Euskadi contará con su primer Plan de Transición Energética y Cambio Climático (2021-2024) tras su aprobación en consejo de Gobierno y que, con el objetivo de mitigar la amenaza climática, incluye 305 millones de inversión para avanzar en la neutralidad climática en 2050, lograr un territorio “mejor adaptado” a los efectos del clima, e impulsar la transversalidad de la acción climática y la transición energética en todas las políticas. En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha ofrecido los detalles de este plan que incluye 15 iniciativas “emblemáticas” para avanzar en estos objetivos de “reducción de emisiones”, refuerzo de las energías renovables y de adaptar el territorio a los impactos del cambio climático.
Tapia ha destacado que es un plan de actuación “completamente transversal” con una visión en la que se unen las variables energética y climática, que, a su juicio, son “inseparables”, según recoge Europa Press. La consejera ha señalado que es una “herramienta pionera” con la que Euskadi “refuerza e intensifica su compromiso” con el cumplimiento de los objetivos acordados internacionalmente para “tratar de reducir la velocidad en la que está cambiando el clima” y aumentar la capacidad de respuesta ante sus efectos.
En este sentido, ha recordado que el sur de Europa se ha identificado como una de “las zonas más vulnerables” y, tras señalar que Euskadi ha establecido “la acción por el clima como uno de sus ejes prioritarios”, ha destacado la importancia que adquiere en este plan la previsión y la anticipación ante los riesgos, de cara a contar “con un buen sistema de alerta ante situaciones extremas y con recursos suficientes para hacerles frente”. Por ello, según ha apuntado, el refuerzo de las emergencias, la protección civil y el sistema de salud se establecen como “elementos clave”.
El plan se marca como objetivos para 2024 reducir en un 30% la emisión de gases de efecto invernadero; lograr que la cuota de energías renovables represente el 20% del consumo final de energía; y asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático. Para ello, incluye un presupuesto directo de 305 millones, si bien Arantxa Tapia ha indicado que hay que tener en cuenta que también se destinan recursos indirectos a ese objetivo de minimizar la amenaza climática, dado que la variable de la sostenibilidad está incorporada al conjunto de políticas públicas.
El plan se estructura en tres ejes principales dirigidos a alcanzar la neutralidad, la resiliencia del territorio y la transversalidad de la acción climática y la transición energética, con nueve líneas de actuación que recogen 15 iniciativas emblemáticas en ámbitos de trabajo específicos como las energías renovables, la regeneración urbana o la economía circular; en sectores como la industria, el sector primario, o las emergencias; y en ámbitos “transversales y necesarios” como la innovación o la transición justa. Entre esas iniciativas emblemáticas, está lograr una ordenación “ejemplar” del territorio para el desarrollo de las energías renovables y, con una partida de 150.000 euros, se planificará la implantación territorial de los futuros proyectos de energías renovables en Euskadi. También se incluye el objetivo de convertir Euskadi en un referente internacional en energías oceánicas, una iniciativa con un presupuesto de 12,7 millones, donde se contempla impulsar proyectos de energías oceánicas a través del programa de ayudas anual del EVE, así como la promoción y desarrollo tecnológico de las energías marinas mediante la fórmula de Compras Públicas Precomerciales y Compras Públicas Innovadoras de nuevos dispositivos.
También contempla posicionar a la industria vasca en la vanguardia de la energía eólica, con una partida de un millón para ampliar el área de ensayos de BIMEP y la promoción de proyectos mediante subvenciones. Otra iniciativa es facilitar la implantación de instalaciones de energía solar fotovoltaica, a lo que se destinará 33,1 millones, con la previsión de poner en marcha en 2023 el parque de generación solar fotovoltaica Ekienea de 100 MW, lograr 400 instalaciones de autoconsumo al año y alcanzar para 2023 entre 12.000 y 20.000 personas miembros de una comunidad energética. También se prevé destinar 3,3 millones a crear un ecosistema de producción, distribución y consumo de hidrógeno en Euskadi o 24 millones para impulsar la movilidad sostenible con el fin de fomentar los vehículos con combustibles alternativos y eficientes o la cobertura a todo Euskadi de instalaciones de recarga/repostaje de combustibles alternativos.
Rehabilitación energética de edificios
Una de las partidas mas importantes, de 172 millones, se dedicará a impulsar la rehabilitación energética de edificios, lo que incluye ayudas a inversiones en rehabilitación de la envolvente térmica y de las instalaciones en edifición existente, así como deducciones fiscales para tecnologías sostenibles o implantación en edificios residenciales con sistemas centralizados, de contabilización de consumos individuales en instalaciones centralizadas. Se contemplan 18 millones para facilitar la reducción de emisiones de GEI a través de la economía circular, y se espera el despliegue del ecodiseño de productos y edificios, el desarrollo de hojas de ruta en economía circular o de iniciativas contra el despilfarro alimentario.
Además, se destinarán 3,4 millones para aumentar el potencial de sumidero de carbono de Euskadi, 1,5 millones para construir una Red Natura 2000 resiliente al cambio climático, así como 8,1 millones para fomentar la resiliencia del territorio costero, donde se incluirá el análisis de riesgo de inundación por la subida del nivel de mar y oleaje o sistemas de alerta temprana ante estos eventos.
El plan contempla 4,7 millones para desplegar soluciones basadas en la naturaleza a nivel municipal, y 8,9 millones para asegurar una transición energética justa en un “territorio neutro y resiliente” a través de ayudas para proyectos de acción climática o el desarrollo de proyectos pioloto transferibles en el marco del Urban Klima 2050. Otras de las iniciativas es el desarrollo de una ley de transición energética (1,7 millones), además de la elaboración de la hoja de ruta neutralidad y resiliencia 2050 y la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030.
Asimismo, habrá 13,2 millones para conseguir una administración pública que sea “modelo para la transición energética” y, para ello, prevén priorizar el vehículo eléctrico en la renovación de su flota pública, así como una administración pública “cero emisiones” en 2050. El plan identifica los ámbitos prioritarios de actuación en relación, por un lado, con la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, desde la búsqueda de la eficiencia energética, la economía circular, la regeneración urbana y el impulso de un nuevo modelo energético basado en el aprovechamiento de las energías renovables junto con el papel de los sumideros de carbono.
Por otro lado, también contempla actuaciones para la adaptación al cambio climático involucrando al sector primario, el medio natural, el litoral o los recursos hídricos, entre otros. Además, pone el foco en la importancia de algunos sectores a la hora de incrementar la resiliencia de la población, como son la ordenación del territorio y el urbanismo, y el estado y gestión de las infraestructuras esenciales.