Empresas del cártel de las consultoras implican a Administraciones vascas en las irregularidades en la contratación

Algunas de las empresas vascas sancionadas en el denominado cártel de las consultoras, una trama de manipulación de unas 200 adjudicaciones públicas en toda España pero especialmente en Euskadi que fue desvelada este mes de mayo por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), explicitaron ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), entre otros argumentos, que no deberían ser investigadas porque “eran las propias entidades públicas licitantes” las que fomentaban las irregularidades y así queda recogido en una sentencia de septiembre de 2017. El casi centenar de contratos detectados como irregulares en el ámbito vasco afecta a consejeros de PSE–EE y PNV del Gobierno autonómico –hay incluso uno de la propia Presidencia cuando el lehendakari era Patxi López– y a instituciones de ámbito más local, principalmente en Bizkaia y en su mayoría del PNV, y a otros organismos como el Puerto de Bilbao, en el que se han encontrado correos electrónicos que probarían esa participación de los poderes adjudicadores.

El 'modus operandi' consistía en la adjudicación de contratos mediante la fórmula del procedimiento negociado, un sistema a medio camino entre el sistema 'a dedo' o directo y el concurso por el cual se piden tres presupuestos y se elige el más competitivo. Pero, como han probado otras investigaciones, algunas de ellas tramas de corrupción como tal, las adjudicaciones estaban teledirigidas hacia una empresa muy concreta y las otras propuestas eran “de cobertura”, erróneas o infladas a sabiendas para no alterar la decisión ya tomada. Aunque la resolución de la CNMC que multa a las empresas implicadas desliza la connivencia de las instituciones y precisa ejemplos concretos como el del Puerto de Bilbao –cuyo director entonces, Asier Atutxa, es ahora responsable de una consultora–, el dictamen no entra a definir esas responsabilidades. Pero sí lo aseguran las propias empresas.

El caso se inició en 2017 en el equivalente autonómico de la CNMC, la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC). Entonces estaba presidida por Pilar Canedo, que ahora es vocal en el organismo estatal. Como había indicios sólidos de un cártel –existía el precedente de las irregularidades entre las empresas proveedoras de los comedores de los colegios públicos– se acordaron registros sorpresa en algunas empresas. Gracias a esas entradas se obtuvieron los correos electrónicos clave para probar los hechos. En ellos se leían cosas como “Necesito una oferta de cobertura para Lehendakaritza. [...] ¿Puedes ayudarme?” o “Necesitamos hacer tres propuestas diferentes para que nos lo adjudiquen. Me explico. Una ppta. sería la de S&F (ésta la tenemos que hacer bonita y bien... no hace falta que sea muy larga...) y otras dos de cobertura... utilizaremos a Deloitte y a otra empresa (que la tengo que pensar...). Por lo tanto, lo primero va a ser que pongas en formato propuesta el documento que elaboraste con el detalle de las horas (te lo adjunto) y luego te tienes que imaginar otras dos propuestas 'perdedoras'... Creo que me explico... Si no, me llamas, ¿vale?”.

Deloitte y algunas filiales, 97S&F y Gestiona XXI Consulting acudieron a los tribunales para anular esos registros. Su gran baza era acusar a Competencia de violar derechos fundamentales al excederse y ordenar la entrada en una propiedad privada para requisar comunicaciones privadas. Insistían en que habrían colaborado con la investigación con un simple “requerimiento”. Tanto Competencia como los tribunales subrayaron que la medida fue proporcionada porque existía “un riesgo cierto de que las partes implicadas” no facilitasen la información solicitada por su carácter comprometedor.

