Euskadi aprueba ahora una normativa para recoger denuncias de corrupción y proteger a los informadores

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha aprobado en junio, como publicó este periódico, un decreto para establecer un canal para recibir denuncias de posibles casos de corrupción o irregularidades en la Administración autonómica y para proteger a los denunciantes. Lo hace después de un lustro rechazando propuestas de la oposición en el mismo sentido -particularmente de EH Bildu pero también de la exparlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga- y por imperativo de las normativas comunitarias y estatales. El Ejecutivo insiste en que desarrollará este marco con una futura Ley de Transparencia, pero ese texto ni siquiera ha sido remitido al Parlamento y es altamente improbable que quede margen en los meses que restan de legislatura para que reciba luz verde en la Cámara a pesar de la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE, los socios de Gobierno.

Según el comunicado oficial de este martes, se trata de un decreto que “crea y regula el canal interno de información de infracciones normativas y de protección de las personas informantes” y “supone un fortalecimiento de una cultura de fomento de la colaboración ciudadana en la preservación del interés público”. El consejero-portavoz, Bingen Zupiria, ha indicado que el Ejecutivo “esperaba desde 2019” esta normativa y que, en cuanto se han conocido las bases europeas y españolas, se ha desarrollado en Euskadi “con carácter urgente”.

Sin embargo, en febrero, con la última propuesta de Oficina Anticorrupción de EH Bildu, esta iniciativa ni se mencionaba en el informe contrario emitido por el Gobierno antes de la tramitación parlamentaria del texto de la principal fuerza de la oposición. “Se trata de una iniciativa prácticamente idéntica presentada por el mismo grupo parlamentario el 15 de septiembre de 2020 y que también entonces fue rechazada. Las razones manifestadas entonces para su rechazo son prácticamante similares a las de ahora. En resumidas cuentas, porque en el momento actual ya existe y está en vigor en el ámbito de la comunidad autónoma de Euskadi un dispositivo jurídico e institucional vigente y activo para promover la integridad, impulsar la transparencia y prevenir y combatir la corrupción en las administraciones públicas vascas”, sostenía el área de Gobernanza Pública y Autogobierno de la consejera Olatz Garamendi, la que se encarga de estos asuntos.

Enumeraba que era innecesario un mecanismo más habiendo Oficina de Control Económico (OCE), interventores municipales, Tribunal de Cuentas (autonómico y estatal), Ararteko y Defensor del Pueblo, Agencia Vasca de Protección de Datos, Comisión de Ética, servicio de registro de personal -el que revisa los conflictos de intereses-, una comisión para resolver peticiones en aplicación de la normativa estatal de transparencia, jueces y fiscales. No mencionó tampoco a la Ertzaintza. “Ese modelo se fundamenta en la creación de nuevas estructuras organizativas y de coste público importante que en la regulación de una acción pública comprometida con los principios y valores de la transparencia y el buen gobierno”, se le dijo también a EH Bildu.

Ahora, en cambio, la lectura que se hace es que “constituye una oportunidad para profundizar en la búsqueda de la integridad de las instituciones, de las empresas y de las personas que conforman el entramado social y económico de la comunidad autónoma de Euskadi”. En principio, el nuevo buzón se limitará al personal público y únicamente de la Administración autonómica y asimilados, no de diputaciones o ayuntamientos. El Gobierno insiste en que el “canal externo” llegará con la Ley de Transparencia. Zupiria ha indicado primero que la ley ya estaba presentada y luego, a preguntas de los periodistas, ha matizado que el Ejecutivo la está ultimando y que será aprobada como proyecto en 2023. Con toda probabilidad, no tendrá margen para completar esta legislatura el trámite parlamentario y decaerá.

Indica el Gobierno que las denuncias que lleguen serán tratadas con “estricta confidencialidad”. Al frente de la nueva oficina se situará un alto cargo “independiente” que será propuesto por Garamendi. “No podrá recibir instrucciones de ningún tipo”, sostiene el Ejecutivo, que ha optado por dar una duración de seis años a este nombramiento de modo que no coincidirá con las legislaturas naturales, como ocurre con los vocales de la Autoridad Vasca de la Competencia o del Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Tendrá rango de director y un salario aproximado de 75.000 euros anuales. Si de las pistas recibidas se vieran indicios de delito, se trasladarán los hechos a la Fiscalía.