Dudas y algunos incumplimientos en el día de la implantación masiva del pasaporte COVID en Euskadi

En la calle de Eduardo Dato de Vitoria, una de las arterias principales del centro de la capital vasca, quedan muchas cafeterías históricas. En una de ellas, a eso de las 9.00 horas, el único camarero atendía la barra con la mascarilla ostensiblemente mal colocada. “Me ha llamado el jefe y me ha dicho que hay que pedir el pasaporte COVID”. Con estas palabras, ha confirmado estar al tanto de la nueva normativa en vigor en Euskadi desde este miércoles y que extiende la exigencia de este certificado para el grueso del ocio después de semana y media limitado a locales nocturnos o a los restaurantes más grandes. “Estoy yo solo para la barra y para todo. ¿Cómo lo hago? ¿Ahora soy un guardia? ¿Me voy a tener que poner el tricornio?”, protestaba este trabajador. En presencia del periodista, entra una primera clienta.

-¿Pasaporte COVID?

-¿Pero esto no era para los sitios de más de 50 plazas?

La mujer, que se había quedado en el anterior decreto del Gobierno vasco y no estaba al corriente de las novedades, extiende el móvil y el camarero lo mira. No se produce ningún tipo de verificación ni de que el documento sea auténtico ni de la identidad de la titular. Lo habitual es que los hosteleros o empresarios afectados se bajen una aplicación del Gobierno de Suiza que lee los códigos QR y ofrece una luz verde si el certificado es auténtico. No obstante, no permite evitar que sea usado con capturas de pantalla por más de una personas al mismo tiempo. Clienta y camarero siguen su diálogo mientras accede al local otro hombre totalmente desprovisto de mascarilla sin que nadie le advierta de nada y a pesar del cartel de la entrada.

-¿Y cómo lo van a hacer los mayores que no tienen móvil y no saben descargarse esto?

-Ha venido un viejillo y me ha enseñado una cartulina. Por cierto, ¿en las tiendas no lo piden? ¿Allí entran todos inmunizados o qué?

Entre incumplimientos y desconcierto, los locales afectados por la nueva normativa han empezado a solicitar el documento a marchas forzadas. Ahora es necesario en toda la hostelería, en eventos deportivos o culturales en recintos cerrados, en centros deportivos o gimnasios y en las visitas a residencias, hospitales o prisiones. La Justicia impidió que se solicite también en los espacios abiertos, como un campo de fútbol.

En la cercana San Prudencio de Vitoria, Caracola es a la vez librería y cafetería. Al dueño le ocurre que no puede saber si un cliente tiene que ser controlado hasta que verbaliza que quiere lo último de Astérix o un chocolate a la taza. “No nos han informado de nada. Lo que hemos leído en el periódico. Me lo enseñan en el móvil, no tenemos ninguna aplicación ni nada”, indica sobre la verificación que está haciendo. Además, asegura que le parece “ilegal” el tener que pedir el DNI para corroborar que la identidad que figura en el pase es realmente la de quien lo exhibe. “¿No puedo pedir el DNI para cobrarte con la tarjeta y te lo tengo que pedir ahora? Esto es ilegal, seguro”, afirma este comerciante mientras observa a dos jóvenes que llevan un tiempo en el local sin saber si están para consumir lecturas o infusiones.

En la misma calle, Javier Echaguíbel gestiona los cines Florida de Vitoria. Son los únicos del centro y ocupan el mismo lugar en el que, hace justamente 125 años, se estrenó el entonces conocido como kinematógrafo. Ahora programan como gran estreno la última de Spiderman, 'No way home'. Decenas de personas han hechos la reserva de sus entradas por Internet cuando no existía este requisito así que tienen un protocolo en caso de que toque devolver el dinero. Pedirán el documento a la entrada de las salas. Se quejan de que la normativa no menciona expresamente a los cines entre los locales concernidos y también recuerdan que siguen teniendo otras restricciones como la prohibición de vender palomitas o refrescos para las películas. “¿Y en las gradas de los estadios de fútbol no hay 50.000 abrazándose y compartiendo la bota de vino?”, pregunta Echaguíbel en voz alta.

En la residencia de mayores DomusVi Ribera, ubicada en el Casco Viejo de Bilbao, han enviado un correo electrónico a todos los familiares de los usuarios informándoles de que para poder acudir a las visitas tendrán que aportar el documento. “Lo hemos implantado desde hoy. Por el momento no hemos tenido ningún incidente. En el caso de que alguna persona no quiera mostrarlo o no disponga de él, lo que hemos planteado es un protocolo en el que la trabajadora social se reuniría con esos familiares y les informaría sobre la obligatoriedad de aportar el pasaporte COVID para poder entrar a la residencia. Si aún así se siguieran negando, no podrían acceder al edificio, pero por el momento acabamos de implantarlo y no hemos tenido más problema”, asegura la directora de la residencia, Ana Bardanca.

Para acceder a los gimnasios de la cadena Curves, específicamente creados para mujeres y cuyos locales han ido abriéndose en todo el territorio, también es necesario desde este miércoles enseñar el certificado. Para Marta, coordinadora de las tres salas que tiene el gimnasio en Bizkaia, está siendo “complicado” gestionarlo debido a que el hecho de pedir y comprobar el documento lleva tiempo y no disponen de personal suficiente para ello. “Esta mañana ha sido un caos. Hay personas que lo tienen descargado y pasan rápido, pero hay otras que no y somos nosotras quienes tenemos que hacérselo”, explica. En el momento en el que pronunciaba estas palabras, ha entrado por la puerta Cristina, una de las clientas del gimnasio, que no ha sabido descargar el pasaporte en su móvil. “No he sido capaz. Traigo la tarjeta de Osakidetza por si podéis hacérmelo vosotras”, les ha pedido. “Esto es algo que nosotros no tenemos por qué hacer. No es nuestra función ni nuestro trabajo, pero entendemos que tenemos que hacerlo”, ha indicado la coordinadora, tras pedirle a una de las monitoras que interrumpiera su entrenamiento con otra clienta para ayudar a Cristina a conseguir el documento.

Aquí si han recibido las primeras llamadas de usuarias que se niegan vacunarse. En esos casos, la empresa ha decidido congelarles la cuota hasta que la medida deje de ser obligatoria. La primera fase (ocio nocturno y restaurantes más grandes) se mantendrá mientras la incidencia supere los 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. La segunda, la que ahora se ha puesto en marcha, estará activa con 300 o más de tasa. Ahora mismo ese indicador bordea los 1.000 puntos. “Les tratamos de explicar que no es una imposición nuestra, que es por ley [en este caso por decreto]. Les recomendamos que sigan realizando los ejercicios desde casa, pero entendemos que al no dejarles acceder, no están recibiendo nuestros servicios. Con esto estamos perdiendo dinero, nos está afectando directamente, pero somos conscientes de que no podemos hacer nada”, ha señalado Marta, quien asegura que, quitando esas personas que se quejan, en general la medida ha sido aceptada por la mayoría de las usuarias.

El gimnasio BasicFit, ubicado en el barrio de Zabalburu, también ha tenido una mañana ajetreada a raíz de las nuevas medidas para evitar contagios de coronavirus. “Me parece estupendo que pongan medidas para contener el virus si es por nuestra salud, pero la forma en la que lo han implantado, de la noche a la mañana, considero que no es la adecuada. Yo estoy sola por turno y si tengo que andar pidiendo los pasaportes no puedo estar haciendo más cosas”, ha lamentado Carla, trabajadora de este centro.