Pero también señalan que el foco de la investigación debería posarse no en las empresas adjudicatarias, sino en las instituciones. Según recoge el fallo del Superior, “es la propia apelante quien apunta la connivencia de las entidades públicas licitantes con las empresas adjudicatarias al referir que si la AVC hubiera realizado requerimientos de información previos habría podido observar cómo eran las propias entidades públicas licitantes las que solicitaban a la futura empresa adjudicataria el nombre de dos empresas a invitar para cumplir con las condiciones que impone la ley”. Aseguran incluso que la Administración dejaba a la empresa preseleccionada que pusiera precio a su oferta y la diseñara a la carta: “Incluyendo en ocasiones el importe máximo de licitación o la preparación de los pliegos de licitación”. En definitiva, las empresas estiman que “eran las entidades públicas licitantes las causantes de las conductas investigadas” y que “cada empresa consultora adjudicataria ofrecía por petición de las entidades públicas el nombre de empresas competidoras”.

EH Bildu: “Estaríamos ante un escándalo mayúsculo”

“De confirmarse tal extremo, estaríamos ante un escándalo mayúsculo al tratarse ya no sólo de un caso de prácticas fraudulentas de las empresas sancionadas sino de la complicidad y connivencia de determinadas instituciones vascas con el consiguiente perjuicio a las arcas públicas”, ha señalado sobre esta resolución judicial de 2017 el representante de EH Bildu Josu Estarrona, que ha registrado en el Parlamento Vasco una serie de iniciativas porque “urge aclarar el papel de determinadas Administraciones”. La coalición abertzale insiste también en que se aclare si realmente existió una denuncia original ante la AVC –como sostiene su actual presidenta, Alba Urresola– o si no fue así –como defiende la CNMC–. Estarrona se pregunta en voz alta cómo organismos de control propios como el Tribunal de Cuentas o la Oficina de Control Económico “no han sido capaces de detectar estos repartos de contratos y ofertas de cobertura, tal y como ha quedado acreditado”.

Precisamente en la sesión de control de las Juntas Generales de Bizkaia, EH Bildu ha solicitado explicaciones sobre esta materia al Gobierno foral del 'jeltzale' Unai Rementeria. La diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Elixabete Etxanobe, ha afirmado que la Diputación no puede “de momento” impedir que las consultoras sancionadas en el expediente participen en licitaciones porque “no están sujetas a prohibición de contratación”. “Si hubiera una sentencia en aras a esa prohibición, la materializaríamos”, ha añadido, según recoge Europa Press.

Además, también las coaliciones Elkarrekin Podemos–IU y PP+Cs se han pronunciado sobre este tema. La coalición dirigida por Miren Gorrotxategi ha calificado de “escándalo” lo ocurrido y también ha mostrado su temor de que “puede tener la connivencia del Gobierno vasco” por su carácter “estable y prolongado”. Esta formación pedirá datos y explicaciones en todas las instituciones porque entiende que lo detectado puede ser “la punta del iceberg”. “Algo huele a podrido en el caso del cártel de las consultoras”, ha asegurado, de su lado, el parlamentario de Ciudadanos y de la coalición PP+Cs Luis Gordillo, que ha señalado a que no es el único ejemplo de irregularidades con mercantiles del “entorno del PNV”.

La investigación de la CNMC se ha saldado con 6,3 millones de euros en sanciones a las empresas implicadas. Son un total de 22 las mercantiles mencionadas, muchas de ellas con sede social en Euskadi y sostiene Competencia que el fin del cártel era “manipular el mayor número de licitaciones de forma sostenida en el tiempo”. Se han descubierto casos durante 10 años, hasta 2018, aunque la AVC no se plantea estirar las pesquisas hasta la actualidad. Deloitte es la compañía que ha recibido la multa de mayor cuantía, 3,99 millones de euros. Las otras empresas vascas condenadas son BMASI Strategy, Competitividad Desarrollo e Innovación, Factor Ideas Integral Services, Gestiona XXI Consulting, IDOM, Innovisions 21, Uliker (PKF Attest) o 97 S&F. Han sido sancionadas igualmente otras grandes como Price Waterhouse Coopers (PWC) o Everis.