No hay consenso político (de momento) en torno a un texto común y definitivo sobre la reforma de la enseñanza en general y sobre el marco lingüístico en particular, pero este jueves la coalición EH Bildu, en el Parlamento Vasco, ha unido sus votos a los del Gobierno de PNV y PSE-EE y le ha ayudado a tumbar las enmiendas de totalidad contra la ley de Educación formuladas por las tres derechas, PP, Ciudadanos y Vox, y también por la coalición de izquierdas Elkarrekin Podemos-IU. La superación de este trámite permite dar continuidad a la tramitación en busca de ese acuerdo, aunque aún sin la garantías plenas de que pueda ser completada en los meses (no se sabe cuántos) que quedan de legislatura. “Después de hacer mucho trabajo, la ley avanza”, se ha felicitado desde la tribuna el consejero, Jokin Bildarratz, que ha calificado como “hito” de la legislatura esta reforma. “La ley educativa es estratégica”, ha señalado.
La ley se fundamentaba en un pacto político previo logrado en abril de 2022 y que concitó al Gobierno y a las dos principales fuerzas de la oposición, entonces también a Elkarrekin Podemos-IU. La formación de izquierdas ya se bajó del acuerdo al entender que la propuesta no corrige que Euskadi sea la comunidad autónoma con más porcentaje del alumnado matriculado en centros de titularidad privada, casi el 50%. Es más que el dato de la Comunidad de Madrid porque los religiosos y cooperativas se suman las ikastolas. EH Bildu vende “responsabilidad” al seguir dentro del acuerdo pero recalca ya que no dará cheques en blanco ni admitirá un viraje en la idea origina de crear un modelo plurilingüe con el euskera como eje.
Y es que el debate sobre los modelos lingüísticos (ahora son un A en castellano, un D en euskera y un B mixto) es la principal fuente de tensiones. El PSE-EE se mostró en desacuerdo con que desaparecieran de la ley y ha negociado 'in extremis' con el PNV mantenerlos. Esas enmiendas -defienden- preservan lo que ven como un derecho, el de la capacidad de elección idiomática de las familias. EH Bildu, sin embargo, interpretaba que el acuerdo superaba ese marco para ir a otro único con el euskera como eje y unos mínimos en los dos idiomas oficiales (B2 en el sistema europeo) y en una lengua extranjera (B1). El PNV y Bildarratz, haciendo equilibrios, han tratado a la vez de contentar a los socialistas y a sus socios externos. Pero la manta no da tanto de sí y cuando han acercado posturas dentro del Gobierno se han alejado de la oposición.
En este pleno el consejero ha pasado de puntillas sobre el debate, aunque antes dio a entender que lo que había pactado con los socialistas, el mantener los modelos, estaba también “superado”. El lehendakari, Iñigo Urkullu, llegó a ironizar que no es la ley de los idiomas, sino de educación porque en euskera la palabra es casi la misma, 'hizkuntza' y 'hezkuntza'. Bildarratz ha invocado un “amplio acuerdo” en torno a la ley. Ha pedido también un consenso que “dure en el tiempo”. Ha reclamado avanzar hacia un modelo de “calidad” y de “excelencia” y, en un contexto de huelgas en ambas redes -hoy mismo en la concertada religiosa- ha tenido un guiño al remarcar que la norma, aunque blinda la financiación pública de los centros privados, “subraya” que los colegios de gestión propia tienen un “papel” axial en Euskadi.
El PSE-EE, socio minoritario del Gobierno, ha reivindicado las “aportaciones” socialistas para mejorar la ley original del consejero del PNV, como también la paternidad de Fernando Buesa en la ley vigente, de 1993 (en 2000 fue asesinado por ETA) y el trabajo de Isabel Celaá. La exconsejera María Jesús San José ha citado especialmente el refuerzo de la pública pero también el impulso del “trilingüismo”. No ha ocultado que han tenido “dudas” en estos meses con la propuesta del PNV y ha recalcado que ahora están ya más cómodos porque se garantiza la “vigencia” de los modelos A, B y D. Ellos interpretan que habrá tres lenguas “vehiculares” en la enseñanza, las dos oficiales y el inglés (aunque podría ser otra en función del centro, por ejemplo el francés).
Tras escuchar estas explicaciones, desde la bancada de EH Bildu, Ikoitz Arrese ha explicado que votar contra las enmiendas a la totalidad de la mano del Gobierno no es apoyar ya la ley sino “dar una nueva oportunidad al debate” y no devolver un tema capital a la casilla de salida. “Pero que nadie se confunda, que nadie se equivoque”, ha pedido a sus señorías Arrese. Además, ha admitido que las “condiciones” para ese posible pacto no son las mejores, por las “tensiones” laborales en el sistema y por la espada de Damocles de que una convocatoria de elecciones supondría automáticamente el decaimiento de la tramitación.
