El Parlamento Vasco, en el marco de una sesión con media docena de leyes encima de la mesa, ha dado este jueves luz verde a la normativa destinada la protección del arraigo empresarial y que obligará a las empresas a devolver las ayudas públicas recibidas hasta ocho años antes, junto con los intereses de demora, si optan por deslocalizarse por motivos injustificados. Además, ni estas empresas ni sus socios podrán recibir ayudas públicas durante los ocho años siguientes. Estas medidas contra la deslocalización empresarial, iniciativa de EH Bildu, se incluyen en cuatro artículos de la Ley Reguladora de Subvenciones vasca, después del acuerdo al que llegaron en comisión parlamentaria los partidos del Gobierno con la coalición abertzale.
La ley ha salido adelante con el 91% de los miembros de la Cámara, ya que Elkarrekin Podemos-IU también ha votado favor, y sólo se han posicionado en contra PP, Ciudadanos y Vox. “Que la derecha se oponga en tromba a esta ley muestra sus bondades”, ha señalado la parlamentaria de EH Bildu, Leire Pinedo. El debate sobre esta ley, a diferencia de otros que se han sucedido en este jueves maratoniano de aprobaciones de leyes en el Parlamento, ha puesto de manifiesto un alto grado de complicidad entre el Gobierno de PNV y el PSE-EE y EH Bildu, que se han cruzado agradecimientos desde la tribuna de oradores.
El PP ha descalificado con dureza la norma. El parlamentario Luis Gordillo ha asegurado que es “inconstitucional” y también contraria al derecho comunitario por atentar contra la libre circulación empresarial. Pero todos los grupos que han aprobado la norma le han recordado que se trata de una normativa que se basa en una que ya está vigente en Bizkaia desde 2007 y que nadie ha recurrido. También hay una similar en Navarra sin que haya habido ningún tipo de impugnación contra ello.
Pinedo ha defendido que las empresas tienen que saber que si reciben fondos públicos “tienen que comprometerse”, y ha recordado casos recientes de deslocalizaciones y otros actuales, como los de la empresa Glavista, cuya situación de concurso de acreedores se ha debatido con posterioridad a través de una iniciativa de Elkarrekin Podemos-IU, o de Mecaner, cerrada por la multinacional Stellantis para llevarse su producción a China.
La referencia a la deslocalización se incluye en la Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones, que pretende “incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público”, según ha señalado el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu. Entre las novedades, establece que no podrán ser beneficiarias las personas físicas y jurídicas que hubiesen sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo o por incumplimiento de la normativa en materia de igualdad de mujeres y hombres, durante el período impuesto en la correspondiente sanción.
Tampoco podrán adquirir la condición de beneficiarias, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por infracción grave o muy grave prevista en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, o en la Ley de Administración Ambiental de Euskadi, mediante resolución firme en vía administrativa, hasta no haber ejecutado las medidas correctoras pertinentes y haber satisfecho la sanción. No podrán, tampoco, las que incumplan la cuota establecida legalmente de reserva de puestos de trabajo en favor de personas con discapacidad.
La norma pretende promover el cumplimiento del principio de igualdad de mujeres y hombres, así como de colectivos minorizados, y se establece que no se podrá conceder ningún tipo de ayuda o subvención a ninguna actividad que sea discriminatoria en tal sentido. Así mismo, con carácter general, se debe incorporar la perspectiva medioambiental en las subvenciones públicas e incluir en las bases o normas reguladoras medidas para promover la conservación del patrimonio natural de Euskadi entre los criterios de valoración y entre las obligaciones de las personas físicas o jurídicas beneficiarias.
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