Euskadi admite que la principal empresa de ambulancias, Grup La Pau, quiere renunciar a los contratos de Álava y Bizkaia

La viceconsejera de Administración y Financiación del Departamento de Salud, Lorea Bilbao, ha admitido públicamente por vez primera que la principal empresa adjudicataria del servicio de ambulancias de Osakidetza, la catalana Grup La Pau, que gestiona el transporte sanitario programado y urgente de Bizkaia y de Álava en su integridad, ha mostrado ya su intención de renunciar a los contratos que le atan con la Administración vasca. Aunque la compañía y el propio Gobierno de Imanol Pradales habían desmentido tajantemente la información publicada por este periódico en septiembre, que venía contrastada con fuentes directas, Bilbao ha confirmado que si bien no existe tal petición por escrito sí la han verbalizado en las continuadas reuniones que mantienen con la contratista, aunque siempre con la intención de que la salida sea “ordenada”.

Bilbao, que ha comparecido en el Parlamento Vasco a instancias de la oposición (en este caso, de EH Bildu), ha fijado el 30 de noviembre como fecha para tener una nueva empresa adjudicataria del servicio en Bizkaia y en Álava. Ambulancias Gipuzkoa gestiona el transporte sanitario en ese territorio sin incidencias desde la firma de las últimas adjudicaciones. Como en su momento manifestó el consejero, Alberto Martínez, en un encuentro con medios de comunicación, el Ejecutivo está dispuesto a activar ya procesos de contratación por la vía de urgencia para sustituir a Grup La Pau.

Grup La Pau desembarcó en Euskadi en 2020. Precisamente el primer contrato se lo firmó como alto cargo Ibon Etxebarria, que ahora es el gerente de la cooperativa en Euskadi y que tuvo que dimitir por saltarse las restricciones de la COVID-19 para ir a jugar al golf (así se lo ha recordado Rebeka Ubera, de EH Bildu). Con sucesivas adjudicaciones, ha capitalizado el servicio programado (vehículos azules y blanco) y urgente (amarillos) en Álava y en Bizkaia. En 2023 se inició la renovación de las contratas. Se hizo sin incidencias el del servicio urgente pero con el programado estalló una gran crisis. UGT logró retrasar unos meses la firma del contrato al alegar que una empresa con sanciones “muy graves” de la Inspección de Trabajo por impagos de nóminas no puede obtener contrataciones de la Administración.

Sin embargo, ya con el equipo actual, incluida Bilbao, se acordó ratificar la adjudicación en julio. La viceconsejera ha reconocido que se hizo en base a documentos teóricos que comprometían mejoras en el pago a los trabajadores pero que, casi simultáneamente, ese mismo mes no se abonó “bien” la paga extraordinaria de verano. En concreto, el 70% de la plantilla se quedó sin el 75% de las cantidades que les correspondían. Asimismo, el hartazgo de la Administración ha crecido por el incumplimiento del propio servicio, con ambulancias con retrasos o directamente fuera de servicio durante el verano. Ha citado incluso que no se está haciendo el mantenimiento de las furgonetas. La 'número dos' de Salud, en todo caso, ha prescindido de las críticas a la plantilla que se habían plasmado por escrito en otras ocasiones.

Se da la circunstancia de que esta es una semana decisiva para el contrato de ambulancias. Este martes hay convocada una reunión de La Pau con el Ejecutivo y, después, está ya citada la plantilla para dar cuenta de las posibles novedades. Otras empresas del sector ya están preparando posibles alternativas para que no decaiga el servicio. Euskadi ya vivió una salida abrupta de otra firma en 2020 y no se quiere repetir esa imagen. Bilbao, asimismo, ha dejado como reflexión que “a partir de 2026” el Gobierno autonómico podría plantearse la “publificación” de parte del servicio de ambulancias en Euskadi. En Navarra es una medida ya adoptada recientemente. El PSE-EE se ha felicitado de que el PNV asuma los criterios de otras autonomías socialistas.