Euskadi adaptará las ayudas a refugiados de Ucrania, que cobrarán entre 400 y 900 euros mensuales en 2023

El Gobierno vasco tiene ya listo el cambio normativo que se producirá el 1 de enero 2023 en lo relativo a las ayudas a refugiados procedentes de la guerra de Ucrania. En esa fecha entrará en vigor un sistema común regulado por el Ejecutivo central y finalizará el plan autonómico Azken Sarea Indartzen Ucrania, que ha beneficiado a 1.123 personas que huían del conflicto bélico y que ha implicado un desembolso de 2.479.773,87 euros. Al ser un nuevo modelo, habrá cambios de todo tipo, algunos más favorables a los perceptores y otros no tanto. Por ejemplo, las cuantías pasarán de los actuales entre 480 y 520 euros a entre 400 y 900. Al ser Euskadi la única comunidad autónoma con un plan de estas características, el resto tendrá que empezar de cero.

Un reciente informe de la Dirección de Migración y Asilo del departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Beatriz Artolazabal –que previsiblemente dejará el cargo de consejera en febrero para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Vitoria por el PNV– apunta a que el Estado ha transferido a Euskadi 2.124.144 euros para estas prestaciones de cara a 2023, un 15% menos de lo abonado con recursos propios en 2022. Se recalca que es una partida cerrada, “previendo, en su caso, la terminación de las ayudas si se alcanzara el máximo dispuesto”. Se explica en ese documento que “en el momento en el que se acabe el crédito, se interrumpirán las prestaciones”. No obstante, si se previera tal circunstancia, “se reducirán las prestaciones a la cuantía básica”, es decir, a 400 euros, “para tratar de atender al mayor número de personas”. Las fuentes consultadas, en todo caso, recuerdan que la reciente reforma de la renta de garantía de ingresos (RGI), que previsiblemente entrará en vigor en abril tras haber sido ya validada por el Parlamento Vasco, incluye la previsión de que los refugiados puedan acceder al sistema en las mismas condiciones sin acreditar tres años de empadronamiento en Euskadi, que es el plazo ordinario para los extranjeros.

Se mantiene el cobro máximo durante seis meses de las ayudas, como hasta ahora, aunque ya no tendrán carácter retroactivo las solicitudes. Euskadi indica que “no se ha podido mantener el plus de la cuantía que beneficiaba a las familias monoparentales”. El modelo estatal, en concreto, prevé una tabla con 400 euros para una persona sola, 800 para una pareja y 100 euros adicionales para unidades convivencia de más miembros, sean adultos o menores. En cuanto a las familias monoparentales, con un menor a cargo la cantidad ascenderá a 500 euros, con dos a 600 euros y con tres o más a 700 euros. Quedan fuera del sistema los menores no acompañados, aunque Euskadi estima que “casi la totalidad” están atendidos por los organismos competentes, en este caso las diputaciones.

¿Los requisitos? Se pedirá el “estatuto de protección temporal”, tener empadronamiento en la comunidad autónoma o al menos la solicitud y, fundamentalmente, “carencia de medios económicos” –el máximo de ingresos propios sería de 1.190 euros en el caso de una familia monoparental de cinco miembros, por ejemplo– y no estar ocupando una plaza de alojamiento en un dispositivo estatal. Los beneficiarios pueden estar o bien acogidos o bien alquilados. Para tramitarlas, no habrá cambios: el Gobierno vasco delegará en la red de Cáritas, con oficinas en Bilbao, Donostia y Vitoria. “Las ayudas serán compatibles con las Ayudas de Emergencia Social de carácter finalista [AES, aportaciones extraordinarias para gastos igualmente extraordinarios] pero se suspenderían en el caso de que se tuviese acceso a la RGI”, señala el Ejecutivo vasco, que también se reserva el derecho a suspender los pagos “cuando se abandone o rechace, de manera injustificada, el itinerario de integración propuesto”.

Desde el inicio de la guerra hace diez meses, se han recibido 1.179 peticiones para acceder al sistema, de las que 1.123 han sido resueltas satisfactoriamente. Hace seis meses, en junio, eran 409 las familias apoyadas económica. Desde entonces, se ha saltado de un gasto de 246.463 euros a los 2.479.773,87 con los que se cierra el año. En total, se estima que 4.046 ucranianos han solicitado la protección internacional temporal en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa. El ritmo de llegadas se ha ralentizado ya que para el 26 de abril ya habían llegado los primeros 2.000 y el resto han ido asentándose más lentamente. Son 1.924 mujeres, 566 varones, 801 niñas y 755 niños. Por territorios, 685 se han instalado en Álava, 1.641 en Bizkaia y 1.720 en Gipuzkoa, que nota el efecto de ser fronteriza con Francia. En otros ámbitos, 1.738 personas tienen ya una TIS o tarjeta sanitaria de Osakidetza, 982 menores se han escolarizado, 449 adultos se han matriculado en centros de idiomas o EPA y 570 han recibido “acompañamiento o atención psicosocial”.