Elecciones forales en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa: por qué son relevantes para el entramado institucional vasco

El 28 de mayo no se celebran elecciones autonómicas en Euskadi. Serán en 2024. Pero no solamente hay elecciones municipales como en las otras comunidades en esta situación. Hay también comicios forales. Álava, Bizkaia y Gipuzkoa eligen igualmente sus Parlamentos provinciales, que funcionan exactamente igual que cualquier asamblea legislativa autonómica. En algunos casos tienen más competencias que algunas regiones y hasta más escaños. Pero, ¿qué hay en juego exactamente en las forales y por qué son tan relevantes en el entramado institucional vasco?

Las tres Cámaras territoriales o “Juntas Generales” tienen 51 escaños, 153 en total. Algunos datos: el Parlamento de Navarra tiene 50 asientos, el de La Rioja y el de Castilla-La Mancha 33, el de Murcia 45, el de Cantabria 35 o el de Asturias 45. Esos legislativos se eligen por sufragio universal. La provincia se denomina “territorio histórico” y se divide en circunscripciones comarcales. En Álava, hay un distrito electoral que abarca a todas las zonas rurales que no son Vitoria y la comarca de Ayala (Llodio y Amurrio) que mantiene la denominación tradicional de “Tierras Esparsas”. Esas Cámaras eligen un Gobierno. En las Diputaciones forales, a diferencia de en las provinciales, el jefe del Ejecutivo es “diputado general” y no “presidente de la Diputación” y sus 'consejeros' son “diputados forales”.

En Bizkaia, la sede principal de las Juntas Generales está en Gernika, con el roble que simboliza los fueros vascos. De modo extraordinario, el pleno del Parlamento Vasco de toma de posesión de los lehendakaris se realiza también allí. En Álava, las sesiones plenarias se realizan dentro del propio edificio de la Diputación, es decir, el legislativo está dentro del poder ejecutivo, en concreto, en la planta inferior.

En 2019, de los 153 escaños repartidos en las tres elecciones forales el PNV se llevó 62 y ha sido la primera fuerza en todos los territorios con un 39% de los votos, pero ha gobernado en coalición con los socialistas. EH Bildu sumó 39 procuradores o apoderados -aquí hay diferentes denominaciones para llamar a los junteros-, el PSE-EE 27, Elkarrekin (que ahora aglutina a Podemos, IU, Berdeak Equo y Alianza Verde) 14 y el PP 11. Partidos que nunca han gobernado en Euskadi como EH Bildu o el PP sí lo han hecho a nivel foral, como en la etapa de 2011 a 2015 en Gipuzkoa en el caso de los independentistas o, en el caso de los 'populares', entre 1999 y 2007 y también de 2011 a 2015 en Álava. El histórico dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Buesa fue diputado general alavés entre 1987 y 1991 y José Antonio Ardanza, del PNV, ocupaba ese cargo en Gipuzkoa antes de ser lehendakari. En esta cita con las urnas, EH Bildu ha situado a la hasta ahora jefa de la oposición en Euskadi, Maddalen Iriarte, como su apuesta para recuperar Gipuzkoa y un conocido dirigente del PP como es Iñaki Oyarzábal es el candidato en Álava.

La gran competencia foral -el verdadero factor diferencial del autogobierno vasco- es la de Hacienda. Cada territorio tiene una administración tributaria autónoma que estos días gestiona sus campañas del IRPF, por ejemplo, completamente al margen de la Agencia Tributaria. Son las Juntas Generales las que legislan sobre este impuesto o sobre Sociedades y Patrimonio, aunque no sobre el IVA. Tras varios contenciosos judiciales con regiones vecinas como La Rioja, que entendían que estas potestades se habían usado para hacer competencia desleal ('vacaciones fiscales', se llamaron), durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero se acordó que las normas forales de contenido fiscal tuvieran rango de ley, al mismo nivel que los acuerdos de las Cortes Generales. Con ese blindaje, solamente pueden ser analizadas por el Tribunal Constitucional y no por juzgados ordinarios, como los acuerdos de las entidades locales.

