Las empresas de transporte escolar tensan la cuerda con Educación y dejan sin servicio a 10.000 alumnos en el primer día del curso

Las empresas de transporte escolar no acatarán la orden de ejecución forzosa decretada por el Gobierno vasco y han decidido no sacar este jueves los autobuses, lo que supone que pueden quedarse sin servicio unos 10.000 alumnos de Bizkaia y Álava en el primer día del curso escolar. Las empresas han presentado recurso contra la orden del Gobierno y pedido medidas cautelares aferrándose a que el suyo “no es un servicio esencial” para garantizar el derecho a la Educación, como señala el consejero, Jokin Bildarratz. No obstante, debido a que se trata de un sector atomizado con muchas pequeñas empresas habrá que esperar a ver el alcance real que tiene finalmente la decisión que han tomado este miércoles.

El Departamento de Educación del Gobierno vasco anunció la semana pasada que denunciará ante la Fiscalía a varias empresas de transporte escolar que hasta ahora venían prestando servicio ante la sospecha de que estén incurriendo en delitos de “concertar precios para obtener mayores beneficios de la administración”. La denuncia, que se ha presentado también ante la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), se dirige esencialmente contra empresas que operan en Bizkaia, donde el concurso para el servicio ha quedado desierto, y de Álava, donde se han adjudicado sólo un 17% de las rutas. Algo que contrasta con el 98% de las rutas que se han adjudicado en Gipuzkoa, pese a que “las condiciones de la oferta de contratación directa para el inicio del curso 2023-2024 han sido las mismas en todos los territorios”, según señaló el consejero de Educación Jokin Bildarratz.

Para garantizar el servicio a las puertas del inicio del curso, el departamento cursó una orden de ejecución forzosa, de tal forma que en “aquellas rutas que no estén cubiertas, serán las empresas que venían prestando el servicio el curso pasado quienes deberán cubrir dicha necesidad”. Esta orden se publicó este martes en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

Con la publicación de esta orden el Gobierno vasco dio por sentado que el transporte escolar estaba garantizado. “El Gobierno sólo entiende que se cumpla la orden y los requisitos que se han establecido”, señaló el portavoz del Ejecutivo Bingen Zupiria. Pero las empresa aseguran que tienen el aval de sus servicios jurídicos para plantarse ante la decisión de Educación.

“Tenemos el refrendo de nuestros servicios jurídicos. Acataríamos la directriz si realmente se ajustase a derecho”, ha señalado Félix Soleto, gerente de Autobuses Soleto, a elDiario.es/Euskadi, que asegura que la decisión la avalan la mayoría de las empresas a las que afecta la orden del Ejecutivo vasco. “No somos un servicio esencial como dijo Bildarratz, somos complementario”, tal y como recuerda que se recoge en el decreto sobre transporte escolar de 2015. En en este decreto que se especifica que “compete a esta Comunidad Autónoma la materia relativa a los servicios educativos, entre ellos, el servicio complementario de transporte escolar”.

El transporte escolar es un quebradero de cabeza para el inicio del curso desde hace tres años. El año pasado, sin ir más lejos, se llegó a un acuerdo in extremis el día antes del arranque del curso con una subida salarial del 24,1%.

Educación recuerda que desde el año 2020 se han presentado tres procesos de licitación, concursos públicos en los que las empresas pueden competir por hacerse con algunas de las rutas de transporte escolar establecidas por el Departamento. “En todo este tiempo, se han presentado un total de 27 recursos a los pliegos de esos concursos públicos ante el OARC -Órgano Administrativo de Recursos Contractuales-, basándose fundamentalmente en que las condiciones económicas presentadas por el Gobierno vasco son insuficientes. Cabe señalar que ninguna de las alegaciones en las que se ha cuestionado el presupuesto del contrato ha sido aceptada por el Órgano administrativo. Además, en las últimas resoluciones, el OARC dictamina mala fe de las empresas y asociaciones al presentar los recursos, de una evidente intención de dilatar el proceso y de argumentos contradictorios, entre otros elementos”, señalaba el departamento.

“Mínimas condiciones de rentabilidad y seguridad jurídica”

Varias asociaciones de transportistas, Agrupación Alavesa de Transportes de Viajeros, Anetra, Asinra-Euskadi y Aundi, han señalado a través de un comunicado que “la Orden del Gobierno vasco para la prestación forzosa del servicio de transporte escolar no se ajusta a Derecho” y han criticado “la ausencia de tiempo material suficiente desde su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco el pasado día 5 de septiembre para organizar y disponer adecuadamente los recursos necesarios”, lo que “imposibilita la prestación del servicio”.

Las empresas afectadas manifiestan, además, “no poder comprender por qué después del compromiso personal adquirido por el consejero de Educación hace más de un año para solucionar el problema derivado de las condiciones de licitación -que comprometen gravemente la rentabilidad y viabilidad empresarial de los operadores y explican el gran número de licitaciones que han quedado desiertas-, éste no haya querido reunirse con el sector a pesar de las reiterados llamamientos realizados en ese sentido por los operadores durante los últimos meses”.

De la misma manera, las empresas del sector “consideran injustas y para nada merecidas las graves acusaciones vertidas por el Consejero de Educación el pasado viernes, antes de que se publicara la Orden recurrida”. Máxime cuando el propio Gobierno vasco, a los pocos meses de alcanzar el acuerdo que posibilitó la continuidad del servicio durante el curso 2022/2023, reprochó que los operadores pretendieron con el mismo perpetuar su situación y evitar una licitación“.

En cualquier caso y sin perjuicio de los recursos interpuestos contra la Orden de la Consejería de Educación, los responsables de las empresas “continúan manteniendo su disposición a que se resuelva la situación de una manera que les permita competir por el servicio de transporte escolar en unas condiciones mínimas de rentabilidad y seguridad jurídica, las cuales no se dieron ni en las últimas licitaciones convocadas en 2023 y que quedaron, como también sucede en otros sectores, desiertas mayoritariamente el pasado mes de julio, ni tampoco en las que fueron anuladas por el OARC en 2021 y 2022”.