Las personas extranjeras que fueron víctimas de la estafa de la abogada María Carmen Fermoso, un gestor y varios empresarios se han concentrado este martes en Bilbao ante la oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en protesta por la denegación de la renovación de sus permisos de residencia, que hace un año les concedieron para testificar en los juicios contra la letrada en concepto de colaboración con la justicia. “Estamos aquí porque queremos que nos escuchen y hagan lo que tienen que hacer. Nos dieron unos papeles con los que no podemos trabajar y ahora que tenemos que renovarlos, nos dicen que no se puede”, denunciaba este martes Nbaye Ciss, una de las víctimas del engaño perpetrado por Fermoso, quien se encuentra en prisión preventiva desde mayo de 2013.
La promesa de un contrato de trabajo con el que poder tramitar su permiso de residencia fue lo que llevó a decenas de inmigrantes a tocar la puerta del despacho de esta abogada, quien les cobró entre 1200 y 2000 euros por unos contratos ficticios que jamás se llegaron a formalizar. “Se trata de un caso grande de estafa en el que hay varios procedimientos abiertos y estas personas están dentro de ellos como testigos, por lo tanto siguen colaborando con la justicia. Llegaron hasta aquí, fueron estafados y aun quedan juicios en los que deben testificar, pero el permiso de residencia que les concedieron era de un año y ahora no les dejan renovar”, cuenta Brígida Ridruejo, miembro de SOS Racismo.
Los inmigrantes no se dieron cuenta del engaño hasta el momento en que hicieron los trámites pertinentes para regularizar su situación. “Entonces les dijeron que no les daban los papeles porque los contratos eran falsos, de modo que se quedaron sin regularización, sin trabajo y sin el dinero que habían pagado por ello”, explica Ridruejo.
Deniegan la renovación de sus permisos
Deniegan la renovación de sus permisosDe esta forma, pidieron testificar contra la abogada y se les concedió un permiso de residencia válido para un año. A fecha de hoy aun quedan juicios pendientes, pero el tiempo ha pasado y deben renovar los permisos. Sin embargo, Extranjería ha cambiado las condiciones y esas renovaciones están siendo denegadas. “Para poder renovar esos papeles nos piden unos contratos de un año o unos ingresos superiores a 2000 euros mensuales, pero todos sabemos que eso es muy difícil en estos momentos”, asegura Cyss. “La gente que vive aquí, que ha nacido aquí y quiere trabajar no puede porque no hay trabajo. Si no hay trabajo para la gente de aquí, menos hay para nosotros y además nos piden un contrato de un año que es imposible conseguir. No sé qué vamos a hacer”, se preocupa.
Su compañero Mohamed Ben Abdallah se encuentra en la misma situación. “Llevaba mucho sin papeles, luego encontramos a esta abogada para darnos un contrato. Nosotros pensábamos que iba a salir todo bien, pero nos ha robado el dinero. Fui a presentar los papeles con la RGI y han tardado dos semanas en decirme que estaba denegado, que no puedo renovar nada. Es muy difícil conseguir un contrato de trabajo ahora. Yo llevo siete años aquí, he hecho siete u ocho cursos de todo, pero ahora es muy complicado conseguir algo”, asegura Abdallah.
Ambos llevan mucho tiempo residiendo en Bilbao y, aunque no quieren, ahora se ven abocados a tener que volver a sus países de origen. “Si yo vine aquí era para trabajar, para mejorar. No vinimos aquí como piensan algunas personas para pedir ayuda y solo dormir. Nosotros también queremos trabajar, queremos mejorar nuestra vida y el país donde vivimos”, apunta Abdallah, quien comparte la opinión de Cyss que señala que todo es muy complicado. “En todos lados hay gente buena y gente mala que hace cosas que no debe hacer. Vinimos aquí para ayudar a nuestras familias, no estamos aquí para hacer algo malo. Pero si alguien nos promete una cosa, luego hace otra, no podemos hacer nada. Lo que tenemos que hacer es colaborar con la justicia para que ellos castiguen a estas personas que nos han hecho esto, pero el juzgado es muy lento”, añade.
En relación a ello, desde SOS Racismo recalcan que “Bilbao es el lugar en el que viven, algunos llevan aquí 8, 10 o incluso 12 años y dejarles sin permiso de residencia ahora no tiene sentido cuando han sido estafados y tienen un arraigo más que demostrable”. Según afirma Ridruejo, “han sido víctimas de un abuso de la legitimidad que tiene una abogada para asesorar en materia de extranjería a una población que es muy vulnerable y que, además, se tiene que enfrentar a una Ley de Extranjería con unas condiciones muy restrictivas que no les deja regularizar su situación”.