Al menos dos de los encarcelados por la corrupción del 'caso De Miguel', el exdirigente del PNV de Álava Koldo Ochandiano y el exdirector de Juventud del Gobierno Xabier Sánchez Robles, han buscado ya una rebaja de la pena de cárcel que están cumpliendo desde julio y mayo, respectivamente. En concreto, según explican fuentes judiciales, quieren que se tenga en cuenta en el cómputo total algún tipo de compensación por las medidas cautelares que tuvieron desde que se conoció la sentencia de primera instancia (diciembre de 2019) hasta su efectiva entrada en la cárcel de Zaballa, a las afueras de Álava. Se trata de la retirada del pasaporte y de la posibilidad de salir de España, así como de la obligación de firmar en el juzgado dos veces al mes para evitar fugas.
En principio, se trata de una rebaja mínima, del entorno de un día por cada diez firmas y de un día por cada seis meses sin pasaporte, como mucho. Un cálculo aproximado muestra que se han podido producir del orden de 80 firmas, lo que implica ocho días menos en la cárcel, y siete semestres con libertad de movimientos limitada, lo que supondría otra semana de descuento. Eso sí, el efecto es casi imperceptible: Sánchez Robles tiene siete años, un mes y quince días de pena máxima y Ochandiano, seis años y nueve meses. Ahora bien, rebajaría también el simbólico paso de la mitad del cumplimiento, otro momento clave para la progresión de grado y la obtención de beneficios penitenciarios. En ambos casos, el final de su pena se sitúa en el entorno de la primavera de 2030.
Las fuentes consultadas recalcan que la libertad con cautelares es descontable, al igual que lo sería la prisión provisional o incluso las horas que pasaron detenidos en el calabozo en marzo de 2010, cuando la Ertzaintza les arrestó por orden del juez de Vitoria Roberto Ramos tras una denuncia del fiscal Josu Izaguirre. Se da la circunstancia de que las condenas ya son más bajas de lo que según el Código Penal tendrían que ser porque se les aplicó en primera instancia una reducción por “dilaciones indebidas”, esto es, por los retrasos acumulados en el sumario desde que se completó la investigación de Ramos (marzo de 2015) hasta que se inició el juicio (enero de 2018).
El tercer excargo encarcelado por esta trama, Alfredo de Miguel, que da nombre al caso y tiene la pena más alta, ya tiene fecha de liquidación para el 2 de julio de 2032. En su caso, es también algo inferior a los nueve años puros de cumplimiento máximo que tenía fijados por la sentencia firma del Tribunal Supremo, ya que entró el 6 de julio. Queda un cuarto implicado en el 'caso De Miguel' que aún no ha entrado en prisión. Se trata de Aitor Tellería, igualmente exdirigente del PNV alavés. Alegó problemas de salud para no ingresar en Zaballa y obtuvo un primer dictamen forense favorable, pero la Fiscalía pidió más aclaraciones y está pendiente de resolverse esta cuestión. Todo apunta a que agosto, siendo mes inhábil en la Administración de Justicia, no acarreará novedades en este sentido. Su pena pendiente es de seis años y mes y medio.
Asimismo, queda pendiente que sean resueltos los indultos políticos que solicitaron De Miguel, Ochandiano y Tellería al Gobierno de España, que es quien puede dictar una medida de gracia conforme a la decimonónica regulación de esta figura. La Audiencia Provincial de Álava, encargada del seguimiento de los condenas, ha plasmado en varias resoluciones que la búsqueda de este resquicio no impide el cumplimiento de la pena en tanto se resuelva e incluso ha subrayado que son peticiones de escasa prosperabilidad.
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