El Gobierno de Imanol Pradales ha ofrecido este martes la primera cifra orientativa de lo que podría suponer el traspaso a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Aspira a gestionar los “12.000 millones” -en palabras textuales de la consejera-portavoz, María Ubarretxena- que supone el coste anual del pago de pensiones y prestaciones en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Además, a ello habría que añadir el 6,24% del gasto total actual del Estado en funcionarios, edificios y otros gastos, como en cualquier transferencia de competencias. El Ejecutivo lleva “desde julio”, es decir, desde el mismo momento de tomar posesión, preparando ya una primera propuesta para hacérsela llegar al Gobierno de Pedro Sánchez antes de que finalice el año y con el ánimo de cerrar un acuerdo en 2025.
12.000 millones no es una cifra menor. El presupuesto total autonómico es de 15.000 euros en 2024 y la cartera con más peso económico, la de Salud, ronda los 5.000 millones de previsión de gasto anual. Actualmente, el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) tiene una dotación de unos 1.200 millones, un 10% de lo que supondría la Seguridad Social.
La transferencia de la gestión de la Seguridad Social es la más relevante de la treintena de asuntos pendientes del Estatuto de 1979. Además, Pradales le añadió el deseo de gestionar también las políticas pasivas de empleo (las prestaciones de paro) y el FOGASA tras reunirse con el presidente este pasado viernes en La Moncloa. Es una materia nunca antes cedida a ninguna comunidad autónoma y que en el pasado fue muy cuestionada por sindicatos y partidos de izquierdas también porque la Seguridad Social es una caja única diferenciada de los presupuestos y con componentes de solidaridad entre generaciones y territorios. Euskadi, por ejemplo, es deficitaria, lo que implica que su aportación actual al modelo con las cotizaciones es inferior a lo que cobran los pensionistas vascos.
En puridad, el Estatuto prevé que Euskadi sea un cajero, como ya lo es con el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Es decir, que no regule las pensiones ni tenga una hucha propia, sino que sea el gestor del sistema en la comunidad autónoma. Ubarretxena, de hecho, ha querido comparecer en rueda de prensa acompañada de un ejemplar del texto de 1979, que prevé expresamente que la transferencia se hará de acuerdo con el Estado y sin romper los principios de solidaridad interterritorial. “En ese marco haremos la propuesta”, ha recalcado la consejera, que es también la responsable directa de la cartera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.
En 2022, el PNV vio el traspaso del IMV como un claro precedente para la Seguridad Social. Entonces se autorizó al Gobierno vasco a asumir funciones de pagos, intervención o control, mientras que el Estado retuvo la “legislación básica” y la “garantía de unidad” del sistema, según se explicó. Desde entonces, Lanbide gestiona con total normalidad este asunto. Los nacionalistas arrancaron en 2023 a Sánchez el compromiso de tener todas las competencias pendientes desde 1979 cerradas en 2025, incluida la gestión económica de la Seguridad Social. Es el mismo calendario al que se agarra el Gobierno de Pradales.
La semana próxima Ubarretxena dará continuidad a las negociaciones con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, a modo de reunión preparatoria de la que será la primera comisión bilateral política que Pradales y Sánchez acordaron para finales de octubre. Ese foro de impulso y negociación se reunirá al menos una vez cada seis meses con la presencia de ambos presidentes, según ha recordado Ubarretxena. Eso sí, cada una de las transferencias, como marca la ley, se cerrará oficialmente en su correspondiente comisión mixta. El objetivo del Ejecutivo vasco es que antes de que acabe 2024 se puedan cerrar los traspasos de la gestión del litoral, Salvamento Marítimo y otras cuatro materias. En ese mismo plazo el equipo de Ubarretxena enviará a Madrid todas sus propuestas para el resto de traspasos.
Se da la circunstancia de que en el acuerdo de coalición en Euskadi entre PNV y PSE-EE la gestión de la Seguridad Social recaería en las carteras socialistas. En concreto, el consejero responsable sería Mikel Torres, titular de Economía, Trabajo y Empleo, donde también recae el IMV. En una entrevista con este periódico en verano, el también vicelehendakari fue muy cauto con el posible traspaso. Dijo que será algo “complicado” o incluso “muy complicado”. “De las transferencias pendientes es la más complicada, como es obvio y lógico”, reseñó.
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