Una empresa de gas deja tiradas a medio centenar de instituciones de Bizkaia para no mantener los precios del contrato

La empresa Multienergía Verde, que suministraba gas a la Diputación de Bizkaia, ocho entidades forales y 46 entidades locales de este territorio, interrumpió de manera brusca el contrato que tenía suscrito con ellos tres meses antes de que llegara a su fin por considerar que la subida de costes de la energía hacía inviable mantener los precios que se habían pactado en el contrato porque la llevaría a la quiebra. En concreto, el contrato estaba firmado para los años 2020 y 2021 -en un contexto de subida de precios energéticos pero antes de que estallara la guerra en Ucrania- pero en octubre del año pasado comunicó tanto a la institución foral como a los ayuntamientos y organismos afectados que interrumpía el suministro del gas por causas “de fuerza mayor”, al no contar ya con el combustible al precio que había pactado en el momento de la formalización del acuerdo con las instituciones vizcaína.

Tanto la Diputación de Bizkaia como varios ayuntamientos como el de Barakaldo, Bermeo, Elorrio, Abanto-Zierbena, Basauri y Santurtzi e instituciones como el Patronato de Deportes y el de Bienestar Social del Ayuntamiento de Bermeo, han iniciado los procedimientos de resolución de los contratos por el incumplimiento de su obligación contractual principal, suministrar gas natural, después de los informes favorables emitidos por la COJUA (Comisión Jurídica Asesora de Euskadi). Esta resolución del contrato lleva aparejada la incautación de la garantía constituida así como la reclamación de indemnización de daños y perjuicios y la iniciación de expediente de prohibición de contratar. La empresa tiene recurridas estas resoluciones por la vía contencioso-administrativa, según han señalado fuentes de la Diputación foral.

El volumen total de este contrato superaba los 8 millones de euros, de los que 6,5 corresponden a las entidades locales, 903. 258 euros a las entidades forales y 535.903 a la Diputación Foral de Bizkaia. Todas las entidades afectadas por la 'huida' de Multienergía, la mayoría integrantes de la central de compras de la Diputación de Bizkaia, que unifica las contrataciones para mejorar los precios y reducir los trámites, tienen ahora el suministro de gas con Endesa, que tiene el servicio adjudicado hasta finales de 2023.

La empresa Multienergía Verde, con sede en Aragón, no ha atendido a los requerimientos de elDiario.es/Euskadi para dar su versión de lo sucedido, pero en las comunicaciones enviadas por la empresa a la Diputación y los Ayuntamientos, la compañía se agarra a cuestiones de “fuerza mayor” sobre las que no ha tenido capacidad de actuación para la interrupción del contrato de forma tan abrupta.

En concreto, según figura, por ejemplo, en el decreto de la alcaldía de Barakaldo en el que se comunican las razones del cambio de suministradora, la empresa envió el 1 de octubre de 2021, un correo electrónico a al ayuntamiento en el que comunica que “con carácter inmediato, procede a suspender el suministro de gas a partir del día 7 de octubre de 2021 por causa de fuerza mayor, por resultar insostenible mantener las condiciones económicas del contrato, por el absoluto desequilibrio económico sobrevenido en las prestaciones del mismo, causado por las circunstancias energéticas actuales totalmente impredecibles, que le afectan directamente como comercializadora de energía”. “Por tanto, si en la fecha indicada no han cambiado de comercializadora, se les pasarán todos los puntos de suministro que tienen con Multienergía Verde a la CUR (compañía energética de referencia) sin que en ningún momento existan cortes de suministro”. El Ayuntamiento de Barakaldo recibió posteriormente, el 5 de octubre, un burofax con idéntico contenido. Este procedimiento, fechas de comunicaciones y las explicaciones de la empresa se repiten con todas las instituciones afectadas. 

