El entorno de De Miguel estudia ya pedir un indulto para evitar la condena de cárcel por corrupción

El entorno de Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava condenado a más de doce años de cárcel por delitos de corrupción (nueve de cumplimiento efectivo), estudia ya solicitar un indulto para que el expolítico evite la entrada en prisión, según ha podido confirmar este periódico de dos fuentes cercanas al 'caso De Miguel'. Estas mismas fuentes señalan que ni la defensa ni la familia están detrás de este movimiento y buscan desvincular también la medida de gracia de cualquier connotación política.

En España, el indulto está regulado por una normativa antiquísima, de 1870. Esa ley establece que “pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes o cualquiera otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación”. En este caso, se aferrarían al tercer supuesto. Pueden ser perdonados todos los delitos de manera total o parcial. Su concesión se hace en nombre del jefe del Estado, actualmente el rey Felipe VI, y la tramita el Ministerio de Justicia. Aunque la gracia está en manos del Gobierno, se requiere un informe del tribunal sentenciador sobre el caso concreto. El perdón es individual y no colectivo. Esto supone que una solicitud en nombre de De Miguel no afectaría al resto de excargos orgánicos y públicos nacionalistas implicados en la trama.

Uno de los argumentos que se ponen encima de la mesa, siempre según las fuentes consultadas, es que la pena impuesta a De Miguel es “desproporcionada” a la luz del quebranto económico de los hechos constatados y del tiempo transcurrido desde que se produjeron las conductas delictivas confirmadas. Un dato: Kataia Consulting, la empresa pantalla para el cobro de comisiones ilegales, fue creada en 2005 por De Miguel y sus compañeros en la dirección del PNV, los también condenados Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Y la denuncia inicial que ha dado origen a todo el proceso judicial es de 2009.

La figura del indulto ha ganado protagonismo en los últimos meses tanto por el 'procés' independentista catalán como por la más reciente petición de gracia para el expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE. Sin embargo, según Civio, entre 1996 y 2022 se habían conmutado más de 200 penas asociadas a delitos económicos. En el caso vasco, son cuatro los indultos que constan y todos ellos por casos de mucha menor trascendencia pública.

Estos movimientos en el 'caso De Miguel' son aún incipientes. De hecho, todavía no se ha notificado la sentencia a la Audiencia Provincial de Álava, que es el órgano judicial que se encargará de su ejecución, es decir, de ordenar la entrada en prisión de De Miguel, Tellería, Ochandiano o el exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles, también condenado. Según las fuentes consultadas, una de las partes ha pedido una “aclaración” al Supremo, en concreto en lo relativo a las condenas del exedil en Leioa y socio en varios negocios de De Miguel, Iñaki San Juan. Su pena ha quedado en cuatro años tras el filtro del recurso de casación. Hasta que el alto tribunal no se pronuncie, los autos no volverán a la Audiencia y no se declarará firme la sentencia.

Cuando eso ocurra, se abrirá también un período para presentar posibles alegaciones diferentes al indulto. Pueden esgrimirse, por ejemplo, problemas de tipo médico para entrar en la cárcel. Tellería y Ochandiano han presentado algunas dolencias de salud en los últimos tiempos. Asimismo, los condenados pueden continuar la batalla judicial con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El matiz es que no tiene efectos suspensivos automáticos, si bien en la práctica sí suele posponer la ejecución de las sentencias. Además, el Constitucional solamente atiende a posibles defectos de forma en el proceso o vulneraciones de derechos y no entra a revisar de nuevo los hechos, que se dan por probados ya.

Significativamente, aunque gran parte de la línea de defensa de los condenados durante la fase de la investigación, durante el juicio y en los recursos ante el Supremo era precisamente atacar cómo se recopilaron las pruebas y se construyó la acusación, ninguna de las fuentes consultadas contempla ahora mismo un posible recurso de amparo al Constitucional, que sería lo que abriría las puertas a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. “Mi recomendación es que se ejecute la sentencia cuanto antes”, afirma uno de los asesores legales de los condenados, que admite que todas las instancias han desmontado uno por uno los supuestos excesos cometidos en la causa y que llegaron a incluir acusaciones de que se manipularon documentos clave que probaban los flujos de dinero ilícitos, como un cuaderno manuscrito con referencias a dinero “negro” o a porcentajes hallados en casa de Ochandiano.