La coalición EH Bildu ha solicitado la comparecencia en el Parlamento Vasco del consejero de Salud, Alberto Martínez, para que explique los motivos de haber decidido volver a adjudicar a la empresa catalana Grup La Pau la parte correspondiente a Bizkaia del servicio de ambulancias no urgentes o programadas, unos 75 millones de euros. La formalización de este contrato se ha hecho esta semana después de que, tras un recurso del sindicato UGT, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) la paralizara en mayo y pidiera a Salud que volviera a revisar la propuesta de Grup La Pau a la luz de que ha recibido una sanción “muy grave” de la Inspección de Trabajo por retrasos en las nóminas.
Sin embargo, en el caso de Álava no se revisó el contrato aunque pesan sobre él las mismas circunstancias que en Bizkaia y, en el segundo caso, se ha dado por buena la “fiabilidad” de la compañía a pesar de que, además de esa infracción, tiene otras 23 de carácter “grave” y problemas muy recientes como el impago de la paga extraordinaria de verano y no solamente en el servicio programado, sino también a los adscritos a las ambulancias urgentes, un contrato plenamente en vigor y ya renovado en 2023.
La portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud, Rebeka Ubera, ha registrado ya la petición de comparecencia, aunque por el pausado calendario del Parlamento se sustanciará previsiblemente a partir de octubre. Ubera argumenta que Grup La Pau no solamente arrastra el problema de no haber abonado la paga estival, sino que en este verano está cometiendo “continuados” incumplimientos de las condiciones del servicio. Menciona que hay unidades de soporte vital sin enfermería y otros directamente fuera de servicio. Indica que esto se está repitiendo a lo largo de todo “junio y julio”. Municipios vizcaínos han formulado también quejas en el mismo sentido.
Salud alegó en un comunicado que la adjudicación tiene el visto bueno de la Oficina de Control Económico. Además, ha explicado que Grup La Pau ha planteado “medidas correctoras” para garantizar el pago de nóminas. Sin tener en cuenta los hechos más recientes, interpreta que fue algo “puntual” lo que motivó la sanción “muy grave” denunciada por UGT. En la documentación interna se pone en valor también la “fiabilidad” de la compañía que en los últimos meses ha llegado a entregar documentos en los que aludía a que estaba al borde de la “quiebra técnica”. El sindicato aludido, por el contrario, considera que los problemas de pagos no son ni mucho menos “puntuales” sino más bien recurrentes.
En paralelo, el sindicato LSB-USO ha recibido una carta “por indicación del lehendakari”, Imanol Pradales, en la que dan acuse de recibo de una comunicación en la que le pedían intervención para resolver el conflicto abierto en las ambulancias externalizadas de Osakidetza. En la breve misiva, el equipo de Presidencia indican que trasladan el asunto al consejero Martínez para que sea él el que gestione la protesta sindical.
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