El entuerto jurídico por la detención de los responsables de Zaldibar eclipsa los avances en la investigación

La detención del dueño de la empresa gestora del vertedero de Zaldibar, José Ignacio Barinaga, y de otros dos responsables del vertedero ha desembocado en un entuerto jurídico entre la Ertzaintza, que practicó los arrestos y mantiene a estas personas bajo custodia en la comisaría de Eibar, y el juzgado de Durango que dirige la investigación sobre el accidente que causó un desastre ambiental en febrero y que mantiene sepultados bajo una lengua de residuos a dos trabajadores. Si en un primer momento fuentes de la Ertzaintza aseguraron que actuaron como Policía judicial, la magistrada Sofía María Sánchez Ortega ha emitido un comunicado en el que asegura que “la operación se enmarca, exclusivamente, dentro del ámbito policial” y que ella no ha dictado “ninguna orden de detención”. No se ha pronunciado en ningún sentido la otra magistrada de Durango que analiza lo ocurrido en Zaldibar, en este caso la vertiente más laboral, si bien estas actuaciones están en 'stand by' por vacaciones.

En una “Nota aclaratoria”, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha enfatizado que agentes de la Policía judicial de la Ertzaintza adscritos al caso de Zaldibar pusieron en conocimiento de la instructora “los avances de la investigación” y es ahí cuando se “propuso” la detención de los posibles responsables de los delitos investigados. La Policía insiste en que la juez Sánchez Ortega tenía “conocimiento” de las actuaciones y remarca que, de hecho, tras la realización de las diligencias policiales las tres personas pasarán a disposición judicial. Fuentes judiciales y policiales admiten a este periódico que esa comunicación, en efecto, se produjo y que todas las partes eran conocedoras de la situación. El matiz es que la instructora asegura que no dio ella la orden y que la Ertzaintza indica que se actuó en todo momento con “autorización”.

Estos hechos han opacado el que, sin duda, ha sido el gran avance hasta la fecha en la investigación de lo ocurrido en Zaldibar desde que se iniciaron las causas judiciales. Los arrestados son el dueño, José Ignacio Barinaga, su sobrina Arrate Bilbao, administrativa, y el responsable técnico de las instalaciones, el ingeniero Juan Echevarria. Es más, la empresa gestora, Verter Recycling, ha aprovechado las circunstancias para calificar de “ilegal” y “contraria a Derecho” la operación policial. “No se dispone de ningún auto judicial que dictamine esta actuación y la propia Policía ha confirmado a los representantes legales de la propiedad que la decisión es suya, no del juzgado [...]. Es una detención ilegal”, ha despachado la compañía, que conoció por boca de uno de los trabajadores ahora atrapados 48 horas antes del desprendimiento que había ese riesgo.

Según Verter Recycling, la “disposición” de la empresas y de sus gestores ha sido siempre la de “colaborar” con la investigación y no entienden que cinco meses después de proceda a a una detención cuando, al menos en el caso de Barinaga, ya ha pasado con anterioridad por el juzgado. Por el contrario, la plataforma Zaldibar Argitu considera un paso “contundente” y “necesario” el ocurrido en las últimas horas. “Aunque llegue tarde es una buena noticia”, incide. No obstante, añade que no solamente toca depurar las responsabilidades penales, sino también las “políticas”. Plantean que el que ha sido consejero de Medio Ambiente en la última legislatura, el socialista Iñaki Arriola, no continúe en el cargo.

Sobre el motivo de las detenciones, poco se conoce salvo que han sido los nuevos elementos aparecidos en la investigación los que han llevado a la Ertzaintza a practicar los arrestos. Sí trascendió que la Policía emitió un informe en el que apreciaba indicios de criminalidad en la gestión de Verter Recycling, esto es, que sus actuaciones negligentes pudieron conducir al deslizamiento del vaso del vertedero, con las consiguientes consecuencias ambientales y personales.