“Tendremos que construir mucha vivienda nueva, pero también queremos entrar al mercado como Gobierno vasco comprando viviendas para incrementar nuestro parque público y poder introducir en el mercado vivienda protegida en régimen de alquiler”. El nuevo consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, apuesta para la adquisición pública de titularidades privadas para disponer de más pisos que ofrecer a los demandantes de vivienda. En Euskadi ya existen programas de captación de viviendas privadas en alquiler para que engrosen la oferta pública, ASAP y Bizigune.
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, de la parte socialista del Ejecutivo, ha anunciado que el miércoles de la próxima semana va a reunir en Lehendakaritza el Pacto Social de la Vivienda. Lo presidirá el lehendakari, Imanol Pradales. Tiene por objetivo “revitalizar” dicho acuerdo, porque “el problema de la vivienda no es exclusivamente una cuestión de los poderes públicos”. Entre los noventa firmantes del Pacto Social de la Vivienda firmado en 2022 hay promotoras, el tercer sector, bancos, ayuntamientos, el propio Gobierno vasco, la universidad y muchos otros agentes.
Según Itxaso, que ha concedido entrevistas a la Cadena Ser o a Euskadi Irratia en los últimos días, “si se quieren sacar al mercado 7.000 viviendas nuevas, no va a ser suficiente la iniciativa del Gobierno vasco”. “Vamos a plantear nuevas iniciativas, porque para 2036 queremos poner 50.000 viviendas en el mercado, que van a estar en las manos públicas del Gobierno vasco y que van a ser de régimen de alquiler. Tenemos un enorme trabajo por delante, y la cooperación entre todas las instituciones va a ser imprescindible”, argumenta.
“Está claro que no es suficiente. Necesitamos más recursos, y vamos a poner en marcha más medidas, aunque sabemos que, lamentablemente, no tenemos capacidad para hacer milagros. Vamos a hacer grandes cambios, y así lo espero, pero la carestía de la vivienda es un problema muy complejo y no está tan solo en manos de los poderes públicos”, ha insistido. “Antes se decía que, si un donostiarra no tenía opción de comprar en Donostia, se iba a Astigarraga o Errenteria, pero en Errenteria, por ejemplo, no existe oferta de vivienda en alquiler, y por eso ha solicitado el nombramiento de zona tensionada”, ha explicado. Así, ha señalado que 43 municipios de Euskadi pueden solicitar ese nombramiento según los estudios realizados por el Gobierno vasco, y ha advertido de que se trata de “un problema social”, ya que “los jóvenes no puede sacar adelante su vida o la gente tiene que utilizar más del 50% de su renta en pagar la hipoteca o el alquiler, con la consecuencia de recortar la capacidad de consumo”.
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