En esta comunicación a la alcaldía a la que ha tenido acceso este periódico, Multienergía Verde explica los motivos por los que considera que se trata de una “causa de fuerza mayor”: “Como ustedes sabrán la comercialización de gas natural es una cadena de suministro en la que Multienergía Verde compra a otra comercializadora el gas que luego suministra a sus clientes. Cuando Multienergía Verde o cualquier otra comercializadora se presenta a una licitación ofertando un precio de gas es porque ha encontrado un aprovisionador en los mercados internacionales que a su vez le sirve esa misma cantidad de gas a un precio menor. De modo que Multienergía Verde firma un contrato con ese aprovisionador a un precio X y luego licita por un precio X + su margen comercial. Pues bien, lo que aquí ha acontecido es que a pesar de que Multinergía Verde tenia contratada la cantidad de gas que les iba a suministrar a ustedes, su aprovisionador internacional le ha cancelado el contrato de manera súbita y sin preaviso, cortándonos el suministro alegando causa de fuerza mayor por la crisis energética internacional. Es por eso que para Multinergía Verde es una causa de fuerza mayor porque le resulta completamente imposible suministrarles un gas que a su vez no nos los suministran a nosotros”. Asegura la empresa que “ha actuado con diligencia en la gestión de la cadena de suministro y tenía firmados los contratos de aprovisionamiento”, pero que recibió un comunicado de que su aprovisionador le cancelaba el suministro, por lo que “con la máxima urgencia e inmediatez se ha procedido a comunicarlo a sus clientes, ya que es completamente imposible que Multienergía Verde le sirva un gas que no le sirven a ella”. La comunicación se acompañaba de diferentes extractos de titulares de prensa nacional e internacional encaminados a apuntalar su tesis de que la mayoría de los países del mundo y los europeos, en particular, se hallan sumidos en la mayor crisis energética vivida en la historia moderna. Lo que supone que, “el precio ofertado en su día por Multienergía Verde S.L. en la licitación no tiene sentido alguno en la realidad económica actual del sector del gas en el que debe de desarrollarse el contrato, hasta el punto de que su aplicación le abocaría a unas pérdidas inasumibles que comprometerían la propia existencia y viabilidad de la empresa”.

Justifica además que es imposible buscar alternativas como comprar eses gas en el mercado SPOT (MIBGAS). “Es inviable porque está a unos precios que lo imposibilitan, supondría comprar el gas más de un 70% más caro que el precio de la licitación, lo cual supondría la quiebra inmediata de Multienergía Verde”. También desecha la posibilidad de renegociar el precio del contrato: “Esto tampoco es viable porque Multienergía Verde no dispone del tiempo necesario para realizar esta negociación, ya que le han cancelado el suministro sin previo aviso y de manera súbita, por lo que se pondría en riesgo la calidad del servicio. Además, la única posibilidad sería indexar ese precio a mercado (MIBGAS) y aun en el caso de que el órgano de contratación lo aceptara, tampoco sería viable porque la capacidad financiera necesaria para acometer la precompra a esos precios, junto con la cantidad económica que habría que depositar de garantías ante MIBGAS (decenas de millones de euros) lo hacen completamente inviable.”  

La COJUA avala les reclamaciones y rechaza la fuerza mayor

Las explicaciones de la empresa no son suficientes para la Comisión Jurídica Asesora (COJUA) que los diferentes informes solicitados por las diferentes entidades respalda sus reclamaciones de retener la fianza y solicitar daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato. En estos informes, a los que ha tenido acceso este periódico, la COJUA rechaza el principal argumento de la empresa para romper el acuerdo, las “causas de fuerza mayor”, por lo que la empresa asegura que “no existe responsabilidad contractual alguna que pueda derivarse de la misma”. La Comisión Jurídico Asesora considera que no existe causa de fuerza mayor. “La crisis energética y el aumento de los precios del gas ni encuentra acomodo en los supuestos contemplados por la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público) ni implica, de acuerdo con la construcción doctrinal y jurisprudencial, un cumplimiento imposible del contrato”, señala.

También rechaza la COJUA que se trate de un riesgo imprevisible y señala que la subida de precios que se invoca “bien pudiera considerarse un riesgo posible” por parte de la empresa a la hora de llevar a cabo el contrato, dada la volatilidad del mercado energético. Si embargo, “la contratista en ningún momento buscó —ni siquiera intentó ni dio posibilidad de que se intentara—, si nos atenemos a la información obrante en el expediente, el mantenimiento de la prestación del suministro de gas”. Recuerda también que en el momento de romper el contrato, apenas le quedaban tres meses para su finalización. “Dato relevante a efectos de considerar el alcance que sobre la economía de la empresa suponía la crisis energética y el aumento de precios argüido”. La empresa asegura que mantener el contrato la hubiera llevado a la quiebra.