Cuando la escuela concertada (que es gratuita por ley) te lleva a los tribunales para cobrarte 7.172 euros en cuotas

El colegio privado Waldorf Geroa, ubicado a escasos kilómetros de Vitoria pero en el pueblo de Trocóniz, ya municipio de Iruraiz-Gauna, se ha dado a conocer en esta pandemia por haber tenido un brote con 41 casos de COVID-19 y por tener una investigación abierta por no haber querido aplicar las medidas preventivas, como el uso de mascarillas. Pero ahora este centro está llevando a los tribunales a familias de los estudiantes para que les abonen cuotas mensuales por la educación que ofrecen, práctica expresamente prohibida para las escuelas concertadas con fondos públicos, que han de ofrecer servicios educativos gratuitos y regirse por las mismas normas que las públicas. Es más, la dirección avisa en sus comunicaciones de que, en caso de no saldar la “deuda”, se impedirá la matriculación en cursos sucesivos.

Una de estas demandas ha llegado a la familia A., a la que los abogados contratados por el colegio le reclaman 7.172 euros correspondientes a las mensualidades de los dos niños durante los cursos 2018/2019 y 2019/2020. Las primeras cartas oficiales les llegaron en julio del pasado año y se cerraban con una advertencia: “Si en este tiempo no llegamos a un acuerdo, tendréis que ir buscando una plaza en otro centro para vuestro hijo cara al próximo cursos 2020/2021 pues no podrá seguir en Geroa Waldorf Eskola”. Se adjunta a la comunicación una larga lista de facturas emitidas por una “asociación cultural” llamada Nuevo Hilo de Oro y que está domiciliada en el mismo lugar que el colegio.

La normativa sí permite que los centros concertados cobren por “servicios” como el comedor, por el material escolar o por actividades extraescolares. Este resquicio es utilizado por muchos de ellos para fijar un sucedáneo de cuotas que, en la práctica, sirven para seleccionar al alumnado. En Vitoria, por ejemplo, son ya muchos años en que se viene denunciando la segregación que ha llevado a guetizar centros públicos. Sin embargo, este centro las denomina “cuotas colegiales” y, de hecho, en las facturas los conceptos utilizados son “Cuota escuela primaria” o “Cuota escuela secundaria” y se diferencia claramente de otras para “Material escolar” o “Matrículas”. Además, el primer hijo abona 360 euros y el segundo un 50%, lo que muestra claramente que no se abonan “servicios”, como permite la normativa.

La demanda contra la familia A. está ahora mismo residencia en el juzgado de primera instancia número 6 de Vitoria, al que se ha dirigido la abogada del colegio para activar un pago mediante requerimiento judicial. Se da la circunstancia de que el documento presentado está plagado de errores y que plantean que se celebre un juicio “orinario” y no “ordinario”. Los A. han tenido que contratar igualmente a un letrado y presentar un recurso. En sus alegaciones destaca en primer lugar que el colegio actúe para cobrar las deudas con una entidad llamada Nuevo Hilo de Oro. Ambas tienen un CIF diferente. Lo consideran una “falta de legitimación activa”. Y, sobre el fondo, se reseña que no puede existir ninguna deuda sobre “impago de cuotas de educación”. Presentarán próximamente más documentación.

En paralelo, como ha venido publicando este periódico, otro juzgado de Vitoria investiga lo ocurrido en Waldorf Geroa en la primera parte de este curso. El Departamento de Educación constató en varias inspecciones que no se aplicaba adecuadamente el protocolo de prevención de la COVID-19. Finalmente, el expediente acabó en la Fiscalía después de que un brote obligará a clausurar el centro totalmente durante unos días en noviembre.