La empresa Sader, que junto con su hermana Profersa es el último complejo potencialmente contaminante en el Bilbao metropolitano, superó en 2022 y en 2023 el límite máximo establecido en su autorización ambiental para la recepción de residuos “peligrosos”. En la planta entran lixiviados, oleosos, emusliones, lodos y otras sustancias. En concreto, según los datos oficiales facilitados al Parlamento Vasco por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, recibió 86.327,84 toneladas en 2022 y 80.117 en 2023, por encima de los 79.140 previstas en la autorización ambiental. De cara a 2024, la compañía publicita que se le ha ampliado el cupo en un 40% y no se espera que se repita el problema.
La documentación oficial, solicitada por el PP, indica que fue en marzo de 2021 cuando se fijó un cupo para Sader, perteneciente al grupo Agaleus como Profersa, ubicadas en el mismo emplazamiento en Zorroza. Desde entonces y hasta final de año entraron 60.913,09 toneladas. “Es decir, no se superó la capacidad de 79.140”, incide el Ejecutivo. Sin embargo, en 2022 y 2023 ocurrió lo contrario. Hace dos años, el límite se superó en un 9%; el pasado año el desvío fue de algo más del 1%. Fuentes del Gobierno indican que hay un plazo de dos años para aplicar posibles sanciones. Recuerdan que Medio Ambiente “ya ha actuado con incumplimientos anteriores” en Sader. No obstante, en 2023 no se hicieron inspecciones, aunque se espera un control antes de que acabe el año.
¿Qué opina Sader? La compañía incide en que es más relevante la ampliación del 40% en 2024 que los incumplimientos de los dos años anteriores. Considera que hubo pequeñas desviaciones y que, en todo caso, si se suman los residuos “no peligrosos” en ningún caso se ha superado el cupo total “en ningún momento”. El tope para ambos tipos de productos es de 121.140 toneladas anuales y, en 2022, rondaron las 116.000, destacan como ejemplo. Señala Sader, además, que las mediciones son del peso bruto, es decir, que incluyen los “envases” donde llegan los residuos “peligrosos”, que en sí mismos tienen un peso neto inferior a los cupos.
Se da la circunstancia de que Sader está siendo objeto de una investigación penal relacionada precisamente con la gestión de residuos. La causa la ha abierto un juzgado de Donostia a raíz de una denuncia de la Fiscalía. Se analiza la salida de lixiviados desde el CMG-I de Gipuzkoa, la planta de tratamiento mecánico-biológico e incineradora del consorcio foral GHK en Zubieta. Ese material, precisamente en los años 2022 ó 2023, salió hacia dos plantas de tratamiento, una en Artajona (Navarra) llamada Ecofert Sansoain y otra en Bilbao, Sader. A falta de que la Guardia Civil entregue su informe pericial sobre los hechos, la denuncia apuntaba que el envío de los lixiviados se camufló con un código diferente dentro del listado europeo de residuos (LER). El caso llegó a implicar el cierre cautelar de la planta de Artajona.
Asimismo, la empresa hermana de Sader, Profersa, ha estado clausurada también durante unos meses este año. Retomó en julio su actividad ordinaria después del parón motivado por sendos incidentes contaminantes acaecidos los días 26 de abril y 11 de mayo. A la planta de producción de fertilizantes se le exigieron “acciones correctoras” como la “prohibición de uso nitrosulfato en la fabricación de fertilizantes”.
Sader y Profersa son dos empresas del mismo grupo, Agaleus, cuyo consejero delegado de la división de Medio Ambiente es Xabier Caño, que fue director general de Ihobe, la sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno vasco. La actividad de ambas empresas ha motivado una fuerte contestación social. Precisamente este miércoles hay prevista una nueva protesta. Se ha convocado un marcha hasta el Ayuntamiento a las 18.30 horas. “Que la peste que aguantamos, llegue hasta el ayuntamiento”, se quejan desde la plataforma Sader Profersa Kanpora, que aglutina a colectivos vecinales o a movimientos como Ekologistak Martxan o Facua.
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