Este sábado, 1 de octubre, se cumplirá un año desde que se hiciera efectivo el traspaso de la gestión de Prisiones a Euskadi, una competencia recogida en el Estatuto de 1979 pero que no se acordó entre los Gobiernos central y vasco hasta más de cuatro décadas después. Desde la más moderna y grande de las tres cárceles de la red autonómica, la de Zaballa en Álava, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha realizado un balance satisfactorio del trabajo realizado en estos doce meses, aunque asume la complejidad del día a día de este cambio. También ha destacado de manera singular que los funcionarios estatales se quedaran en su mayoría aunque se abrió un concurso de traslados para los que no quisieran pasar a depender de la comunidad autónoma: no ha habido “desbandada”. Eso sí, se transfirieron 675 plazas, hace un año había 82 vacantes y ahora son 117.
“El personal penitenciario transferido se ha integrado con relativa normalidad y no se ha producido la desbandada que algunas voces auguraban, pese a la resolución del concurso de traslados. En total, 675 plazas de funcionariado y laborales se han integrado en la Administración general de Euskadi. Se ha llegado a acuerdos varios con la representación sindical relativos a la continuidad transitoria de las condiciones laborales; a la integración del personal incorporado a resultas del citado concurso; o a la constitución de bolsas de trabajo y procedimientos de comisiones de servicios. La integración definitiva del personal conllevará un proceso que pasa por la creación por ley de los cuerpos y escalas penitenciarios vascos y la aprobación de una nueva relación de puestos de trabajo”, se puede leer en el informe 'Construyendo el modelo penitenciario de Euskadi. Balance 2021-2022' que se ha hecho público durante la visita al centro penitenciario alavés.
Sin embargo, la relación con los sindicatos no está siendo un camino de rosas precisamente para el Gobierno vasco, aunque es una batalla que se repite en la Ertzaintza, en Osakidetza o en Educación. La polémica se explica en parte por el choque de legitimidades entre los dos bloques de centrales que se han conformado. ACAIP, organización vinculada a UGT, ganó las elecciones en los centros vascos cuando estaban gestionados por el Estado pero la transferencia ha situado como foro de negociación la mesa general de la Administración autonómica, con ELA como referencia y UGT en cuarto lugar. Esta central, con menos nivel de afiliación en Prisiones que en otras áreas, ha celebrado movilizaciones a las que también se han sumado CCOO o CSIF, entre otros, y que cuestionan los acuerdos entre el Ejecutivo y ACAIP-UGT al no considerarlos representativos. El denominado plan de acogida firmado por ambas partes fijaba, a grandes rasgos, un período de transición de dos años hasta acoplan al personal al marco autonómico, algo que incluirá incluso una modificación de la ley de Empleo Público para crear nuevas escalas. Simbólicamente, Euskadi aceptó mantener las viviendas para el personal que aún seguía disfrutando de ellas hasta que expiren las concesiones antiguas.
El propio informe admite la falta de personal, particularmente en Zaballa, que hace una década sustituyó a la vieja cárcel de Nanclares de la Oca -que fue incluso campo de concentración durante la posguerra- pero sin nuevas incorporaciones. Tiene 275 funcionarios y laborales. Es una cifra “infradotada respecto a sus características estructurales, lo que impide 'de facto' que se puedan abrir adecuadamente la totalidad de los módulos con la misma plantilla de la vieja prisión de Nanclares. Además, la media de edad del personal es elevada y las jubilaciones se suceden. ”Por ello, se han tenido que arbitrar medidas que permitan la cobertura en comisión de servicios o mediante bolsas de trabajo de las vacantes que se puedan producir entretanto, sobre todo por jubilaciones“, explica el Gobierno vasco. En Basauri hay 147 trabajadores y en Martutene 136. Son 45 los funcionarios de los nuevos servicios centrales autonómicos de Prisiones, con sede en Lakua y dependientes de la viceconsejera de Justicia, la exconsejera Ana Agirre, y diez personas trabajan en la nueva agencia Aukerak, diseñada para impulsar la reinserción de los reclusos y que ha empleado a 331 de ellos y firmado convenios para otros 150 desde que se presentó no en octubre de 2021 sino en enero de este año.
El cambio de gestión se inició en el plano simbólico, con la retirada de los escudos de España y la colocación de los del Gobierno vasco. Además, las cárceles, oficialmente, se llaman ahora Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y no Zaballa, Basauri y Martutene. Explica el informe oficial que, salvo la primera, las otras dos están obsoletas, con problemas incluso de humedades en el caso de la vizcaína. Se han hecho algunas obras, desde cambiar colchones hasta poner aire acondicionado. Se ha abierto una unidad de madres temporal en Martutene y ahora se espera contar con pastores evangelistas como hay servicios religioso para creyentes católicos y musulmanes. En Gipuzkoa el Estado ya empezó la construcción de otro nuevo presidio, el de Zubieta. “Podría ponerse en marcha en 2024”, indica el Ejecutivo vasco. El acuerdo es que cuando esté será cedido también a Euskadi, que devolverá Martutene para que el Estado lo destine, previsiblemente, a la ciudad de Donostia, como los cuarteles de Loiola. La vieja cárcel de Nanclares también fue cedida, aunque está en desuso y sin una finalidad clara. Se está elaborando ya un plan de infraestructuras, aunque Euskadi adelanta que no hay ningún CIS o centro de inserción social. A él se le sumará otro para la implantación de nuevos sistemas informáticos para ejecutar “en breve” la “desconexión” definitiva de la red del Ministerio del Interior, anterior titular de la competencia.
