Euskadi intenta embargar a los gestores del vertedero de Zaldibar para recuperar los 28 millones gastados tras el derrumbe

El Gobierno vasco ha iniciado ya la ejecución de embargos de “bienes inmuebles, participaciones sociales y pensión” a los antiguos responsables de la empresa Verter Recycling, titular del vertedero de Zaldibar caído en febrero de 2020 y que adeuda una cantidad superior a los 28 millones de euros por los trabajos de emergencia y de estabilización que tuvo que costear la Administración tras el alud que mató a dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. ¿Por qué se ha llegado a esa situación? La mercantil quebró y no tiene recursos para saldar la deuda y el Ejecutivo busca que sean los exgestores, con sus propios recursos personales, los que cubran todo o al menos parte de ese capital, aunque ellos están intentando una sucesión de recursos para que no sea así.

Según recalca la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en una respuesta enviada al Parlamento Vasco a instancias de Elkarrekin Podemos-IU, el expediente fue trasladado al área de Economía y Hacienda para iniciar la vía de apremio ante la evidencia de que no se iba a afrontar voluntariamente el pago de una cantidad equivalente, por ejemplo, al 65% del presupuesto total anual del área de Tapia para la partida de “protección del Medio Ambiente”. “Es palmario que, con la liquidación del patrimonio de la mercantil, en sede concursal sólo se va alcanzar a cubrir una parte de la totalidad de la deuda referenciada. Ante esa coyuntura de inminente fallido recaudatorio parcial y con objeto de proteger los legítimos derechos económicos de la Hacienda general del País Vasco, [...] se decidió iniciar actuaciones de derivación de responsabilidad subsidiaria contra las personas físicas gestoras y administradoras de Verter Recycling”, indica Tapia. En concreto, son tres los afectados. Barinaga y sus familiares Arrate Bilbao y Elena Susaeta constan como apoderadas en el registro mercantil antes del concurso de acreedores, que ha situado como administrador a Eneko Caballero.

Ya en julio de 2022, hace un año, se acordaron “medidas cautelares de embargo”. Desde entonces, presentaron un “recurso de disposición” ante la propia Administración y después una “reclamación económico-administrativa”. Nuevamente, cuando se activó el embargo definitivo llegaron nuevos recursos. Todos ellos están siendo desestimados. Se trata de procedimientos paralelos a los judiciales. En el caso de la caída de Zaldibar se activaron dos causas penales. Una ya está resuelta y Barinaga y el resto han admitido la comisión de un delito de homicidio imprudente por los riesgos que había de derribo, ante los que no actuaron. No irán a la cárcel pero han tenido que abonar elevadas responsabilidades económicas. La segunda continúa abierta y avanza muy lentamente. Se trata de una investigación de los supuestos delitos ambientales asociados a una catástrofe que generará consecuencias en ese entorno durante décadas.

Precisamente en el debate sobre el pago de las deudas sufrió como propuesta la dación de los propios terrenos de Zaldibar, ya clausurados para su actividad anteriores. Se trata de parcelas ubicadas en una ladera. El Gobierno vasco realizó un estudio para la posible viabilidad de un polígono industrial, que quedó descartado por múltiples factores. Sin embargo, fue en estos análisis cuando se conoció que el terreno vuelve a ser inestable. Los trabajos técnicos revelaron nuevos riesgo de desprendimiento del terreno a pesar de las actuaciones para su estabilización.

La consejera Tapia indica en el Parlamento que “como no puede ser de otra manera” el Gobierno “adoptará, de acuerdo a la normativa vigente, ante una situación de riesgo que requiera la adopción de medidas, de la forma más eficaz y con las debidas garantías, las actuaciones que considere necesarias para evitar que se produzcan nuevos daños al Medio Ambiente y, por ende, a las personas”. Sin embargo, incide en que los trabajos comandados por la Administración tras la catástrofe de 2020 lograron indicadores satisfactorios de estabilidad. “No puede, por lo tanto, afirmarse que no se hubiera estabilizado correctamente el vertedero ni procede exigir responsabilidad alguna a las empresas que participaron en las medidas que hubo que adoptar tras el derrumbe del vertedero”, asevera la consejera responsable en materia de Medio Ambiente.

Si la instalación tiene ahora problemas tendrá que ser la empresa titular la que los resuelva. Es decir, de nuevo Verter Recycling. ¿Qué debería hacer? Ejecución “inmediata” de una cubierta artificial temporal, “sellado definitivo” del vertedero, “estudio de estabilidad global” de la masa de residuos allí almacenada y “controles” de balances hidráulicos, lixiviados o movimientos. El Gobierno ha pedido a la misma empresa que no le paga por los trabajos anteriores que haga nuevas inversiones “a la mayor brevedad”, según indica Tapia. De hecho, en la información enviada al Parlamento ya se admite que está haciendo caso omiso de las primeras peticiones. El 26 de junio se envió un nuevo requerimiento y ya se abre la posibilidad de que, nuevamente, se tendría que “proceder a su ejecución forzosa” por parte de la Administración, adelantando de nuevo con dinero público las obras necesarias.

“En cuanto titular de la instalación, la empresa debe asumir no sólo el coste de la estabilización temporal o el sellado definitivo, sino el coste de las medidas encaminadas a dar cumplimiento íntegro a las condiciones de la autorización ambiental integrada de la que dispone y, en su caso, de las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños ambientales derivados del deslizamiento del 6 de febrero de 2020 o de nuevos daños ambientales que se pudieran generar”, explica el Gobierno al Parlamento. A la pregunta concreta de Elkarrekin Podemos-IU de cómo se pretende recuperar esa posible nueva inversión, Tapia se limita a reseñar que “siempre” habrá un “uso eficiente de los recursos públicos”.