Euskadi dirá no a las mascarillas obligatorias en hospitales y a las “autobajas” para aliviar los centros de salud

Muy contundente, la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, que es ya cuatro ministros después una de las más veteranas en el Consejo Interterritorial que sienta al Ministerio y a las comunidades autónomas, ha rechazado las “formas” y el “fondo” del plan de la nueva titular de Sanidad, Mónica García, para contener la expansión de la gripe A o de la COVID-19. En las alegaciones que presentará el Gobierno vasco a las medidas planteadas por el Gobierno central, Euskadi recordará que tiene competencias propias y anuncia que se opondrá tanto a la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios como a la creación de “autobajas” para descongestionar la atención primaria.

Sagardui, que ha asegurado que recibió las medidas ya adoptadas por García mientras estaba interviniendo en el Consejo y que también está molesta por haber conocido por los medios que, a pesar de la falta de acuerdo, Sanidad impondrá su criterio, ha pedido que cada comunidad pueda aplicar los planes de contingencia en función de su situación epidemiológica más allá de que sea bueno compartir experiencias entre todos. Ha indicado que los últimos datos en Euskadi revelan una incidencia acumulada de unos 500 casos por cada 100.000 habitantes, por 1.000 de otras zonas. Eso sí, Sars-Cov-2 e influenza van al alza mientras el VRS (bronquiolitis) van a la baja.

Ha insistido en que Osakidetza ya viene aplicando planes propios desde hace semanas, desde el mismo inicio de la campaña de la gripe. En el punto concreto de las mascarillas, se han realizado dos avisos con recomendaciones en Navidad y no solamente en centros sanitarios, sino también en espacios cerrados concurridos. Sagardui ha remarcado que ya en octubre estaba prevista esta recomendación. Además, considera que es precisamente en ámbitos diferentes al sanitario donde hay más riesgo de contagios. Es decir, solamente con mascarillas obligatorias en las salas de espera no se contendrá la expansión de las patologías, interpreta.

“Recordemos que ya en la presentación de la campaña de la vacuna de la gripe hacíamos mención a la importancia de las medidas preventivas ante infecciones respiratorias, Conocemos lo que podemos aplicar si queremos protegernos y proteger, en los centros de salud o en cualquier ámbito social con una aglomeración de gente. Repito, las medidas preventivas para los contagios están en nuestro planteamiento desde el inicio de la campaña contra la gripe. Lo hemos ido repitiendo y son de sobra conocidas”, ha asegurado Sagardui, que aboga igualmente por incidir en medidas de ventilación de espacios cerrados y de higiene.

Además, cree Sagardui que dar el salto a la “obligatoriedad” tiene riesgos de seguridad jurídica porque “no hay declarado un estado de emergencia”. ¿Con qué garantías se va a sancionar el incumplimiento, por ejemplo? Euskadi siente que Sanidad deriva un problema a las comunidades. Además, ironiza que ni siquiera Sanidad se atreve con la “obligatoriedad” al plantear un uso “universal” de las protecciones, lo que redunda en la “inseguridad jurídica”. La consejera vasca estima que una u otra fórmula no incidirá en una mayor prevención. Cree el Gobierno vasco que García ha realizado estos pasos desde la equivocada visión de que todas las comunidades autónomas están “colapsadas”.

A nivel político, ha añadido: “Creemos que las cosas no se hacen así. Aun con todo, nuestra intención es la de buscar soluciones. Salud va a enviar al Ministerio de Sanidad las aportaciones que se solicitaron entre las que contemplamos la eliminación de la obligatoriedad del uso de las mascarillas para todas las comunidades, la eliminación de la referencia a los planes de contigencia porque Euskadi los tiene y los actualiza anualmente y la eliminación de la referencia a las bajas automáticas, ya que supera el ámbito del Consejo Interterritorial”. Ha dicho igualmente que intuye que puede haber una nueva reunión este miércoles aunque no haya llegado convocatoria alguna. Si se concreta la imposición de las medidas, los servicios jurídicos autonómicos analizarán su viabilidad y aplicación. Nada se ha mencionado sobre posibles recursos.