Después de una semana de negociaciones discretas y dos reuniones previas, la mesa política de la coalición EH Bildu ha dado un histórico visto bueno a un acuerdo presupuestario con el Gobierno de Iñigo Urkullu, una coalición de PNV y PSE-EE, y que sigue a los pactos en el mismo sentido que se han firmado en los Ejecutivos de Navarra y de España, ambos dirigidos por los socialistas. No habrá voto a favor pero sí una abstención a cambio de mover unos 250 millones en diferentes partidas y lograr varios compromisos políticos para mejorar 'de facto' el SMI español y controlar los precios de los alquileres. Es la primera vez desde su creación que la coalición abertzale se suma a unas cuentas de una gran institución dirigida por el PNV, con quien históricamente ha mantenido una pugna por la hegemonía. El gran valor del pacto es que aritméticamente era innecesario, porque Urkullu goza de mayoría absoluta, y es fruto de la voluntad de ambas partes de lanzar un mensaje de unidad y responsabilidad en un contexto de crisis por la pandemia y de grandes retos como la emergencia climática. Tanto el Gobierno como EH Bildu explicarán los detalles a partir de este jueves aunque ambas parte han mandado mensajes simultáneos a las 15.30 horas de este miércoles para anunciarlo.
El pacto con EH Bildu está cuantificado en unos 250 millones de euros divididos en dos bloques. El primero son partidas para mejorar los presupuestos en las áreas de Salud (30 millones particularmente la Atención Primaria, muy golpeada incluso antes de la COVID-19, pero también para mejorar el servicio de los denominados PAC o Puntos de Atención Continua) o Medio Ambiente (20 millones para programas de eficiencia y autoconsumo), aunque habrá también medidas específicas para fomentar la emancipación juvenil, para las personas sin hogar y un refuerzo de las Ayudas de Emergencia Social (AES) pensado expresamente para combatir la pobreza energética y la subida de los costes de la luz. El segundo bloque son 100 millones de euros para un fondo municipal de sostenibilidad energética.
A los acuerdos económicos se les sumarán tres de calado político. Hay un punto directamente tomado del pacto presupuestario navarro y consiste en una fórmula para superar 'de facto' el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) común para España. “El Gobierno vasco adquiere el compromiso de defender y fomentar un SMI en convenios de la comunidad autónoma de Euskadi”, era la redacción planteada en las conversaciones y que ha sido aceptada por las partes. El segundo pasa por establecer un mecanismo de control de los precios del alquiler a la luz de la nueva normativa estatal en tramitación. No es un acuerdo menor ya que el PNV no apoyó en su día la ley vasca de vivienda y porque el PSE-EE, que gestiona el Departamento de Vivienda, había emitido un criterio desfavorable a iniciativas previas de EH Bildu en el mismo sentido. Eso sí, en octubre el consejero socialista Iñaki Arriola indicó que “el próximo Plan Director de Vivienda 2021-2023 el documento que recoge las líneas estratégicas de la política de vivienda en Euskadi para los próximos años, va a incluir, en su contenido, el estudio, y en su caso, implementación, teniendo en cuenta la situación de la oferta de viviendas de alquiler en Euskadi, de las medidas propuestas en la ley estatal de vivienda aplicada a los grandes tenedores”. En materia de Vivienda hay también un punto para la elaboración de un informe “sobre posibles medidas fiscales para contener los precios de alquiler vía incentivos y penalizaciones fiscales”.
Finalmente, la tercera pata política es un compromiso de destinar a I+D+i el 3% del PIB, lo que implicará fuertes subidas (del entorno del 10%) en las partidas previstas para esta materia desde el ejercicio 2022. “El Gobierno vasco adquiere el compromiso de aumentar en un 12% anual el conjunto de las dotaciones presupuestarias dedicadas a estas políticas públicas (10% en el ejercicio 2022) en lo que resta de legislatura con el fin de alcanzar lo antes posible (tentativamente antes del fin de la próxima legislatura, 2028) el porcentaje del 3% sobre el PIB recomendado. En el programa de Gobierno del Ejecutivo figura el compromiso de aumentar el 6% anual, y con este acuerdo se llegará al 12%, lo que supone una cuantificación de 77 millones de euros. El incremento total de las inversiones en I+D+i uniendo el compromiso del Gobierno a los resultados de este acuerdo tiene un alcance total de 149,5 millones de euros”, es la literalidad del acuerdo.
