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Euskadi firma la transferencia de Prisiones y el Estado augura nuevos acuerdos antes de final de 2021, incluido el Ingreso Mínimo Vital

Erkoreka e Iceta, saludándose con la mano en el corazón este lunes en Bilbao

Iker Rioja Andueza

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Los Gobiernos central y vasco han escenificado este lunes en Bilbao la histórica transferencia de Prisiones, un acuerdo ya anunciado y detallado a mediados de abril y que tendrá una valoración económica próxima a los 70 millones de euros, que se reducirán del Cupo que la comunidad autónoma abona al Gobierno central por los servicios que presta. Ante la polémica esgrimida por la derecha en torno a las supuestas cesiones al entorno de ETA que implicará este cambio, el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha dejado claro que lo que pasará a manos de Euskadi son los “recursos” de Instituciones Penitenciarias, esto es, las cárceles y su personal, pero no así la legislación, que continuará siendo dictada por las Cortes Generales. El cambio efectivo en la dirección política de Instituciones Penitenciarias se dará el 1 de octubre de este año y, entretanto, el Gobierno vasco ha fichado al juez Jaime Tapia para diseñar un nuevo modelo que quiere poner el acento en la resocialización.

Como representante de la oposición durante años en la única comunidad que ha gestionado sus Prisiones, Catalunya, Iceta ha indicado que la transferencia es bien valorada por la sociedad y que lo será también en Euskadi. Instituciones Penitenciarias dispone de tres centros, Zaballa a las afueras de Vitoria -el mayor y más moderno-, Basauri en Bizkaia y Martutene en Gipuzkoa, aunque aquí se proyecta ya un nuevo presidio en Zubieta. Cuando se inaugure en 2023, se “devolverá” el viejo penal al Estado para una operación urbanística. Asimismo, continúa en pie la antigua cárcel de Álava, en Nanclares de la Oca, donde hasta hace unas semanas residían aún funcionarios estatales. A 16 de diciembre, la población reclusa era de 954 personas -628 en Zaballa, 175 en Martutene y 151 en Basauri- y ahora se eleva a 1.300, a los que atienden alrededor de 700 funcionarios y laborales dependientes del Ministerio del Interior, que podrán ver revalorizadas sus condiciones laborales y a los que el Gobierno central ha agradecido el trabajo.

Iceta ha afirmado también que, con esta firma, el Estado “salda una deuda” al cumplir en 2021 con una previsión del Estatuto de 1979 y ha defendido una España autonómica “fuerte en su unidad” y “orgullosa en su diversidad”. En realidad, esta transferencia fue prometida por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2018 y sucesivas campañas electorales y la pandemia la han pospuesto hasta ahora. Iceta, de hecho, es el tercer ministro del ramo en el Ejecutivo central que ha asumido esta tarea. La cita se ha saldado con el compromiso del nuevo ministro de regresar a Euskadi antes de que acabe 2021 para el traspaso de un nuevo paquete que incluya también el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y con la exigencia de la parte vasca de que “queda mucho camino por recorrer” hasta que se satisfaga plenamente el calendario de transferencias pendientes. En el listado sobresale ahora la de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, aunque aquí la promesa de Sánchez es mucho más difusa y se limita a “analizarla” y no a firmarla, como Prisiones.

El argumentario del Gobierno vasco es que “más autogobierno es sinónimo de bienestar”, en palabras de Erkoreka. Además, él y Garamendi han añadido que “gestionar en casa es ganar en gestión” porque se logra un modelo “más cercano y más acertado”. Iceta no ha respondido nada ante estas afirmaciones. Lo que sí han destacado los consejeros vascos es el buen talante negociador y la “disposición” de Iceta, que llegó al cargo cuando Salvador Illa se fue como candidato del PSC a la Generalitat y Carolina Darias pasó a Sanidad. Aquí sí ha recogido el guante el ministro y ha destacado que “éste es el camino” para la política territorial en España, el del acuerdo y el del entendimiento. No ha escatimado en halagos al PNV como socio del Ejecutivo y ha recordado también que los socialistas forman parte del gabinete de Iñigo Urkullu junto a los nacionalistas.

El acto ha tenido lugar en el Archivo Histórico de Euskadi, sede también del Instituto de la Memoria (Gogora). Varios consejeros del Gobierno autonómico, encabezados por el vicelehendakari, Josu Erkoreka, y la titular de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, los negociadores de este acuerdo, han recibido a Iceta y a su equipo, del que formaba parte también el delegado del Gobierno, Denis Itxaso. Por error, en las carpetas amarillas de la delegación estatal constaba como lugar del encuentro “Vitoria-Gasteiz” y no Bilbao. Iceta, Erkoreka y Garamendi han comparecido juntos ante los medios de comunicación en un atril adornado con las banderas de Euskadi, España y Europa. Los representantes vascos han saludado en catalán al invitado y le han conminado a disfrutar del “mar, montaña y viñedos” de la tierra. En el plano más formal, al acuerdo en torno a Prisiones se le han sumado también otros tres de menor calado político y económico, como las transferencias de la gestión del código ISSN de los libros, del total del sistema de transporte por carretera y de un edificio portuario en Ondarroa (Bizkaia).

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