“Esto es un punto y seguido”, ha dicho Idoia Mendia en la firma del Pacto Social por el Empleo e Euskadi, un acto que puede ser uno de los que pongan el broche final a la legislatura en materia laboral -a la espera de que se convoquen las elecciones- pero que la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo ha querido dejar claro que es un paso más en lo que llama una “nueva era del empleo” y de las políticas públicas en este campo destinadas a aumentar “su calidad y dignidad”. Y se trata de un punto y seguido que deja 'deberes' para el siguiente Gobierno vasco, en el que no estará Mendia, como ya es público, ya que el documento que han firmado este miércoles 97 instituciones es una base a la que habrá que dar un desarrollo posterior.
El pacto suscrito tiene la virtud de juntar en la foto de familia a diferentes instituciones, agentes sociales y educativos vascos, que no es poco, empezando por el Gobierno vasco, la patronal Confebask y los sindicatos UGT, CCOO y USO. ELA y LAB -la mayoría sindical- se han quedado fuera por propia voluntad, como es habitual en todos los acuerdos que implican varias bandas y que tienen, además, como ocurre con este, la Mesa de Diálogo Social como punto de partida, ya que tampoco participan en ella. Sin embargo, no ha habido palabras de reproche hacia ellos en la intervención de la vicelehendakari: “El departamento que dirijo ha tenido la oportunidad de poder contar con todos los agentes en todo momento. Incluso con quienes han mantenido diferencias, quienes no han querido participar en los foros compartidos. Todas las instancias a las que hemos llamado nos han atendido, y a todas les hemos atendido”.
También rubrican el acuerdo las tres diputaciones forales y 31 ayuntamientos, entre ellos los de las tres capitales vascas, la Asociación de Autónomos de Euskadi, Konfekoop, ASLE, Enpresariak, las Cámaras de Comercio de los tres territorios, entidades del tercer sector, doce agencias comarcales de desarrollo, catorce clústeres empresariales, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), la de Mondragón y la de Deusto, y diversos centros formativos. “No es un acto simbólico. Es un acto de una intensa carga política, entendiendo la política como la capacidad de ser parte de las decisiones que contribuyen a construir una sociedad”, ha dicho Mendia.
El pacto por el empleo supone la implicación de todo el tejido productivo y económico y de todos los agentes sociales para el desarrollo de la Ley de Empleo aprobada recientemente en el Parlamento Vasco que obliga a proporcionar a los ciudadanos las herramientas para tener un empleo “digno y de calidad”. “Nadie puede sentirse ajeno a este compromiso, ninguna institución, ningún agente social, ninguna entidad investigadora o académica, ningún sector productivo. Estamos en una profunda revolución económica y social, más intensa de lo que incluso podamos sentir, y que sólo el tiempo permitirá analizar y evaluar con detenimiento. Este Pacto Social por el Empleo es la base sólida para seguir subiendo peldaños para llegar al último rincón de Euskadi, al municipio más pequeño, al emprendedor más reciente y a quienes trabajan cada día por sacar adelante las empresas”, se ha indicado. Porque, según ha destacado, “para cerrar bien la conexión con el empleo de las personas que se vayan a contratar o para ofrecer mejores empleos es imprescindible este compromiso múltiple de quienes van a ofrecer las oportunidades en sus empresas; de quienes desde el mundo académico o los centros formativos en cada municipio, comarca o territorio pueden ayudar a definir mejor objetivos; y de quienes, como los agentes sociales, van a participar en la evaluación de la calidad de ese empleo”, que contarán con las herramientas de Lanbide, convertido en el centro del desarrollo de la nueva Ley.
El documento firmado contiene cinco ejes y diez compromisos. Los ejes de actuación son desarrollar la cualificación como ejercicio activo a lo largo de la vida; gestionar el reemplazo generacional; promover la igualdad de oportunidades; desarrollar una actividad económica competitiva, sostenible y responsable generadora de empleo digno y cohesión social; e impulsar un modelo de relaciones laborales orientadas a la calidad en el empleo y a la competitividad de las empresas en el contexto de un diálogo social tripartito.
En lo que se refiere a los compromisos señala la promoción de una actividad económica sostenible, responsable y competitiva privada y pública, que cree y mantenga empleo digno e inclusivo, generando riqueza, bienestar y cohesión social; incorporar, en el marco de las relaciones laborales un modelo comprometido con el diálogo social y la calidad en el empleo, impulsando la negociación colectiva como instrumento para la distribución de la riqueza y el bienestar, la flexibilidad interna y negociada en las empresas que posibilite la adaptación a sus necesidades y permita, a la vez, la conciliación de la vida laboral, familiar y social de las personas trabajadoras; la garantía de un entorno de trabajo saludable y seguro, que proteja la privacidad, preserve la salud y el bienestar de las personas en el ejercicio de su actividad laboral; la incorporación de políticas de cualificación y recualificación a lo largo de la vida y la colaboración activa con las instituciones competentes para procurar un diagnóstico ágil sobre las necesidades regulatorias, especialmente, de las nuevas formas de empleo que contribuya a garantizar eficazmente su dignidad y calidad.
Incluye también el compromiso de contribuir a incrementar la tasa de actividad, en particular entre las mujeres, personas de más edad y jóvenes, personas migrantes, personas con discapacidad y personas con menor nivel de formación, haciendo del empleo un instrumento de inclusión y calidad de vida; generar entornos de conocimiento e innovación; impulsar de forma permanente la cualificación y recualificación de todas las personas trabajadoras (ocupadas y desocupadas); impulsar políticas que incentiven la generación de un mercado laboral para todas las personas, con especial atención a las dificultades de la juventud en el acceso y mantenimiento del empleo; el compromiso de atracción, integración y formación de personas procedentes de otros territorios, que contribuyan a dar respuesta al reto demográfico; el desarrollo de una alianza intergeneracional y de políticas públicas que afronte la gestión social del envejecimiento, de las situaciones de dependencia y promueva la economía de los cuidados; a igualdad efectiva de mujeres y hombres en el mercado de trabajo, en el acceso y mantenimiento del empleo; y el desarrollo pleno de la Ley de Empleo de los tres niveles institucionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de los agentes sociales.
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