La principal fuerza de la oposición, que desde el principio quiso participar del pacto educativo al entenderlo como un “acuerdo de país”, ha pedido “claridad” y “valentía” en la futura ley. Sigue viendo “versiones contrapuestas” sobre los modelos lingüísticos en PNV y PSE-EE y lamenta que empiece a ser una posibilidad real que el Ejecutivo quiera aprobar el texto solamente con los votos de los socios de coalición, que tienen mayoría absoluta. Arrese ha afirmado que si lo que se prima son los “equilibrios partidistas” para salvar el Gobierno no entrarán a votarla a favor.
Elkarrekin Podemos-IU se ha visto en el debate votando lo mismo que las derechas. Su portavoz, Isabel González, ha admitido que no se imaginaba hace un año estar pidiendo la devolución de la ley cuando vivieron una “intensa” y “honesta” negociación para acordarla. “¡Qué ingenuas! ¡Qué gran error!”, ha exclamado. Y no solamente han criticado la ley. Han lamentado que el Gobierno ya se encargó de desmontar puntos para reforzar el “perímetro” de la red pública con decretos previos como el de planificación o la renovación de los conciertos. Ha puesto como ejemplo que se bajó el ratio mínimo para acceder a financiación de centros privados por la caída de la natalidad, cuando en otras comunidades se aprovecha para cerrar líneas concertadas. “La ley es la guinda de un pastel relleno de incumplimientos”, ha ironizado González. Y ha sido tajante: “Lo privado nunca podrá ser público. Se eterniza la actual concertación universal”.
Sobre los modelos educativos, Elkarrekin Podemos-IU ha lamentado que el PSE-EE haya buscado mantener marcos “anticuados”. Como ejemplo, ha indicado que el modelo A no solamente no garantiza el B2 en euskera sino que segrega ya que mientras en la pública guetiza los centros que lo ofertan en la privada concentra alumnado “autóctono” de alto nivel económico. La coalición ha afirmado que no solamente se opone en el Parlamento a la ley sino también “en la calle”, sumándose a las movilizaciones de agentes educativos que también defienden la escuela pública. Significativamente, la única réplica que EH Bildu ha hecho a las enmiendas de totalidad ha sido a la de Elkarrekin Podemos-IU.
Desde la bancada del PP, Carmelo Barrio ha justificado el 'no' a la ley porque ha considerado que “son dos las lenguas oficiales” en Euskadi y que “ambas” deben vertebrar el modelo educativo. Ha alertado de que se pretende crear una “Policía del euskera” para controlar “patios, aulas y profesores”, extremo que ha desmentido el portavoz del PNV, Gorka Álvarez. Y ha reflexionado: “No compartimos la visión que entiende el euskera no como una lengua de comunicación sino como un elemento identitario. El castellano aparece nombrado en el texto una sola vez y en absoluto para darle valor educativo. Y es la lengua materna de los nacidos y residentes. Es la lengua común de los vascos y de todos los españoles. Ese valor debe ser preservado”, ha señalado. Cree también que se “relega” la enseñanza en lengua extranjera.
En el plano más técnico, Barrio ha criticado que la ley deja “un margen impresionante” al desarrollo reglamentario. Ha contado “más derivaciones” que artículos tiene, 101. Esto, según su criterio, abre la puerta a que el Gobierno, sin el Parlamento, regule un número muy importante de materias. “Tiene una redacción farragosa y verborreica. No tiene la claridad que se exige a los textos legislativos”, ha abundado. Barrio ha ironizado que es un pacto “histórico” pero para hacer “historia mala”.
En el caso de Ciudadanos, desde septiembre operan ya en solitario en la Cámara tras romperse la coalición el PP. De hecho, era Ciudadanos el que llevaba el debate educativo dentro del grupo conjunto. José Manuel Gil mantiene su rechazo a la propuesta gubernamental. La ha calificado como el “mayor error político” del PNV y de “traición”. Ha hecho mucho énfasis en que la propuesta quiebra la igualdad entre las dos lenguas oficiales, aunque ha indicado que ya el castellano había estado arrinconado aunque formalmente existiera un modelo A. Además, ha alertado que el debate lingüístico tapa el “grave problema” que para el sistema implica el empeoramiento de la “calidad”. “En segundo de ESO hay el nivel más bajo de los últimos diez años en matemáticas, ciencias, inglés y ¡qué paradoja! también en euskera”, ha apuntado Gil, que ha remachado su argumentación llamando “chapuza impresentable” al articulado. Ciudadanos ha aprovechado el altavoz para repetir que Bildarratz debería dimitir por la polémica por la contratación del abogado Joanes Labayen como asesor para el servicio de rutas escolares de autobús cuando es miembro de una de las empresas adjudicatarias.
Vox, como ya es costumbre en la legislatura, ha llevado al debate a su terreno. Ha dicho que la reforma educativa busca “blanquear a ETA”, convertir a los estudiantes en votantes del PNV y derogar la “españolidad del País Vasco”. Su portavoz y única parlamentaria, Amaia Martínez Grisaleña, ha denunciado que lo que ella llama “País” Vasco sea llamado “país”. Para rizar el rizo, ha añadido que la norma quiere acabar con los dialectos del euskera, singularmente el vizcaíno, del que ha leído una relación de palabras sustancialmente diferentes a la versión estándar del idioma.
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