Euskadi, con la llegada del lehendakari Imanol Pradales, ha encarado de un modo diferente el debate cíclico sobre las llegadas de menores migrantes africanos en situación de desprotección a Canarias y los posteriores acuerdos políticos para su distribución en otras comunidades autónomas. El principal cambio es que Pradales habla de “menas”, un concepto desterrado hace tiempo por otros gestores del PNV. Usó la palabra en una entrevista con 'El Correo' y después en una comparecencia pública en Ajuria Enea. En puridad, la competencia de esta materia es de las tres diputaciones, que han acompañado este jueves a la consejera vasca Nerea Melgosa en la reunión celebrada en Canarias y en la que la amplia delegación vasca ha intervenido de modo telemático.
El último dato que se maneja es que Bizkaia tutela a 511 niños y adolescentes, que Gipuzkoa hace lo propio con 142 y que en Álava residen 70. “El actual reparto de los menas en el Estado es asimétrico”, protestó Pradales. Su Gobierno siempre pone como ejemplo que la vecina La Rioja apenas tiene cuatro jóvenes tutelados. Y añadió: “No puede ser que tengamos el sistema preparado pero, por cumplir lo que legalmente es exigible, se nos desborden los recursos”.
La actual propuesta ante la crisis en Canarias -cuyo presidente, Fernando Clavijo, es socio del PNV y fue el único líder autonómico en su jura de Gernika- es que Euskadi asuma 18 tutelados más. En 2023, el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, se felicitó por haber acogido a 4.180 refugiados de la guerra de Ucrania en Euskadi. Según ha publicado este periódico, en 2022 y 2023 también hubo propuestas de 'reparto' de personas desde Canarias. A Álava, Bizkaia y Gipuzkoa (sin desglosar) le correspondieron 17 y 18 y nunca llegó ninguno de ellos a pesar de que el Estado había arbitrado una línea de financiación extraordinaria. Fuentes de las diputaciones indican que en 2022 no se llegó a devolver firmado el convenio bilateral con Canarias y que en 2023 no hubo unanimidad entre las autonomías y se cancelaron las previsiones.
En 2021, la ultraderecha de Vox pidió que se votara en el Parlamento un veto a estos jóvenes “menas magrebíes” con argumentos como que crece la delincuencia o que incluso se podrían enrolar en las filas de EH Bildu. Entonces la llegada “masiva” prevista era de 15 niños y jóvenes. Este 2024 la localidad vizcaína de Sopuerta se ha echado a la calle contra un nuevo centro para “menas” y, en plena campaña de las europeas, informaciones falsas acusaron a “menas” de origen africano de un crimen en Getxo en el que no habían participado.
La consejera vasca del ramo no ha cambiado con el relevo de Urkullu por Pradales. Sigue siendo Nerea Melgosa, del PNV, que antes dirigía Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y ahora una nueva cartera llamada Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Ella, que no emplea la palabra “mena”, ha encabezado una amplia delegación vasca que se ha conectado telemáticamente a la conferencia sobre Infancia y Adolescencia, aunque otras comunidades sí han estado físicamente en el archipiélago e incluso han visitado recursos de atención.
Con ella, a falta de nuevos posibles nombramientos, han estado sus altos cargos de la pasada legislatura, la viceconsejera Lide Amilibia, la directora de Familias e Infancia, Irune Muguruza, el director de Migración, Xabier Legarreta, y el asesor Emilio Sola, que sí ha sido ratificado en su puesto. Por parte de las diputaciones se han sumado Gorka Urtaran de Álava, Amaia Antxustegi de Bizkaia y Maite Peña de Gipuzkoa. El voto de Euskadi lo ejerce el Gobierno autonómico pero las instituciones forales tienen voz en estas reuniones.
Con motivo del encuentro, Melgosa ha insistido el que el fenómeno migratorio -de adultos y de menores- es “una realidad estructural y no coyuntural” por lo que exige respuestas y un “plan de contingencia estructural”. El primer objetivo, según ha reseñado, es “evitar las vulneraciones de derechos humanos” de este colectivo y que sean tratados con “dignidad”. Ha pedido al Estado “cuatro elementos”, que son “planificación”, “previsión de posibles escenarios diferentes”, “indicadores” para “evaluar las actuaciones desarrolladas” y “memoria económica”, es decir, financiación estatal.
“La postura del Gobierno vasco y de las tres diputaciones forales, competentes en materia de protección a la infancia, es común de cara a la reunión de esta tarde. Las instituciones vascas abogan por atender las necesidades del fenómeno migratorio desde la corresponsabilidad de todas las partes, incluido el propio Gobierno de España, que es el único competente en la gestión de las crisis humanitarias. Ante esta falta de corresponsabilidad se debería dar un paso significativo, pasando de una situación denominada voluntaria a una situación definida como estructural. Se debe articular una respuesta cada vez más adecuada y adaptada a las necesidades”, ha explicado también Melgosa, que denuncia que “no existen unas reglas del juego claras” e incluso la “debida lealtad”.
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