Los territorios históricos tienen competencias forales por el Concierto Económico. Es un complejo sistema de financiación que hereda el modelo de los fueros tradicionales y que se resume en que las Haciendas forales recaudan todos los impuestos, los de regulación propia y los indirectos de regulación estatal. Independientemente del resultado de ese saldo, se abona un Cupo o contribución al Estado por las competencias que retiene en Euskadi, tales como Seguridad Social, Sepe, Renfe/Adif, Guardia Civil o Policía Nacional o por servicios comunes como la política exterior, el Ejército o la Corona. Muy simplificadamente, esa cuantía se calcula haciendo que Euskadi pague el 6,24% del coste total de ese servicio para toda España. [En Navarra hay un sistema muy similar llamado Convenio Económico, con una imputación del 1,6%]. Con el resultante, las diputaciones entregan el 70% al Gobierno vasco para sus competencias, como Sanidad, Educación, protección social o Ertzaintza. Lo que queda es el presupuesto de gestión propia. En 2023, la más potente de las tres Diputaciones, la de Bizkaia, maneja del orden de 1.500 millones. La comunidad de La Rioja, por ejemplo, no pasa de 1.800. Para acordar el techo de gasto de los presupuestos vascos existe un foro de coordinación llamado Consejo Vasco de Finanzas que se reúne cada octubre para establecer los grandes números y que sienta al Gobierno autonómico con las tres Haciendas forales, además de a la asociación de municipios Eudel.

Las Diputaciones tienen también competencias en materia de carreteras, lo que incluye titularidad y mantenimiento. Tras las últimas transferencias de autopistas, el Estado ya no tiene ningún kilómetro de su propiedad en la comunidad autónoma. En los últimos años han ido aplicando sus propios planes de cobro de peajes en la red principal. En el caso de Álava, se mantiene la singularidad de contar con una Policía foral propia que ha sobrevivido como la de Navarra por no haber sido derogada en el franquismo. Ambas provincias secundaron el golpe de Estado en 1936 y mantuvieron los 'fueros'. Esta Policía se llama cuerpo de Miñones y es más antigua que la Guardia Civil. Sus efectivos de uniforme rojo y txapela -ya quedó atrás el cuero marrón- tienen competencias compartidas de Tráfico con la Ertzaintza y también algunas funciones de vigilancia de montes, así como la custodia de edificios y autoridades forales. Se sabe que en un acto está el diputado general de Álava, ahora Ramiro González, porque en la puerta está la patrulla de los Miñones (Miñoiak en euskera). Desde hace años es una sección adscrita orgánicamente a la Ertzaintza aunque la dirija la Diputación. De hecho, ya no quedan miñones como tal y todos son ertzainas asignados a este destino. En Bizkaia y Gipuzkoa existieron estas mismas milicias pero ahora solamente se mantienen nominalmente para funciones de representación. Son los Forales vizcaínos y los Mikeletes guipuzcoanos.

Otro pilar de la gestión foral son los servicios sociales, que absorben el grueso de los presupuestos cada año. Son las diputaciones las que gestionan la tutela de menores, por ejemplo. Y, en la pandemia, adquirió notoriedad que las residencias de mayores son de gestión foral. En Euskadi, las estadísticas de COVID-19 general las daba el Gobierno vasco pero había que complementarlas necesariamente con los partes de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. En general, todas las atribuciones forales están tasadas en la Ley de Territorios Históricos o LTH. No es una norma cualquiera, ya que fue uno de los detonantes de la ruptura del PNV en 1986 y el surgimiento de EA, la escisión ahora integrada en EH Bildu. Los segundos buscaban una mayor estructuración del ámbito vasco frente a la parcelación territorial.