Por ley, los colegios privados que han sido concertados han de procurar una enseñanza gratuita porque, en pura teoría, cubren la demanda que no puede atender la pública. En Euskadi, sin embargo, se ha creado un modelo dual con el 50% del alumnado fuera de esta red por la pujanza de centros religiosos, ikastolas y cooperativas y han condenado a la guetización a muchos colegios e institutos. Históricamente, además, han creado barreras de acceso con el cobro encubierto de cuotas imposibles de alcanzar para las familias de menor nivel socioeconómico. Este lunes, en el Parlamento Vasco y en el marco del pacto educativo alcanzado hace unos meses entre los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y las principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, el consejero Jokin Bildarratz ha prometido “políticas para asegurar la gratuidad”. “Se activarán los mecanismos de control necesarios para que la gratuidad de la enseñanza sea observada y quede erradicada toda práctica abierta o encubierta de cobro de cuotas por enseñanza”, ha solemnizado el titular de Educación, que ha indicado que esta medida estará en marcha desde el próximo curso escolar, el 2022/2023.
“Entre los compromisos adquiridos estarán el de asegurar los procedimientos mediante los cuales la Administración aprobará los cobros que los centros concertados van a realizar por actividades complementarias o de servicios y publicar en el BOPV al menos una vez al año las cantidades aprobadas y sus conceptos, todo ello en aras a garantizar la debida transparencia. Y también desarrollar la normativa necesaria para que los centros que concierten con la Administración se sujeten a las auditorías que se estipulen y a las normas de transparencia contable que permitan asegurar el carácter finalista en el empleo del dinero público y la unificación de criterios, también auditables, entre todos los centros del servicio vasco de Educación en la afluencia de otras fuentes de financiación. Dicha normativa contemplará la creación de la unidad administrativa que se determine para realizar las tareas de auditoria económica. Esta acción se prevé se ponga en marcha para el último cuatrimestre del 2022”, ha explicado Bildarratz, que ha acudido a la Cámara a detallar el cronograma para el despliegue de todas las novedades que comportará el pacto educativo, que son casi medio centenar.
Menos ambiciosa en el tiempo es la iniciativa para evitar la sobreoferta de la concertada y que deje de competir con la pública para pasar a ser lo que jurídicamente es, un servicio complementario y subsidiario, hasta el punto de que queda pospuesta para la siguiente legislatura o, como mucho, para los estertores de la presente. “Nuestro compromiso es asegurar que toda familia que desee una plaza en una escuela pública pueda acceder a ella. Es por eso que se ampliarán plazas públicas, aplicando los mecanismos de planificación que se estimen más eficaces especialmente en las zonas urbanas más densas. Diseñar el plan de la escuela pública vasca requiere de su propio proceso y nuestra previsión es que se presente en el Parlamento Vasco en el segundo cuatrimestre del 2024”, ha dicho Bildarratz. Y ha añadido: “Se irá racionalizando la planificación por medio de una oferta ajustada a la demanda, evitando sobreofertas que pueden dar lugar al aumento de la segregación y apostando por una distribución equilibrada de la diversidad. La elaboración de la oferta educativa se realizará bajo los principios de planificación educativa, de aseguramiento de una oferta pública suficiente, y sobre todo de la búsqueda de la cohesión social. Sabemos que nos será una tarea fácil, pero tenemos que hacer todo lo posible para que la sociedad se haga coparticipe de esto principios de equidad y justicia social”.
En el plan hay un punto para publificar centros privados, aunque Bildarratze no ha entrado en honduras. “Dentro del ámbito de la planificación estratégica, nos comprometemos también a desarrollar la normativa que permita la publicación de centros que respondan a las necesidades de la planificación de oficio de la Administración educativa”, se ha limitado a apuntar. Bildarratz, además de prometer un informe sobre el coste real de las plazas concertadas, ha anunciado también otro sobre la segregración, la otra cara de la misma moneda.
A ese respecto, ha señalado: “Sabemos que una composición social determinada de los centros (con mayores concentraciones de alumnos con un status socio-económico más bajo, o con lenguas diferentes a las nuestras, por ejemplo), pueden condicionar las oportunidades de aprendizaje, e incluso los resultados académicos. Y nos preocupa. Nos preocupa también porque un menor equilibrio en la composición social entre centros puede dificultar la necesaria cohesión social de nuestro sistema escolar y por extensión, la de nuestro territorio. Nos preocupa, y por eso tenemos la determinación de ser parte de la solución. Ahora bien, es un problema complejo que no se explica, ni por tanto se podrá resolver, únicamente desde una perspectiva educativa, ni sólo con el compromiso de la comunidad educativa. Es un problema complejo. Las concentraciones o la segregación-escolarización diferenciada que se dan en el ámbito escolar (y dicho sea de paso, siempre se han dado aunque no de manera tan visible como con la presencia de la población extranjera) son un fenómeno complejo que responde a múltiples factores, como la estructuración socio-urbana de los territorios, las desigualdades sociales, el mercado laboral, así como los procesos sociológicos que se ponen de manifiesto en el campo de la elección escolar y que acaban derivando en preferencias y patrones diferenciales de elección por parte de las familias”. Habrá cambios en el sistema de matriculación para evitar que se emplee para guetizar centros.
El consejero de Educación también ha entrado al debate que se está dando entre los centros y familias que desean mantener la jornada partida o los que apuestan por un horario continuo. Se ha inclinado más por jornadas de mañana y tarde, aunque sin ser tajante. “El debate de la jornada escolar ha ocupado gran parte de la actualidad a lo largo de la pandemia y sobre en los últimos meses post pandemia. Este Departamento se ha comprometido a consolidar la jornada escolar partida siempre poniendo al alumnado en el centro de cualquier decisión, de modo que su aprendizaje se dé en las mejores condiciones posibles, de cara a su rendimiento, pero también teniendo en cuenta su bienestar. Seguiremos apostando han apostado por modelos de jornada escolar a tiempo completo: lo han hecho con modelos flexibles, abiertos, y centrados en las necesidades de los alumnos. En todos ellos es necesaria una apuesta por una mayor provisión de servicios (como comedores o actividades extra-escolares), pero también de mayor tiempo de permanencia del profesorado en la escuela. Más allá de la dicotomía entre jornada matinal (continua) o completa (partida), es necesario avanzar hacia el concepto de educación a tiempo completo, ya que es el que más oportunidades brinda al alumnado más vulnerable”, ha explicado.
Sobre el euskera, ha indicado que lo acordado es que sea el “eje” del sistema pero sin olvidar que son dos las lenguas oficiales y que “como mínimo” hay que introducir una tercera extranjera. Además, ha subrayado que en la actualidad no se pueden orillar los idiomas de origen y las culturas de los alumnos nacidos en el extranjero. El plan lingüístico estará definido para la primera parte de 2023 y, además, se creará un instituto para capacitar a los docentes en euskera, para producir materiales escolares y para monitorizar los métodos de enseñanza de idiomas.
“Nos marcamos un horizonte de compromisos y logros a largo plazo (2032). Hoy aquí hemos compartido una previsión de actuaciones a seis años vista. No es un ejercicio fácil, y precisamente quiero volver a subrayar la importancia de dotar de estabilidad y tranquilidad a nuestro sistema. Una nueva ley de educación será la clave para el desarrollo efectivo y la consecución de las actuaciones que hemos explicado hoy aquí”, ha apuntado. El proyecto de ley, ya en elaboración, está prometido para otoño. En todo caso, Bildarratz ha señalado el gran hándicap que, para el sistema educativo, supondrá la caída de la natalidad, con lo que implicará en matrículas y planificación.
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