Euskadi busca integrar la atención sanitaria y los servicios sociales y poner en valor el “rigor científico”

La mesa creada por el Gobierno de Imanol Pradales para buscar un pacto que mejore la Sanidad pública vasca y que reúne a Osakidetza con la oposición, sindicatos, colegios profesionales, universidades y otros agentes sociales ha celebrado este miércoles en Bilbao su cuarta reunión. Compartido ya un documento de “diagnóstico” del estado de salud del sistema, el Ejecutivo ha llevado al foro un nuevo texto, ahora con los “principios” generales que deberían sentar las bases para la fase resolutiva, la de las medidas concretas. Se trata de un informe de diez páginas que, entre otros puntos, aboga por un modelo “integrado” no sólo de ambulatorios y hospitales sino también de residencias y servicios sociales. Y dedica otro apartado a poner en valor el “rigor científico” en las políticas públicas sanitarias ante el crecimiento de mensajes negacionistas o antivacunas, por ejemplo.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, sostiene que es una propuesta “aspiracional pero realista”. De momento, la siguiente reunión no está convocada hasta finales de enero y se busca seguir manteniendo una base amplia de consenso. El Ejecutivo tiene como “estimación” que en “primavera” de 2025 pueda estar “operativo” lo que han bautizado como pacto vasco de salud. Es una de las propuestas estrella del nuevo lehendakari, Imanol Pradales.

De momento, siguen asistiendo a los encuentros los colegios oficiales de médicos, enfermería, farmacéuticos, psicología, odontólogos, ópticos y optometristas, trabajadores sociales, fisioterapeutas, biólogos y veterinarios, además de asociaciones de pacientes, los sindicatos corporativos Satse, SME y SAE, los de clase LAB, CCOO y UGT, los partidos de la oposición EH Bildu, PP y Sumar, la patronal Confebask y tres universidades, UPV/EHU, Deusto y Mondragon Unibertsitatea. El Gobierno no invitó a Vox, a quien aplica un cordón sanitario, y se han ido cayendo los sindicatos ELA y ESK en desacuerdo con el rumbo del foro. Tampoco están las universidades Euneiz y UNED.

El borrador del documento, fechado a 2 de diciembre y al que ha tenido acceso este periódico pretende diseñar un sistema sanitario que pivote sobre los “valores” de la “universalidad”, “solidaridad” y “equidad”. En todos estos apartados se remarca una sola palabra subrayada. Ese término es “público”, dando a entender que la Sanidad debe estar gestionada desde lo público. En el diagnóstico, a instancias de agentes como EH Bildu, Sumar, LAB y otros, ya se apuntaron algunos puntos de preocupación sobre las privatizaciones, tanto en lo tocante a la compatibilidad del personal entre ambas redes como en lo relativo a contratos como los de las ambulancias urgentes y programadas como al incremento de los seguros privados.

Se desea un modelo de salud “y de bienestar” que sea “predictivo”, es decir, que sea más “preventivo” que “de reacción”. Ese “enfoque moderno” se define con la expresión anglosajona “one health” e implica también que la población sea “activa” en el cuidado de su salud, aunque no se detalla cómo. También se promete “humanizar” la atención. Es un mantra del consejero Martínez que la empatía cura y así lo hace constar ya en un documento oficial, en el que se promete “trato personalizado”. Se hace mucho hincapié en que la ciencia sea la base de las decisiones y en que la población las encaje desde la “confianza”.

El punto 10 del documento aboga por un “sistema integrado” entre lo sanitario y lo sociosanitario. Se ha de buscar el “bienestar integral” y “eliminar barreras”, con modelos “interdependientes”. “Las personas deben poder realizar una transición fluida entre la atención social, la atención comunitaria, la atención primaria y la atención hospitalaria”, se puede leer. No se menciona nada del marco competencial. En Euskadi Osakidetza lo gestiona el Gobierno vasco, las residencias las diputaciones y el grueso de los servicios sociales de base los municipios. La apuesta por la colaboración se lleva también al terreno “interjurisdiccional”, que es como se ha llamado a ahondar en “alianzas” con otras “regiones” vecinas para “compartir conocimientos, recursos y capacidades”.

A partir de ahí, el informe no incide en propuestas concretas. Plantea, por ejemplo, buscar “centralización eficiente” de algunos servicios para evitar “duplicidades”, buscar una equidad en sentido amplio, teniendo en cuenta diferencias sociales o a las zonas rurales, o una “optimización” de las capacidades de los profesionales, que son el “corazón del sistema”.