans a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco. Este periódico ha recibido una copia del documento en poder del PNV, que es el partido que dirige el área de Salud en el Gobierno de Iñigo Urkullu. Esta alerta se centra en que La Pau no va disponer de las ambulancias requeridas el 1 de agosto. “En cuanto a los vehículos ofertados para prestar el servicio, uno de los criterios de valoración consistía en ofertar vehículos con una antigüedad inferior a dos años de forma que, en el caso de ofertar vehículos nuevos, los pliegos establecían que 'la empresa adjudicataria deberá aportar los permisos de circulación antes del inicio de la ejecución del contrato, una vez adquiridos y matriculados los vehículos ofertados'. La Pau, para los lotes a los que presentó oferta, ofertó la práctica totalidad de vehículos de nueva adquisición. Tan sólo para el lote 1 ofertó un vehículo con antigüedad inferior a dos años ya matriculado y dos para el Lote 2. Por lo tanto, con su oferta, adquirió el compromiso de poner 47 vehículos nuevos. [...] A día de hoy [por el 19 de julio] no tenemos constancia de que las empresas adjudicatarias dispongan aún de los vehículos ofertados y es posible que se propongan iniciar la ejecución con otros vehículos distintos de los ofertados con el visto bueno de la Administración. Consentir esto supondría un incumplimiento de los pliegos de la licitación, en tanto que tener la disponibilidad de los vehículos ofertados para la ejecución del contrato es una obligación contractual esencial [...]. Consentir un inicio con medios distintos de los ofertados, constituye un incumplimiento de los pliegos por parte de las empresas contratistas, pero también un incumplimiento de la propia Administración [...], supondría un quebranto de las arcas públicas, ya que el nuevo contrato es mucho más oneroso que el actual”, argumenta Fernando Gatell, presidente de Sanitrans.
La contrata tiene seis lotes correspondientes a seis áreas geográficas. El 1 es Álava, del 2 al 4 son zonas de Bizkaia y el 5 y 6 corresponden a Gipuzkoa. El servicio costaba con el anterior contrato 3,2 millones mensuales y ahora subirá a 4 millones. Hay incrementos de entre un 13% y un 30% en todos los lotes. En 36 meses, Osakidetza destinará 144 millones de euros por este servicio de ambulancias, que no son todas. Se trata, en concreto, de las “urgencias y emergencias no previsibles y asistencia a emergencias sanitarias, en ambulancia asistencial”, según el objeto de la licitación. Consultado por este periódico, el Grup La Pau no ha querido valorar la denuncia ante la Fiscalía porque “no la ha recibido”, en línea con lo manifestado por Osakidetza. Sí reconocen haber sido multados por la Inspección de Trabajo por infracciones en materia de riesgos laborales “que se solucionaron”. Las fuentes consultadas no han concretado si han incumplido el pliego de condiciones respecto al uso de unos vehículos determinados o con una antigüedad limitada, pero aseguran que si hubiera incumplimientos en cuanto al contrato, “no se habría adjudicado otro”.
No es el primer problema que surge con las contratas de ambulancias. La compañía Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited, con base en Gibraltar, tuvo que transferir en 2022 al Gobierno vasco la cantidad de 286.531,52 euros para afrontar los impagos que sufren unos 80 trabajadores de una UTE subcontratada para el servicio de ambulancias de Álava. La UTE dio la espantada en la Nochevieja de 2019, lo que motivó esta situación. Se da la circunstancia de que esta aseguradora, que había expresado a través de un intermediario que no iba a afrontar las obligaciones de los seguros de caución que tenía contratados, realizó la transferencia el 15 de febrero, cuatro días después de que el asunto fuese denunciado por EH Bildu en el Parlamento Vasco y de que se publicara en los medios de comunicación.
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