Una semana de huelga, coronada este viernes con una manifestación que ha congregado a miles de trabajadores en Bilbao, no ha servido para desbloquear el conflicto en la enseñanza concertada -en su mayoría religiosa, porque las ikastolas no están convocadas- para presionar a las patronales a la firma del convenio. Los centros escolares se irán de vacaciones navideñas con la amenaza real de que las huelgas volverán a repetirse de nuevo en enero, complicando el curso para buena parte de los 120.000 alumnos que estudian en estos centros. Los sindicatos, no tienen, de momento, noticias de las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA para retomar las negociaciones, por lo que ya han anunciado que “habrá más movilizaciones” en cuanto empiece el curso. Además de esta semana entera de huelga, que acaba este viernes, ya realizaron tres días de paros en octubre.
ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT, todos los sindicatos presentes en el sector, han considerado en la jornada final de los paros que el resultado de esta semana de movilización debería hacer reflexionar a las patronales, porque los trabajadores están unidos. Según las centrales, el seguimiento de esta última jornada de paro ha sido entre el 65% y el 70%, igual que los cuatro días anteriores, aunque la patronal rebaja el seguimiento al 16%, inferior al 21% en que cifraron la huelga el pasado lunes, cuando comenzó. Las centrales instan a la patronal que “la voluntad de negociación que ha expresado públicamente”, ya que Kristau Eskola emitió un comunicado el primer día de paro mostrando su disposición a negociar, “se refleje en la mesa negociadora con contenidos reales”. “Transcurridos 9 meses desde la última mesa, las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA convocaron una mesa negociadora para el 27 de noviembre, pero no trajeron ninguna propuesta. Durante estos cinco días de huelga tampoco han realizado convocatoria alguna ni han trasladado ninguna propuesta”, han criticado.
Las reivindicación fundamental de los trabajadores es renovar el convenio para los 9.000 trabajadores del sector, ya que el actual expiró en diciembre de 2021. De forma previa a este convenio, el anterior estuvo sin renovar 10 años y se produjeron 29 días de huelga antes de que se llegara a un acuerdo. En la situación actual, el acuerdo tampoco parece fácil. Kristau Eskola cree que los sindicatos plantean demandas que pueden poner en peligro la continuidad de los centros, porque los acuerdos con los sindicatos deben contemplar las consecuencias que la bajada de la natalidad tendrá nuevamente en el período de matriculación. “Una realidad que ineludiblemente se impondrá a todos los centros”.
Y al igual que los sindicatos, las patronales miran también al Departamento de Educación como posible solución al conflicto, pero desde el departamento que dirige Jokin Bildarratz, ya se han desmarcado por completo: “No es nuestro espacio. Aquí no, hay una patronal y unos sindicatos”, ha dicho a lo largo de esta semana el consejero, que ha criticado las consecuencias que la huelga puede tener para los alumnos.
Los sindicatos quieren que el nuevo convenio suponga subidas salariales que garanticen la subida del IPC para no perder poder adquisitivo, así como “medidas para aliviar las cargas de trabajo, mejoras para los sectores más feminizados y precarizados, medidas para mantener los puestos de trabajo y contenidos de Formación Profesional”. Los planes de euskera, los planes de igualdad y los planes para abordar la salud laboral y especialmente los riesgos psicosociales también están en el punto de mira de los sindicatos.
La enseñanza ha formado parte este viernes del debate parlamentario, pero no en cuanto a los problemas laborales de la concertada, sino a los malos resultados para Euskadi del informe PISA. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha realizado un ejercicio de “autocrítica” y ha asumido que existe “margen de mejora” ante los resultados que refleja el último informe PISA sobre la situación de la educación en Euskadi, aunque ha subrayado que el sistema educativo vasco es “bueno” y está “lejos de ser un desastre”. Urkullu ha respondido así a preguntas de Elkarrekin Podemos, PP, Cs y Vox al respecto. También el consejero Jokin Bildarratz en respuesta a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU sobre el mismo tema, ha criticado la “utilización política” por parte de la oposición de los resultados PISA para “trasladar un mensaje negativo del sistema educativo vasco” y ha defendido que la próxima semana, se va a aprobar la nueva Ley de Educación que va a ser “integral” y “marca un camino para la transformación y mejora educativa que debe situarse en una perspectiva a largo plazo”.
Sin embargo, desde los partidos de la oposición no se ha compartido la visión poco crítica del Gobbierno. Desde Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi ha denunciado que este informe confirma la “evolución negativa” de la educación en Euskadi en los últimos años, lo que unido a la “brecha” entre los resultados del alumnado autóctono e inmigrante plantea una situación “catastrófica” y pone en evidencia la “mediocridad” del sistema. Desde EH Bildu, Ikoitz Arrese ha afirmado que las denuncias de su grupo “no son catastrofismo, es realidad” y ha señalado que los datos “preocupantes” indican que “baja el rendimiento, sube la desigualdad y se cronifica desgraciadamente la segregación”. Por parte del PP, Carlos Iturgaiz ha asegurado que este estudio muestra el “desplome” del sistema educativo en Euskadi hasta “índices nunca conocidos ”, con un “retroceso sin igual en materias troncales” que ha creado “alarma”, por lo que ha reprochado a Urkullu que haga como que “aquí no pasa nada” y que presida “no un Gobierno en funciones”, sino “un Gobierno en defunción”. El parlamentario de Cs, Jose Manuel Gil, ha asegurado que este informe presenta unos resultados “muy preocupantes”, los cuales ha atribuido al “nacionalismo”. Amaia Martínez, de Vox ha afirmado que los datos del informe “nos deben producir una honda preocupación y llevarnos a una profunda reflexión debido a que nos encontramos ante los peores resultados históricos en las tres categorías analizadas”.
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