Educación denuncia ante la Fiscalía a empresas de transporte escolar por concertar precios entre ellas

El Departamento de Educación del Gobierno vasco denunciará ante la Fiscalía a varias empresas de transporte escolar que hasta ahora venían prestando servicio ante la sospecha de que estén incurriendo en delitos de “concertar precios para obtener mayores beneficios de la administración”. La denuncia, que se ha presentado también ante la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), se dirige esencialmente contra empresas que operan en Bizkaia, donde el concurso para el servicio ha quedado desierto, y de Álava, donde se han adjudicado sólo un 17% de las rutas. Algo que contrasta con el 98% de las rutas que se han adjudicado en Gipuzkoa, pese a que “las condiciones de la oferta de contratación directa para el inicio del curso 2023-2024 han sido las mismas en todos los territorios”, según ha señalado el consejero de Educación Jokin Bildarratz. Para garantizar el servicio a las puertas del inicio del curso, el departamento ha cursado una Orden de Ejecución Forzosa, de tal forma que en “aquellas rutas que no estén cubiertas, serán las empresas que venían prestando el servicio el curso pasado quienes deberán cubrir dicha necesidad”.

Bildarratz ha explicado que en el último proceso de licitación, “con el que se perseguía dotar de estabilidad al servicio de transporte escolar” después de varios inicios de curso convulsos- el año pasado el conflicto se solucionó el día antes del inicio del curso- Educación presentó una oferta por todas las rutas escolares, un total de 467 rutas en los tres Territorios Históricos. “Muchas de las rutas presentan un incremento económico con respecto al precio del curso anterior” ha señalado el consejero, aunque no ha especificado en qué porcentaje. Sí ha señalado que su Departamento tomó “como referencia los criterios e indicadores recogidos en el Observatorio del Transporte, tal y como pidieron las propias empresas”. El consejero ha recordado que el curso pasado se aprobó “un incremento económico del 24,1% para las empresas, que si le añadimos el 6,9% incrementado también en el curso anterior, hace que en dos años tengamos un incremento de un 31%”, ha subrayado antes de señalar que “las empresas aceptaron este incremento y el servicio se ofreció sin contratiempo”.

Una vez finalizado el periodo para presentar ofertas a este último concurso la mayoría de los itinerarios de Bizkaia y Álava quedaron desiertos “incluso en rutas escolares con un incremento económico importante” por lo que para garantizar el transporte escolar, se ofreció a las empresas la “posibilidad de seguir prestando el mismo servicio que el curso anterior, en las mismas condiciones, en aquellas rutas no resueltas”.

Tras analizar los datos,“ ante una ilógica diferencia entre el proceder en los diferentes territorios, y tras recabar información”, Bildarratz ha señalado que “se acrecentaron las sospechas ante la posibilidad de que algunas empresas pudieran estar actuando de un modo ilícito, activando una posible concertación entre ellas, con el objetivo de obtener un mayor beneficio de la Administración”, cuestión que se trasladó a la a Autoridad Vasca de la Competencia, con la que ya está colaborando, y se remitirá toda la información a la Fiscalía durante los próximos días.

El consejero ha recordado que desde el año 2020, el Departamento de Educación ha presentado tres procesos de licitación, concursos públicos en los que las empresas pueden competir por hacerse con algunas de las rutas de transporte escolar establecidas por el Departamento de Educación. “En todo este tiempo, se han presentado un total de 27 recursos a los pliegos de esos concursos públicos ante el OARC -Órgano Administrativo de Recursos Contractuales-, basándose fundamentalmente en que las condiciones económicas presentadas por el Gobierno vasco son insuficientes. Cabe señalar que ninguna de las alegaciones en las que se ha cuestionado el presupuesto del contrato ha sido aceptada por el Órgano administrativo. Además, en las últimas resoluciones, el OARC dictamina mala fe de las empresas y asociaciones al presentar los recursos, de una evidente intención de dilatar el proceso y de argumentos contradictorios, entre otros elementos”, ha señalado.