ELA ha pedido al Gobierno vasco triplicar la inversión pública actual en vivienda social, el 0,2% del PIB, para equiparar el parque inmobiliario a la media de la UE, que se sitúa en el 0,6% del PIB del promedio europeo. El sindicato propone también, como medidas para solucionar la problemática de la vivienda, movilizar las viviendas vacías, paralizar desahucios y controlar los pisos turísticos. Estas propuestas forman parte del informe elaborado por el Gabinete de Estudios de ELA, titulado 'El problema de la vivienda en Hego Euskal Herria: diagnóstico y alternativas' que ha sido dado a conocer este lunes en rueda de prensa, en su sede de Bilbao, por el secretario general del sindicato, Mitxel Lakuntza, el autor y miembro del Gabinete de Estudios, Aitor Murgia, y por la responsable del Comité Ejecutivo de Acción Social, Leire Gallego.
Tal y como ha explicado Lakuntza, este informe “deja en evidencia la grave situación de la vivienda tanto en Euskadi como en navarra” y confirma que esta problemática, no forma parte de las agendas de los gobiernos de ambas comunidades autónomas.
El secretario general de ELA ha detallado que la falta de acceso a la vivienda es el resultado de “políticas especulativas” y de la situación de precariedad social “que padecen muchas personas” porque “lo que se ha fomentado desde los gobiernos es esa especulación”, mientras descendía la inversión pública en vivienda. Como ejemplo, Lakuntza ha mencionado que la vivienda social en Euskadi es tres veces menor que la media europea y en Navarra, dos veces menor. Además, existen en la actualidad entre ambas comunidades, más de 80.000 viviendas vacías, 53.000 de ellas en el País Vasco, lo que evidencia la necesidad de “endurecer” el canon establecido para penalizar la no ocupación de esas residencias por parte de sus propietarios.
Mitxel Lakuntza ha señalado que los Gobiernos vasco y navarro “dejan de lado a decenas de miles de personas, sobre todo jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda” y, como sindicato, además de luchar contra la precariedad laboral, es necesario hacerlo también contra esta otra precariedad, como es la social. En este sentido, el líder sindical ha afirmado que “los gobiernos de Urkullu y Chivite han optado por favorecer los intereses de quienes hacen negocio con una necesidad social básica”, por lo que ha exigido que sea un derecho básico “como la sanidad o la educación” y no, como en la actualidad, cuando “la prioridad de estas instituciones es gastar lo menos posible”. “Estamos a la cola europea en dotaciones presupuestarias para vivienda y, mientras que la media europea es del 0,6% del PIB, en Euskadi es del 0,2% y en Navarra, del 0,29%”, ha denunciado.
Escalada desde 2008
Por su parte, el autor del informe, Aitor Murgia, ha destacado la carestía alcanzada tanto por la vivienda en régimen de alquiler como la puesta a la venta de cara a la posibilidad que se ofrece a miles de jóvenes de acceder a ella. En este sentido ha remarcado que, mientras que la renta media de alquiler se encuentra por encima de los 1.000 euros, el precio de la vivienda en compraventa es superior a los 3.000 euros por metro cuadrado. Tal y como recoge el informe, “el colectivo que más está sufriendo estos altos precios son los jóvenes, donde la edad media de emancipación ha superado los 30 años”. Esta escalada de precios, ha añadido, se ha agudizado “después de la crisis del 2008, cuando las condiciones de financiación por parte de los bancos se han endurecido y la necesidad de ahorrar, en un contexto de precariedad laboral, expulsa a muchas personas de poder comprar una casa”.
Además, para Murgia, resulta “inadmisible” que haya en Euskadi y Navarra más de 80.000 viviendas vacías mientras que los desahucios siguen siendo habituales, ya que, desde 2013, se han ejecutado más de 12.500. Murgia ha destacado que, entre las cuestiones abordadas en el documento se apunta a la “turistificación”, que además de encarecer los alquileres, “desplaza a los residentes de sus barrios, así como realidades” como que los efectos son “aún más graves” para mujeres, personas sin hogar o la discriminación hacia los migrantes.
Campaña
Por todo ello, ELA ha decidido poner en marcha una campaña para exigir medidas concretas que garanticen el derecho a acceder a una vivienda bajo el lema: “Somos exquisitas, queremos vivir en nuestro barrio”. La frase alude a una expresión similar trasladada por el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, quien afirmó que “es de ser muy exquisito querer vivir en el barrio donde uno ha nacido”, ha explicado Leire Gallego. Ante ello, Gallego ha dado a conocer las propuestas de ELA en las que hará hincapié durante esta campaña, y que pasan por “garantizar por ley el derecho subjetivo a la vivienda, impulsar el alquiler frente al modelo de compra venta, limitar los precios del alquiler, obligar a destinar las viviendas desocupadas a alquiler, paralizar los desahucios, la limitación y control de las viviendas turísticas y aumentar el gasto público en vivienda al 2% del PIB”.
En definitiva, ha proseguido, “entender la vivienda como un bien social y no como un bien especulativo”, ha concluido, tras remarcar que el sindicato “trabaja con otros agentes sociales que tratan de afrontar esta problemática”.