“El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, han suscrito un acuerdo para ampliar la mayoría parlamentaria en la aprobación de los presupuestos de Euskadi de 2022, que contempla la abstención en la votación del 23 de diciembre. Tras la intensa negociación de los últimos días, se han cerrado medidas por valor de 176 millones de euros y tres de las seis medidas políticas propuestas por EH Bildu. El acuerdo político sobre I+D+I supone un montante de 77 millones de euros. Ambos equipos de negociación han trabajado intensamente durante las últimas semanas, para lograr un acuerdo que repercuta de forma positiva en la sociedad vasca, en un momento en el que se requieren amplios acuerdos en diversos ámbitos, mejorando con ello su respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía”, han indicado en el comunicado conjunto, con los logos del Gobierno y de la coalición.
El desarrollo de la negociación
Tras presentar el proyecto de cuentas para 2022, el Gobierno de Urkullu inició una negociación presupuestaria con todos los grupos de la oposición salvo con Vox. Inicialmente, marcó distancias con todos ellos, aunque lanzó una oferta económica similar a Elkarrekin Podemos-IU y a EH Bildu. El matiz es que, hábilmente, tentó a la izquierda abertzale con puntos “idénticos” a los que había arañado a María Chivite en Navarra. Así las cosas, tras dos reuniones con mensajes críticos, EH Bildu inició el pasado miércoles una nueva fase de negociaciones discretas a las que se sumaron dos altos dirigentes de la mesa política, Pello Otxandiano y Unai Urruzuno. Ese diálogo ha cristalizado siete días después e incluso con el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, confinado por haber dado positivo en COVID-19. Las fuentes consultadas indican que el papel de los socialistas ha sido testimonial y que ha sido la voluntad del PNV y de EH Bildu lo que ha permitido el entendimiento. En puridad, ya se adelantó la voluntad de acuerdo este viernes, cuando la jefa de la oposición y portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, explicó que no iban a registrar una enmienda de totalidad.
Desde que llegó al cargo en 2012, Urkullu ha logrado acuerdos presupuestarios, además de que con sus socios del PSE-EE, con tres fuerzas muy dispares. En su primera legislatura, los socialistas fueron un apoyo externo tras un primer año en que tumbaron con el resto de la oposición el primer proyecto del lehendakari, que estuvo a punto de tirar la toalla y disolver el Parlamento por su situación de minoría. Tras las elecciones de 2016, nacionalistas y socialistas no tenían mayoría absoluta y hallaron en el PP de Alfonso Alonso el socio económico en los dos primeros años. Pero la moción de censura contra Mariano Rajoy cambió el escenario de raíz.
Era 2018 y el Ejecutivo exploró con EH Bildu un acuerdo presupuestario. El proceso avanzó pero estalló por los aires a última hora entre acusaciones cruzadas de falta de honestidad. Fue aquel momento el que marcó unos años de distanciamiento y pugna política entre PNV y EH Bildu, las dos primeras fuerzas en Euskadi y en que el Congreso también compiten por mostrarse como socios influyentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin aliados, Urkullu viró en 2019 hacia Elkarrekin Podemos y logró sumar a Podemos y a Equo, pero no a IU. Además, tras el pacto Equo salió de la confluencia y Podemos vivió un cambio de todos sus dirigentes y portavoces. En 2020, ya después de las elecciones celebradas en pandemia, el Gobierno tiró de mayoría absoluta y sacó el proyecto con el apoyo de los escaños de PNV y PSE-EE.