Y es que la reinserción -acompañada si es posible de justicia restaurativa, es decir, de encuentros con las víctimas- es una de las prioridades que se marcó el Gobierno vasco, hasta el punto de desear que se aplicara al 40% de las condenas. Significativamente, Prisiones depende del área de Justicia y no del de Seguridad. “A fecha de hoy hemos concedido ya 454 progresiones a tercer grado, lo que nos sitúa muy cerca de ese 40% que nos propusimos como meta”, ha señalado Artolazabal, que ha indicado que se han habilitado “doce pisos para las personas que carecen de recursos habitacionales” dentro de estos procesos de regreso al mercado laboral y a la vida en sociedad. Se estima en 80 las personas que podrán utilizarlos y se ubican en Álava (seis), en Bizkaia (tres) y en Gipuzkoa (tres).
“Parece que fue ayer cuando dábamos la bienvenida en el Gobierno vasco a la gestión de los centros penitenciarios vascos, cuando comenzábamos a hablar de un modelo propio. De un modelo, ni mejor ni peor que otros, pero sí nuestro. De un modelo penitenciario para Euskadi basado en las personas, en el trabajo individual de los profesionales de los centros, en el compromiso de las personas privadas de libertad y en las ya famosas tres erres: reeducar, resocializar, reinsertar. Hace un año comenzamos a construir este modelo penitenciario propio con el absoluto convencimiento de que nos adentrábamos en una travesía larga y difícil. Y no exenta de obstáculos. Algunas dificultades eran esperadas y otras, más bien, ficticias e interesadas. Decía que nos adentrábamos en una travesía larga y difícil, pero también ilusionante y comprometida a partes iguales”, ha manifestado Artolazabal.
Deliberadamente, Artolazabal no ha mencionado a los presos de ETA hasta el final de su parlamento. Es deseo hacer ver que la competencia va más allá de ellos y que se demandó no para ellos. “Verán que no me he referido en toda mi intervención a las personas presas por su vinculación a la acción terrorista de ETA. No crean que ha sido un olvido. Ni mucho menos una omisión. No se me escapa la repercusión mediática de traslados y progresiones de grado y tampoco los intereses partidistas que pueden rodear a este colectivo de personas presas. Así que voy a expresarme alto y claro. Ya no tienen sentido las excepcionalidades. Ya no hay tratamientos colectivos. Ningún preso o presa obtendrá beneficio o perjuicio alguno en los centros penitenciarios vascos sea de ETA o no. Aceptamos los traslados por cuestiones de arraigo, sean de ETA o no. Rechazamos aquellos que entendemos que no acreditan su arraigo. Sean de ETA o no. Y todas las progresiones de grado se aprueban basándonos en los informes profesionales individualizados de la correspondiente junta de tratamiento y de las personas técnicas que trabajan día a día con cada persona presa. Sea de ETA o no”, ha enfatizado.
En números, son 116 los presos de ETA en Euskadi, 59 de 790 en Zaballa, 28 de 378 en Basauri y 29 de 328 en Gipuzkoa. Son más de la mitad de los dos centenares totales. Sumados los de Pamplona, un elevado porcentaje se halla ya cerca de su domicilio y, en el caso de España, no hay ninguno ya enviado más al sur de Madrid. Ha habido 25 progresiones de grado para ellos, no todas las solicitadas y el 6,25% del total de avances reconocidos en Euskadi desde la transferencia. Son 99 varones y 17 mujeres. Uno de ellos está en prisión preventiva pendiente de juicio y muchos están aceptando trabajos penitenciarios, algo impensable hace solamente unos pocos años porque suponía 'colaborar' con el Estado. “Por lo tanto, ni hoteles ni resorts. Más bien, centros penitenciarios con profesionales que trabajan de manera individualizada con cada persona presa con un objetivo final: recuperarla y evitar reincidencias. La sociedad en su conjunto se beneficiará de la resocialización”, ha señalado Artolazabal en velada respuesta a algunas acusaciones vertidas por la derecha al Gobierno autonómico, que además no decide ni la política penitenciaria ni singularmente los movimientos salvo los que se den dentro de Euskadi. Se necesitan “años y pedagogía” para que se entienda el nuevo modelo, ha afirmado la consejera.
El acto de Zaballa ha contado con la participación de todo el equipo de Prisiones, la viceconsejera Agirre, los directores de Justicia (Eugenio Artetxe), de Justicia Digital e Infraestructuras (Javier Landeta) y de Administración de Justicia (Jon Uriarte), así como el asesor fichado para coordinar estas políticas, el exmagistrado Jaime Tapia. También estaban los directores de las cárceles, que son los mismos que lo eran con el Estado, Benito Aguirre (Zaballa), Vicenta Alonso (Bizkaia) y Marian Moreno (Gipuzkoa), así como entidades sociales que trabajan con los reclusos.