El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mencionado de refilón que este martes el Consejo de Gobierno, el primero tras el parón estival y que habitualmente es más protocolario que ejecutivo al celebrarse en el Palacio de Miramar de Donostia y no en Vitoria, ha aprobado un proyecto de ley no contemplado en el calendario legislativo. Se trata del armazón jurídico para la creación de la entidad denominada Aukerak (Agencia Vasca de Reinserción Social), un organismo que se pondrá en marcha a más tardar el 1 de enero de 2022 y que, una vez asumida la gestión de las Prisiones por parte de la Administración autonómica, cambio que se ha acordado para el 1 de octubre, facilitará itinerarios de inserción sociolaboral y orientación.
Aukerak asumirá en el nuevo marco las funciones hasta ahora asumidas por la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, adscrita al Ministerio del Interior y que se dividía en varias regiones territoriales no coincidentes con las comunidades autónomas. También le será transferido su personal. Para garantizar una transición ordenada, se indica que Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo seguirá plenamente operativa en Euskadi hasta el 31 de diciembre de 2021 “con el fin de dar continuidad a los talleres”.
En la última memoria de este organismo público, de 2019, hay muy poca información sobre las funciones específicas en las cárceles vascas, que son las de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Donostia. Simplemente se menciona que se dispone de 3.500 metros cuadrados para la colaboración con empresas externas. El Gobierno vasco y, especialmente, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ya han enfatizado que persiguen un modelo penitenciario más pensado en las personas y en la resocialización, por lo que se intuye que Aukerak adquirirá un especial protagonismo a corto plazo.
“Las actividades a desarrollar por Aukerak incluyen la creación y gestión de talleres productivos que dan empleo a las personas internas, lo cual incluye realizar actividades productivas e industriales, mercantiles y de comercialización de los productos o servicios realizados”, explica el Gobierno en la exposición de motivos de una ley muy breve, de artículo único y algunas disposiciones adicionales, y que previsiblemente superará los trámites parlamentarios en pocas semanas. Añade que Aukerak “se configura como un medio instrumental flexible y versátil encaminado, a través de un modelo de intervención integral, a facilitar segundas oportunidades a las personas privadas de libertad por medio de la formación e inserción laboral”. Es “un modelo no basado en la mera ocupación durante el cumplimiento de la pena, sino definiendo itinerarios de integración sociolaboral atendiendo a las habilidades y vocación de cada persona, así como a la perspectiva de género, la integración de políticas públicas y la inclusión en el ámbito comunitario, dimensión última que incluye proporcionar orientación y acompañamiento sociolaboral en la última fase de la condena o en el régimen de semilibertad y el engarce con otros servicios públicos y con la red existente del tercer sector para las personas exreclusas”.
Los Gobiernos central y vasco acordaron a mediados de abril la transferencia de Prisiones, prevista desde 1979 en el Estatuto de Autonomía. Fue en mayo cuando ese pacto fue oficializado en el marco de una comisión mixta de transferencias. Se da la circunstancia de que el calendario para acometer las transferencias pendientes fue iniciado por Meritxell Batet, primera ministra de Política Territorial de Pedro Sánchez, actualizado por Carolina Darias, pactado y firmado por Miquel Iceta y ejecutado por Isabel Rodríguez.
La transferencia está cuantificada en 69,9 millones de euros que se descontarán del Cupo que ahora paga Euskadi al Estado por las competencias que ejerce en la comunidad autónoma en variadas materias. Además de los centros de Zaballa, Basauri y Martutene, el lote incluye también el viejo penal de Nanclares de la Oca. Además, el Estado construye una nueva instalación en Zubieta que será permutada por Martutene cuando pueda ser inaugurada. En el momento de la firma había alrededor de 1.000 presos en Euskadi y la plantilla de Instituciones Penitenciarias supera las 600 personas, que ahora pasarán a ser funcionarios autonómicos.
elDiario.es/Euskadi
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